El 16 de julio se difundió el auto de procesamiento de lo que se conoce como caso Pujol, investigación iniciada en 2012 a raíz de la denuncia presentada por la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a quien pocos medios se tomaron seriamente en aquel momento, y que dio un tumbo espectacular dos años después, el 25 de julio de 2014, cuando Jordi Pujol padre confiesa a través de una carta pública que un dinero encontrado en Andorra en cuentas corrientes a nombre de sus hijos corresponden a una herencia que su padre Florenci les dejó en el extranjero (se supone que Suiza) y que nunca encontraron el momento de regularizar. Primero se habla de una herencia que el abuelo quiso destinar específicamente a los nietos, dada la arriesgada singladura política emprendida por el padre, y días después la palabra herencia es sustituida por legado o deixa, puesto que la hermana del expresidente admite –a través de su marido, el historiador Francesc Cabana–, que nunca ha sabido nada del dinero suizo de su padre, del cual debiera haber sido también legítima hereditaria.
La noticia sobre el procesamiento del matrimonio Pujol Ferrusola, sus siete hijos y 18 personas más tuvo un impacto mediático relativamente limitado, teniendo en cuenta la cantidad de información que contiene un auto que ocupa un total de 509 páginas. Algunos medios y comentaristas prefirieron ningunearla aludiendo a un imaginario contraataque del españolismo para poner sordina al escándalo que se había destapado aquellos días sobre el espionaje de los teléfonos móviles a varios líderes independentistas. Otros se fijaron únicamente en las palabras más gruesas del auto, allá donde el juez habla de organización criminal, para despachar la noticia con un titular llamativo y cuatro párrafos.
Todavía tendrá que pasar un año para que la familia Pujol y sus colaboradores más estrechos se sienten en el banquillo de los acusados, pero el auto de procesamiento del juez José de la Mata (que también fue el instructor del caso Gürtel, de financiación ilegal del PP, y que instruye otras causas sobre la financiación irregular de Convergencia) merece una lectura mucho más a fondo porque ofrece muchas pistas sobre la forma de actuar del clan Pujol.
¿Había o no había herencia?
La familia Pujol continúa defendiendo que el dinero encontrado en Andorra sale del famoso legado, y de las posteriores inversiones que con aquella cantidad original fueron realizando los sucesivos albaceas del patrimonio levantado por el abuelo Florenci. Estos albaceas son dos personas que ya han muerto (Delfí Mateu y Joaquim Pujol Figa) y, finalmente, el hijo mayor del matrimonio, Jordi Pujol Ferrusola, alias Jordi Júnior. En el recurso presentado hace unos días por la familia, sus abogados continúan defendiendo la tesis del legado y critican que el magistrado instructor no demuestre en ningún momento que no exista. De hecho, el magistrado escribe en el auto de procesamiento que la familia no ha aportado ninguna prueba de que este dinero en divisas atesorado por el abuelo Florenci hubiera llegado a existir nunca, y por eso rehúsa la tesis de la herencia.
Tampoco cree De la Mata que el movimiento de dinero en las diferentes cuentas andorranas de los hijos, que más o menos va de 1991 a 2014, responda a beneficios y dividendos generados por las inversiones en activos financieros de todo tipo que se habrían ido haciendo con los años, entre otras cosas, dice, porque en las cuentas bancarias andorranas no se ven movimientos que tengan un patrón más o menos regular, porque muchos de los ingresos millonarios se hacen en efectivo, porque las diferentes sociedades del Júnior no tienen ningún empleado y actúan bajo “el principio de caja única y confusión de actividades”, porque las cuentas andorranas no son societarias sino personales, y porque todos los ingresos lo son en números redondos, cuando los intereses o el pago de impuestos de cualquier inversión financiera siempre genera cifras acabadas en decimales.
¿Cuánto dinero amasaron los Pujol?
Desde la confesión de Jordi Pujol los medios de comunicación han publicado todo tipo de cifras sobre la fortuna o el dinero de la familia. La horquilla es tan amplia que va de los cuatro a los 600 millones de euros. Pero esta pregunta seguirá sin tener respuesta cuando se haga el juicio. En el auto de procesamiento, el juez no pone ninguna cifra total y sí varias parciales a las operaciones que ha podido reconstruir con más detalle, que por supuesto no son todas las que se llevaron a cabo a lo largo de los más de 20 años que revisa la instrucción.
