Entre las 27 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio del llamado caso Pujol hay dos Creus de Sant Jordi: Carles Sumarroca Coixet y Carles Vilarrubí Carrió, dos empresarios muy conocidos que han formado parte del círculo más estrecho de amistades del clan Pujol, y que el auto de procesamiento del juez José de la Mata sitúa entre el grupo selecto de personas que pagaron comisiones ilícitas o que prestó sus estructuras empresariales para camuflarlas o blanquearlas. Se trata de dos de los máximos exponentes de aquello que a comienzos de los noventa Miquel Sellarés bautizó (con acierto) como el sector de los negocios de Convergència Democrática de Cataluña. Los vínculos históricos de ambos con la familia Pujol Ferrusola son sobradamente conocidos y no hay que insistir en ello, pero para más información se pueden leer los artículos escritos en eldiario.es por este analista sobre Vilarrubí y Sumarroca.
Sumarroca obtuvo la Creu de Sant Jordi en 2010, de manos del presidente Montilla, si bien la suya (y alguna otra) presencia en aquella lista de hace diez años fue una especie de compensación ofrecida a Convergència, puesto que se había decidido condecorar con la Creu a los detestados fiscales Villarejo y Mena, responsables de la acusación pública en el caso Banca Catalana. Anteriormente, en 2003, en el último año de su amigo Pujol como presidente, Sumarroca fue galardonado con la Medalla President Macià, que también otorga la Generalitat a las personas que se han distinguido por sus aportaciones en el ámbito del trabajo. Por su parte, Vilarrubí obtuvo su Creu en 2015, de manos del presidente Artur Mas. Había pasado casi un año de la confesión de Pujol y aquella investigación judicial todavía no había atrapado al galardonado, entonces vicepresidente del Barça. Lo haría poco después.
Vilarrubí en el auto de procesamiento
A los dos, el juez les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Vilarrubí, el instructor del caso Pujol le considera una pieza clave en el circuito de lavado del dinero que entraba en negro en Andorra y regresaba blanco e impoluto a Cataluña simulando alguna operación financiera legal. Es decir, a lo largo de la investigación se han encontrado pagos en Andorra que van del Júnior a Vilarrubí, y pagos en Cataluña que van de Vilarrubí al Júnior. No muchos, y no necesariamente ligados entre ellos, puesto que están bastante distanciados en el tiempo. Los diversos pagos encontrados entre los años 2004 y 2012, por un importe total de 330.000 euros, de dos empresas de Vilarrubí a Project Marketing Cat (una de las sociedades del Júnior y Mercè Gironès) son siempre en concepto de unos asesoramientos sobre los que no hay prueba alguna.
Para el juez es determinante un documento manuscrito del capellà de la parròquia (el álias que usaba el Júnior) del año 1997, en el que da instrucciones a su hombre en la Banca Reig de Andorra (Josep Maria Pallerola Segon, alias el mossèn) y le comunica que llegarán 75 millones de pesetas, de los que tiene que transferir 4 millones a cada uno de sus seis hermanos, y 23 millones al número 4426 CIV. Y lo que hace el mossèn es transferirlos a la cuenta VIC 6624, que era de Vilarrubí i Carrió, por lo cual entiende De la Mata que este mensaje formaba parte de un sistema rutinario de comunicación encriptada. En el interrogatorio judicial, escribe el juez, Vilarrubí se negó a explicar “tanto la justificación de esta transferencia como el destino que dio a esta cantidad de dinero”.
En el auto de procesamiento también se describe una curiosa operación entre el Júnior y Vilarrubí, de los años noventa, que pasa por el restaurante Torre del Remei (Bolvir), es decir, por la sociedad Restaurants de Cerdanya SL, propietaria del establecimiento y que estaba participada por varias personas, entre las cuales el propio Vilarrubí. Esta sociedad recibe un préstamo en 1995 de la Banca Reig por un importe de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros), pero el rastro documental permite constatar que quien realmente otorga el préstamo es Jordi Pujol Ferrusola. La garantía del préstamo son acciones del restaurante y se establece que se tiene que devolver en dos años, pero en realidad no se empieza a devolver hasta el tercer año, se producen varios pagos entre 1998 y 2001 que cubrirían algo más de la mitad del importe prestado, sin que nunca se llegue a ejecutar la pignoración de acciones. En agosto de 2005 unos ciudadanos españoles residentes en Andorra comparecen ante notario para cancelar la garantía sobre aquellas acciones, dando aquella deuda por resarcida.
