La informalidad en el servicio doméstico (devenido en “de cuidados” con la globalización) ha sido –y sigue siendo– una especie de “costumbre” o tradición en España y en muchos otros países. La OIT estima que en el servicio doméstico hay un 30% de trabajo informal, “en negro” o en “economía sumergida”, nombre que se da a la situación de los trabajadores (en su mayoría las) que no tienen contrato ni están dados de alta en la Seguridad Social.
Según las cifras del Ministerio de Trabajo, antes de la crisis sanitaria del Coronavirus, había registradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, un total de 394.171 trabajadoras, pero según la Encuesta de Población Activa (EPA), al finalizar 2019 había 580.500 empleadas del hogar en España, estadísticas que parecen bastante estables a lo largo de la historia, aunque siempre hubo dificultades para obtener datos fiables. Hacia 1970, cuando las “chachas”, “minyones” y “chicas del servir” pasaron a ser “asistentas”, mucho antes del “boom” de las migraciones internacionales, se hablaba de entre 600.000 y hasta un millón de mujeres trabajando en el sector. En 1985 se estimaban 700.000, una cifra mágica que se repite en 2012.
Normalmente se suele asociar la informalidad a las trabajadoras migrantes en situación irregular, cosa que es cierta. La irregularidad, es decir, la exclusión total de los derechos de ciudadanía, ha sido uno de los tantos mecanismos para permitir la explotación y la precarización total del mercado de trabajo dentro de un modelo neoliberal. La figura del “inmigrante ilegal” fue creada como concepto jurídico y como eje específico de las políticas de control de fronteras. En el caso de las mujeres trabajadoras del hogar, la realidad es que por más “ilegales” que sean, ni siquiera la ultra derecha pide su expulsión masiva. La clase alta se ahorra pagarles “el seguro” al mismo tiempo que pueden tener una persona a su servicio, durante 24 horas los siete días de la semana si así lo disponen y la persona acepta porque no tiene más remedio que acatar ya que es la única oportunidad de conseguir algún ingreso y “esperar los papeles”.
La alta informalidad en el servicio doméstico y de cuidados no está solo asociada a la irregularidad provocada por la extranjería
Pero la alta informalidad en el servicio doméstico y de cuidados no está solo asociada a la irregularidad provocada por la extranjería. Contrariamente a lo que se suele pensar, en el servicio doméstico hay muchas mujeres trabajando con permiso de trabajo e incluso nacionalidad, ciudadanas comunitarias (principalmente rumanas) y también mujeres españolas de origen, pero de manera informal, sin contrato ni alta a la Seguridad Social. Y ¿por qué no se les hace contrato si es posible? La situación requiere un análisis más profundo y complejo en el cual se mezclan factores económicos, sociales, políticos y culturales. Los motivos son numerosos y van desde la reticencia de las familias empleadoras debido al coste de la Seguridad Social, la falta de información, la confusión sobre la legislación, y la dejadez y falta de responsabilidad de contratantes, sobre todo en el trabajo por horas, que se confunde con “ayudas” o “favores”: “si total viene tres horas”.
En ocasiones también son ellas, las trabajadoras, las que no quieren. Y esto también es cierto. Algunas trabajadoras priorizan poder tener el dinero en mano para el envío de remesas o simplemente para llegar a fin de mes, o porque no ven beneficios a corto plazo, al no tener derecho a la prestación por desempleo. Otras, tanto mujeres españolas como de origen extranjero, cobran alguna ayuda o pensión por invalidez y necesitan “trabajitos” extras para obtener más ingresos. No es “aprovechamiento”, es supervivencia de mujeres que arrastran precariedades y todo tipo de dificultades.
Pero a la informalidad también la amparó la Ley. Hasta 2011 no era obligatorio dar de alta a la trabajadora por menos de 20 horas a la semana. Y en 2012 el Partido Popular retrocedió con el Real Decreto-Ley 29/2012 para permitir nuevamente que las trabajadoras paguen la cuota a la Seguridad Social, lo que produjo una contradicción y, sobre todo, un desequilibrio económico para las trabajadoras, ya que indirectamente la parte contratante quedó eximida de su responsabilidad. La falta de inspecciones laborales en domicilios, por su inviolabilidad, pone el broche de oro: no hay control. Todo recae en la tolerancia a esta “vieja costumbre” de la informalidad. La “costumbre de no pagar el seguro a la chacha” por una u otra cosa, viene de lejos y continúa vigente en la sociedad.
La falta de inspecciones laborales en domicilios, por su inviolabilidad, pone el broche de oro: no hay control
En el fondo de toda esta situación hay una cuestión política que a la vez es cultural: no interesa. El servicio doméstico es barato, desprestigiado, feminizado, informal y se ocupa en él a población vulnerable (mujeres con necesidades, generalmente migrantes) para sostener el estilo de vida de la clase alta y también para sostener un modelo de cuidados que no es un modelo, sino un sistema familista privatizado donde cada cual se arregla como puede.
Revertir la informalidad en el servicio doméstico y de cuidados supone un cambio en la política pública y también un cambio cultural a nivel de sociedad, que ponga por delante el bienestar de las trabajadoras y sus derechos a la protección social en tanto trabajadoras. Este cambio pasa, ante todo, porque el servicio doméstico y de cuidados deje de ser un servicio y sea realmente un trabajo. O bien desaparezca como sector laboral precario a partir de la abolición definitiva de la servidumbre y la creación de una verdadera política social del cuidado que emplee a personas en condiciones dignas.
La crisis del coronavirus ha dejado un antecedente: las cuidadoras son trabajadoras esenciales (las sirvientas, no). Y lo esencial es, por lo tanto, pagarles la Seguridad Social para que accedan a la acción protectora (que ante tanto mensaje confuso es necesario aclarar que es la misma que la del Régimen General, a excepción de la prestación por desempleo) y a una buena jubilación.
El pasado 4 de agosto la Secretaría de Igualdad de la Generalitat de Catalunya abrió una convocatoria para subvencionar el pago a la Seguridad Social a cuidadoras, especialmente dirigida a mujeres extranjeras que puedan acceder a la regularización por arraigo. Se trata de una medida innovadora y pionera en Europa. Será sumamente interesante poder ver quién se acoge a esta ayuda. No hay excusas. La costumbre de no pagar el seguro a la chacha tiene que abolirse. Porque no son chachas, son trabajadoras.