Por poner un ejemplo ilustrativo, al final del auto el juez calcula el dinero que Jordi Pujol Ferrusola ingresó entre los años 2002 y 2012 y no declaró a Hacienda, un cálculo en el cual le imputa las ganancias de las varias operaciones efectuadas en el extranjero y toda la facturación de las empresas que tenía a medias con su ex mujer, puesto que el juez considera que “responden a prestaciones de servicios ficticios” y que por lo tanto sus ingresos tienen que ser considerados ganancias patrimoniales de la pareja. En este cálculo, pues, el juez establece que en 2002 hay que añadir 7 millones de euros más a la base imponible de la declaración de la renta de Jordi Pujol Ferrusola; en 2003, 3,8 millones; en 2004, 1,7 millones; en 2005, 411.000 euros; en 2006, 910.000; en 2007, 2,9 millones; en 2008, 3,3 millones; en 2009, 4,1 millones; en 2010, 4,9 millones; en 2011, 89.500 euros; y en 2012, 3,1 millones.
Esto sumaría, aproximadamente, 25 millones de euros ganados y no declarados (o no declarados correctamente) por Jordi Pujol Ferrusola a lo largo de 11 años, que no son todos los que constituyen la investigación. El 23 de febrero de 2015, en su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria que se creó a consecuencia de la confesión de Pujol, el primogénito de los Pujol Ferrusola explicó a los diputados que entre los años 2004 y 2013 había ingresado 22,4 millones de euros, de los que había pagado siete y medio en impuestos. A partir de la investigación judicial, pues, estas cifras prácticamente se tendrían que duplicar.
¿Qué papel ejercía cada miembro de la familia?
El juez destaca la perfecta coordinación de los miembros de la familia, que abren las cuentas en la Banca Reig (Andbank) al mismo tiempo y las cancelan al mismo tiempo (años 2010-2011), después muchos de ellos mueven sus capitales a la entidad Banca Privada de Andorra (en realidad, Josep ya tenía cuentas antes ahí), habitualmente retirando el dinero de una entidad e ingresándolo en la otra en efectivo (Oriol no abrirá cuenta en BPA y se ignora el destino del dinero que tenía en Andbank). Posteriormente, a medida que el asedio se estrecha, algunos deciden retirar el dinero de BPA y abrir “estructuras societarias totalmente opacas” (fundaciones offshore controladas por sociedades offshore gestionadas por testaferros). Se crean las fundaciones panameñas Kopeland Foundation (los beneficiarios son el Júnior y su madre), Clipperland Foundation (Pere), Doral International Foundation (Mireia), Fundación Paty (Josep) y Doneran Foundation (Marta).
Jordi Pujol Ferrusola dirige las operaciones, abre las cuentas de los hermanos y durante mucho de tiempo tiene capacidad para operar con cualquiera de ellas. En algún caso, no muchos, es Josep quién le toma el relevo. El resto de hermanos tiene una actitud más pasiva, un factor que según los abogados de los Pujol el juez no ha tenido en cuenta. “Son solo receptores de una corriente monetaria de su hermano mayor Jordi, que les efectúa liquidaciones periódicas en momentos de desinversión de productos financieros”, escriben en el recurso de apelación.
Jordi Pujol padre aparece como titular de una cuenta en Andorra entre los años 2000 y 2010. Es decir, en la cuenta figura su hijo, pero se encuentran dos cartas mecanografiadas por él y por su hijo afirmando que el titular real de la cuenta es él. En su día el Júnior explicó al juez que aquello no era verdad, sino que se trataba de una estratagema dentro del proceso de separación de Mercè Gironès para evitar que se quedara con la mitad de aquel dinero, pero el juez lo encuentra “inconsistente”, puesto que al mismo tiempo que se supone que se está intentando preservar aquella cuenta de la ex mujer se continúan haciendo ingresos en efectivo de millones de pesetas. Las cartas son de septiembre, y constan varios ingresos en julio, agosto, octubre y diciembre por un importe total de 146,7 millones de pesetas (unos 880.000 euros).
¿Quiénes son los investigados?