Los Sumarroca en el auto de procesamiento
En cuanto al grupo Sumarroca, aparece citado repetidamente en el auto de procesamiento, generalmente como pagador de comisiones. En el anterior artículo ya se explicaban algunas de estas operaciones, relacionadas con las empresas Entorn y General Lab. En cuanto a Emte (desde 2009, fusionada con Comsa), el auto de procesamiento cifra en 154.000 euros el dinero que el buque insignia del grupo Sumarroca paga a Project Marketing entre los años 2002 y 2012. A la vez, considera que unas cantidades (en total, 315.000 euros) que las sociedades de Pujol Júnior y señora facturan a otra empresa, Cientific Management, son en realidad retribuciones encubiertas de Emte, puesto que la firma de los Sumarroca estaba pagando a Cientific Management más o menos los mismos importes en fechas correlativas, a cambio –como de costumbre– de servicios de asesoramiento sobre los cuales no hay ninguna prueba. Cientific Management es propiedad de Jaume Ferrer Graupera, también investigado en la causa, amigo de la infancia de Josep Pujol Ferrusola y más conocido por su faceta como ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barça.
En el auto se describe también una curiosa operación que pasa por París. A finales de 2008, Emte obtuvo el contrato para la remodelación integral de la sede histórica de Radio France, un encargo valorado en 40 millones de euros. A partir de aquí se paga un dinero a una firma domiciliada en las Islas del Canal, Brantridge Holdings Limited, que se supone que había colaborado en la obtención del millonario contrato y que la investigación ha identificado como una sociedad pantalla utilizada en varias operaciones por Jordi Pujol Ferrusola. Por esta intermediación (si es que realmente existió), Brantridge Holdings Limited habría cobrado una comisión de 351.000 euros.
Según han publicado algunos medios, en el recurso al procesamiento presentado por los Sumarroca, en el que niegan haber pagado comisiones y piden su exculpación, reconocen haber contratado los servicios de Jordi Pujol Ferrusola por esta y otras operaciones, pero aseguran que el servicio prestado fue real y no simulado. Argumentan también que el artífice de todas operaciones investigadas es Carles Sumarroca Claverol (es decir, Sumarroca hijo), otro de los 27 investigados, y no su padre, octogenario como Jordi Pujol, y por eso piden que se le aparte de la causa. Y afirman también que para Emte la facturación con la Generalitat representa una parte pequeña de su negocio (aquí no incluyen los ayuntamientos y otras administraciones controladas por CDC), y que de hecho en la época del tripartito llegaron a facturar más que anteriormente. Es curioso, porque este mismo argumento lo usó Pere Pujol Ferrusola en su intervención ante la comisión de investigación parlamentaria del Caso Pujol, cuando los diputados le preguntaban por la relación entre la empresa Entorn y la administración catalana.
El grupo Sumarroca aparece también entre los investigados en el llamado caso 3%, que empezó denominándose caso Torredembarra y que en algún momento algunos medios han rebautizado como caso Teyco, la constructora propietaria de la familia Sumarroca sospechosa de haber pagado comisiones a cambio de contratos de administraciones locales controladas por Convergència y sus ulteriores reinvenciones (de hecho, el juez ha imputado en la causa a CDC y al PDeCat). En el año 2015, otro de los hijos del patriarca, Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco, se pasó diecinueve noches en prisión preventiva, de la que salió después de depositar una fianza de 600.000 euros.