El auto de procesamiento detalla el nombre de 30 personas investigadas, si bien al final quedan 27, puesto que el juez decide sobreseer la causa para tres de ellas (la mujer de Oriol Pujol, el cuñado del Júnior y la hermana de uno de los empresarios o fiduciarios). Estas 27 personas se pueden dividir en tres grupos: la familia estricta formada por el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus siete hijos (9 personas); un segundo grupo formado por la ex mujer del Júnior, su padre y su madre, es decir, el ex suegro y la ex suegra (3 personas, que con el ex cuñado inicialmente eran cuatro); y un tercer grupo formado por empresarios y directivos que habrían colaborado en las operaciones, algunos prestando sus empresas y otros sus nombres para actuar de testaferros de Jordi Pujol Ferrusola en Cataluña, México o Andorra (en total, 15 nombres, todos hombres, a excepción de la mujer de uno de ellos). En este último apartado, destacan tres grupos empresariales contratistas de la Generalitat y omnipresentes en la mayor parte de operaciones: Copisa, Isolux Corsan y Emte.
En aquella comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria, el Júnior se autodefinió como “dinamizador económico” y argumentó que siempre actuaba solo porque nunca ha sabido dirigir equipos. Su modus operandi, dijo, consiste en “buscar empresarios con los que yo pueda tener relación humana, relación de amistad, que sean muy discretos, en los que pueda confiar plenamente y con los que pueda hacer negocios basados en la palabra, que son tan lícitos como los escritos”. E insistió que lo único que vende son sus ideas: “Siempre voy a riesgo, si la operación sale, cobro, y si no sale, no cobro”. La lista de estos empresarios de toda confianza es la que aparece en el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional: Carles Sumarroca (padre e hijo), Xavier Tauler, Josep Cornadó, Luis Delso, Gustavo Buesa, Jaume Ferrer, Carles Vilarrubí…
¿Quiénes son los no investigados?
En el auto de procesamiento aparece la participación de otros nombres, algunos muy conocidos, como Lluís Prenafeta, Felip Puig o el expresidente del Puerto de Tarragona Lluís Badia, que de alguna manera sorprende no encontrar en la lista de investigados. Es decir, las presuntas comisiones ilegales lo son a cambio de favores, y en estos favores por lógica participa algún alto cargo público. Por ejemplo, cuando se habla de los negocios irregulares de los vertederos, gracias a los cuales Jordi Júnior habría ganado mucho dinero, se hace referencia a Felip Puig, entonces consejero de Medio Ambiente, amigo íntimo y compañero de pupitre y patio en la escuela Costa i Llobera, y un hermano del cual era el único con quién Jordi Pujol Ferrusola compartía despacho en el famoso piso de la calle Ganduxer. Se da por supuesto, por tanto, la implicación de Felip Puig en aquellas operaciones (y en otras), pero ni está procesado ni investigado.
De hecho, de los 27 investigados solo hay dos personas que hayan tenido responsabilidades en la Generalitat, que son Jordi Pujol Soley (que respondería así por todos sus subordinados) y Oriol Pujol Ferrusola (a quien el juez define erróneamente en dos ocasiones como ex conseller en cap; y sin embargo Oriol Pujol llegó a ser número dos del partido, pero no del Gobierno). Ningún otro ex alto cargo aparece en la investigación, a pesar de su cooperación necesaria en muchas de las operaciones que se describen.
Posiblemente, en algún punto el juez decide que hay que acotar la investigación, puesto que 27 procesados ya constituye una macrocausa que moviliza a un montón de abogados y de papeleo. Pero la defensa de la familia no pasa por alto esta aparente ausencia, y en su recurso le reprocha al juez que no mencione ni una sola resolución sospechosa y que “una larga instrucción de ocho años no ha evidenciado ni puesto de manifiesto ni indiciariamente ni remotamente que Jordi Pujol Soley hubiera realizado a favor de los clientes de las empresas de su hijo Jordi la más mínima gestión, sugerencia, invitación e influjo. Ni un solo caso”.
¿Comisiones, negocios o inversiones?
El juez imputa a la mayor parte de los acusados cuatro delitos: asociación ilícita-organización criminal; delitos contra la hacienda pública (solo a Jordi, Josep y Mercè Gironès); blanqueo de capital; y falsedad documental. Se inclina, pues, por la tesis según la cual aquel dinero encontrado en Andorra no es fruto de ninguna herencia, sino de una intensa actividad comisionista perpetuada y perfeccionada a lo largo de los años a cambio de influir en contratos de la administración pública –la presidida por Jordi Pujol o por algún cargo convergente–. De hecho, De la Mata no malgasta ni un segundo en intentar probar que aquellos movimientos millonarios que pasan por las cuentas de Jordi Junior (y en algún caso, de su hermano Josep) para después redistribuirse entre el resto de hermanos no sean fruto de ninguna herencia porque dedica muchas páginas a demostrar (o a intentar demostrar) que son fruto de comisiones. Obviamente, comisiones a cambio de favores. No a cambio de cobrarse un servicio de asesoramiento o intermediación reales, sino por los servicios prestados en calidad de conseguidor.
De comisiones va también el caso del 3% (en este caso, para financiar el partido político), que ha instruido el mismo juez De la Mata. En ambos casos se constata hasta qué punto es una tarea compleja, prácticamente titánica, llegar a demostrar (sin la colaboración de un arrepentido) que el pago de una empresa privada a otra no corresponde a la prestación real de un servicio sino que es fruto de una comisión ilegal. En el caso Pujol, los registros e interrogatorios que se fueron practicando a lo largo de la instrucción (en los despachos de la calle Ganduxer de Jordi Pujol Ferrusola, al del Paseo de Gracia del asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté, a los de varias empresas…) permiten al juez llegar a la conclusión de que la mayor parte de operaciones son simulaciones de negocios, en Cataluña o en el extranjero, hechos a través de sociedades propias, de sociedades propias administradas por testaferros o de sociedades de los amigos de confianza, para justificar pagos. A veces los negocios son reales, pero no la intermediación. Es decir, que para pagar la comisión por la obtención de un contrato público lo que hace la empresa es hacer ver que el Júnior ha participado, como asesor, en otro negocio suyo. Ante el juez, algunas de las contrapartes de estos otros negocios han declarado que Pujol Ferrusola no había tenido nada a ver.
En todo caso, en el análisis con lupa que hace De la Mata de todos los movimientos bancarios (y son muchos), son prácticamente testimoniales los que son producto de inversiones financieras puras y duras (compras en el mercado de valores, fondos de inversiones, etc.), que es lo que inicialmente parecía que había hecho aumentar el valor del legado.
Algunos ejemplos
De las 509 páginas del auto de procesamiento, 452 forman parte del anexo único, titulado “Hechos e indicios racionales de criminalidad”, que es donde el juez detalla, una a una, las operaciones que ha podido reconstruir. Un centenar de estas páginas las dedica a los negocios de Jordi Pujol Ferrusola en México, que en realidad no serían tales. En México hay un montón de operaciones con dinero procedente de Andorra que el juez considera simuladas, y por tanto se podría concluir que México era la principal lavadora de dinero del clan.
Por ejemplo, la primera que describe consiste en la entrada de IMISA (una de las varias sociedades con que operaban Pujol Ferrusola y su entonces esposa, Mercè Gironés) en un negocio inmobiliario que estaba haciendo una sociedad mexicana controlada indirectamente por Isolux Corsan. Entra en 2006 sin que quede acreditado qué aporta, y esto le permite adquirir unos derechos sobre aquella compraventa, que pasan también por unas sociedades holandesas, y son vendidos dos años después a la misma filial de Isolux, y de todo ello IMISA obtiene una ganancia neta de 11,5 millones de euros.
En otro caso, también de México, la sociedad de Pujol y Gironés recibe una comisión de 600.000 euros por otra operación inmobiliaria de Isolux México, pero lo que llama más la atención es que esta teórica retribución por un servicio de intermediación en la compraventa de activos inmobiliarios la paga una firma mexicana especializada a hacer precisamente esta tarea. La representante de esta firma declaró al juez que había sido una “imposición de Isolux”. Es decir, que para cobrar su comisión a la vez tenía que pagar otra comisión a IMISA, una empresa de Barcelona que ni conocía el mercado inmobiliario mexicano ni tenía nada que ver con aquella operación.
La imaginación de Pujol Jr en sus negocios parece infinita. En el relato de los hechos aparecen sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales que son propiedad otras sociedades domiciliadas en otros microestados (las islas del Canal, la Isla de Man, Liechtenstein, Panamá, Belice… el Júnior es un hombre muy viajado), fundaciones y empresas controladas por testaferros, movimientos camuflados a través de cuentas bancarias de terceras personas (gracias a la colaboración de su gestor andorrano, Josep Maria Pallerola Segon), premios de lotería en efectivo… La guinda es la operación que hace en 2014, dos semanas antes de la confesión paterna, cuando vende su piso de la calle Ganduxer, donde tiene sus headquarters, a una hija suya, que lo compra gracias a una donación de más de medio millón de euros que le hace su padre. El juez lo incluye dentro del relato de los hechos como una operación claramente sospechosa con la intención de evitar el embargo de uno de los principales activos que tiene el Júnior en España.