No ha estado solo. Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa, también pasó unas noches a la sombra en el marco del sumario del 3%. Y también está entre los investigados del caso Pujol, junto con Josep Cornadó, presidente de la compañía constructora. De hecho, según el auto de procesamiento, el volumen de dinero que va de Copisa al Júnior supera de mucho el de Emte. Pero ni Cornadó ni Tauler tienen la Creu de Sant Jordi. Otra de las personas investigadas en el caso del 3% es Josep Miarnau Montserrat, directivo y accionista del grupo Comsa (la constructora que se fusionó con Emte), quien tampoco tiene la Creu de Sant Jordi, pero sí su padre, Jordi Miarnau Banús, que la recibió en 2002 de manos del presidente Pujol.
Modus operandi y Honoris causa
En un reciente artículo publicado en La Vanguardia, los periodistas Santiago Tarín y Jaume Aroca recordaban que el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez De la Mata, está instruyendo tres casos (Pujol, 3% e Infraestructuras) con muchos puntos de conexión (financiación ilegal a partir de comisiones ilegales por obra pública), y que también enlazan con otros sumarios que ya han sido juzgados y sentenciados, como el caso Palau o el caso Pretoria. Coinciden los métodos y coincide la finalidad: desviar dinero público hacia el partido político hegemónico en Cataluña durante tres décadas, o hacia sus máximos representantes. De hecho, en el sumario Pujol también aparece una operación liderada en la sombra por Jordi Pujol Ferrusola para sufragar los costes de impresión de propaganda electoral de la campaña de las elecciones catalanas de 1999, en la que Pujol padre repitió victoria, si bien perdió la mayoría absoluta.
Hay otras coincidencias, como el hecho de que en el caso Palau y el caso Pujol encontramos a personas que han sido galardonadas con la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones que otorga la Generalitat. De hecho, la lista de condecorados de todos estos años cuenta con muchas personalidades del mundo de la empresa que han sido auténticos mecenas, y con alguna presunta personalidad cuyo principal mérito ha sido engordar al sector negocios (Ramon Bagó, Josep Lluís Rovira…) y que ha tenido mejor suerte que los Sumarroca, Vilarrubí y el resto de empresarios investigados en estos sumarios. Las investigaciones del juez De la Mata ofrecen un retrato preciso y exhaustivo de lo que fue el modus operandi del nacionalismo conservador durante treinta años, pero lógicamente no está todo lo que hubo.
Jordi Pujol no tiene la Creu de Sant Jordi, pero sí que tiene la Medalla de Oro de la Generalitat. Se la concedió en 2007 el presidente Montilla, en una especie de reconocimiento ex aequo que quiso hacer de Pujol y Pasqual Maragall, sus predecesores. No consta que la haya devuelto, pero sí en cambio devolvió las Medallas de Oro que tenía de las ciudades de Barcelona y Tarragona. Tiene un montón más de condecoraciones y distinciones, como por ejemplo los Doctor Honoris causa de tres universidades catalanas (URL, UOC y UDL).
En el año 2009, cuando Fèlix Millet confesó el expolio del Palau de la Música (en realidad, una parte del expolio que resultó ser mucho mayor a lo confesado), se tuvo que modificar el decreto de 1981 que regula las Creus de Sant Jordi porque no estaba contemplada su retirada, y Millet no la quería devolver, sino que fuera traspasada al Orfeó Català. En realidad, el problema ya se había planteado unos años antes, en 2005, cuando se destapó la mentira de Enric Marco sobre su condición de víctima del nazismo; en aquella ocasión la Generalitat anunció la redacción de un decreto para retirarle la Creu, pero finalmente no hizo falta porque él mismo la devolvió. Por lo tanto, en noviembre de 2009 se modificó el decreto de 1981 y desde entonces el Gobierno catalán dispone del instrumento legal para revocar una Creu de Sant Jordi ante “conductas poco honorables, que comporten la indignidad o el demérito de la persona o entidad galardonada”. En el caso de Millet no hizo falta esperar a la sentencia judicial para hacerlo, puesto que él mismo había confesado el latrocinio, cosa que no han hecho ni Vilarrubí ni Sumarroca, quienes continúan defendiendo su buen nombre y su inocencia.
Mañana: Comprender el caso Pujol (y III): los orígenes