El hombre que no hacía (pocos) negocios en Cataluña
Otra de las afirmaciones hechas por el primogénito de los Pujol Ferrusola en su comparecencia en la comisión parlamentaria es que siempre había rehuido hacer o intervenir en negocios en Cataluña, y con la administración pública “directa o indirectamente” precisamente para no perjudicar su padre. El auto de procesamiento demuestra radicalmente lo contrario. Todas sus operaciones, ya fueran en México, Argentina, Gabón, Irlanda o Croacia, tienen una ramificación catalana, puesto que había implicada una empresa catalana que también trabajaba por la administración de la Generalitat.
Pero incluso Jordi Pujol Ferrusola interviene en operaciones que tienen lugar directamente en Cataluña, como en la construcción de los vertederos de Vacamorta (Cruïlles, Baix Empordà) y Tivissa (Ribera d’Ebre), ambos abiertos en la última legislatura de Pujol (1999-2003). En el primer caso, y oculto tras una compleja estructura societaria que pasa también por Holanda y por la Isla de Man, Jordi Pujol Ferrusola habría obtenido una ganancia de 5,4 millones de euros, dice el auto de procesamiento, pero resulta que este vertedero se encuentra demasiado cerca de una zona residencial, tiró adelante a pesar de varias resoluciones judiciales contrarias, y finalmente hace unos años fue clausurado por la justicia, la cual también ha ordenado el vaciado y traslado a otro vertedero de las 2,3 millones de toneladas de desechos acumulados, hecho que representará una factura astronómica que tendrá que ir a cargo de los contribuyentes.
Más operaciones con principio y final en Cataluña, si bien por en medio aparecen cuentas corrientes y empresas pantallas situadas en paraísos fiscales. A través de un complejo entramado societario, a mediados de los años noventa el Júnior y su hermano Josep participan en el pelotazo de la recalificación de los terrenos de Diagonal Mar, como socios en la sombra del delincuente John Rosillo (muerto en 2007, cuya trayectoria queda perfectamente descrita en este reportaje de El Confidencial). Otro: en 2003 se crea la Fundación Albert Pascual, supuestamente para promover los valores del rugby, deporte que el Júnior había practicado de joven. Y de hecho es él quien la controla a través de un presidente de paja. Esta entidad recibirá varias donaciones efectuadas por las paganas habituales: Isolux, Copisa, Emte, Acsa Sorigué… Más: en 2007 una empresa de Jordi Pujol Ferrusola obtiene una comisión de 1,3 millones de euros por intermediar en una operación inmobiliaria en la plaza Europa de L’Hospitalet que en realidad ya había sido pactada antes entre la firma que vende los terrenos y la que pretende comprarlos y comercializarlos, y este dinero se paga sin que exista ni un contrato por escrito ni una razón que explique la intervención de la empresa del Júnior y su mujer en la operación.
Y, para acabar, dos más relacionados con el imperio Sumarroca. También en la última legislatura de Pujol, Oriol Pujol, entonces secretario general de Industria, quería sacar adelante dos parques eólicos en las Tierras del Ebro, pero tenía informes de impacto ambientales negativos. Entonces se solicitaron nuevos informes a Entorn (empresa de Sumarroca en la que Pere Pujol ocupa un cargo directivo) que pudieron desbloquear el proyecto. Finalmente, estos parques los acabó desarrollando Emte, también de Sumarroca. La segunda: un par de años después, en 2005, Jordi, Josep, Pere y Oleguer compraron unos paquetes de acciones de General Lab (empresa del grupo Sumarroca) a Proelec (otra empresa de Sumarroca) a un precio muy barato, tanto es así que las revendieron cuatro meses más tarde a la misma General Lab, y gracias a esto obtuvieron unas ganancias de 300.000 euros cada uno (el doble en el caso de Josep).
Eso sí, según los abogados de la familia, a los Pujol se les procesa solo por su apellido.
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