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Las imágenes de las supuestas profesionales de Terrassa son condenables rotundamente. La dignidad y la seguridad de todas las personas atendidas en cualquier recurso residencial deben estar garantizadas. Atender a las personas requiere de una formación y unos equipos profesionales que garanticen las mejores respuestas ante la complejidad que suponen los diferentes oficios que se ocupan.
La atención a las personas en la actualidad no siempre está siendo bien valorada por las administraciones. La sensación entre muchos profesionales es que en los últimos tiempos hay una idea que flota en el ambiente de que cualquiera puede atender a los ancianos, a las personas con discapacidad o niños y niñas tutorizadas por la dirección general de atención a la infancia.
La administración catalana ha flexibilizado en los últimos años la contratación de personal sin garantizar una formación de solidez universitaria y sin garantizar la mínima rotación posible con contratos que supongan estabilidad real entre los equipos profesionales. En la medida en que la administración haga un apuesta real para valorar debidamente a los profesionales de atención a las personas también podrán tener equipos profesionales más formados y que garanticen una mayor calidad en un trabajo tan importante como es atender a las personas en los lugares donde están viviendo.
En la medida en que la administración haga un apuesta real para valorar debidamente a los profesionales podrán tener equipos más formados y que garanticen una mayor calidad
En el sistema de atención a las personas puede haber muchos perfiles profesionales, pero hace tiempo que tenemos la sensación de que se nos da cualquier justificación para escoger los más económicos. Espacios como los de la atención a la infancia y la adolescencia habían sido ocupados por profesionales de la educación social con solvencia contrastada hace décadas. Pero las nuevas decisiones políticas justifican demasiado fácilmente que los niños y niñas tutorizados por la administración catalana no merecen una atención profesionalizada, con rigor, y con experiencia reconocida.
Pasa lo mismo con la poca valoración que hace la administración de los profesionales que atienden a personas con discapacidad. Para la administración, prácticamente, vale cualquier perfil para el modelo asistencial. Las instituciones del sector de la atención a la diversidad funcional hace demasiados años que reclaman al gobierno de la Generalitat poder ofrecer unos servicios mejores con un reconocimiento real de los profesionales.
Hay cientos de espacios residenciales donde viven personas con discapacidad que necesitarían tener el reconocimiento económico suficiente como para poder garantizar equipos estables y formatos con el máximo rigor posible. Porque aunque quizás no lo parezca, trabajar en el lugar donde viven las personas es de una extrema complejidad que requiere de formación y experiencia que sólo se puede garantizar invirtiendo económicamente y cuidando por las cuestiones importantes y no sólo haciendo inspecciones absurdas.
Las decisiones que se toman en estos espacios son muy importantes porque tienen que ver con la vida de las personas y con las expectativas personales de cada una de ellas. Y para acompañar en estos procesos se necesitan profesionales que hayan dedicado tiempo a formarse y que hayan desarrollado competencias básicas para entender justamente esta complejidad.
Como ejemplo clarísimo es el proceso puesto en marcha para la acreditación de personal auxiliar de atención a la dependencia y que puede convertir todos los hogares para personas con discapacidad en espacios asistenciales y sin prácticamente profesionales con formaciones universitarias. Eso sí, la administración tendrá una atención a las personas más económica y blinda la posibilidad de mejorar el reconocimiento profesional. O bien pasará como en muchas escuelas, que se contratará personal universitario camuflándolo con otros perfiles y contrataciones laborales.
La crisis de la COVID19 ha dejado claro que tenemos una asignatura pendiente con la atención a las personas mayores de nuestro país
Pasa lo mismo con la gente mayor. También pueden haber muchos perfiles profesionales, algunos con formaciones de poco tiempo de inversión y que hacen una labor extraordinaria. Pero los equipos también deben garantizar rigor, profesionalidad y experiencia que, nuevamente sólo se garantizan valorando a los profesionales de la atención a las personas de manera clara. La crisis de la COVID19 ha dejado claro que tenemos una asignatura pendiente con la atención a las personas mayores de nuestro país.
Las administraciones deben garantizar este tipo de espacios profesionales con estabilidad laboral porque aumenta el autoconocimiento del equipo, la discusión estable de los conflictos éticos con los que se encuentran y el diseño cuidadoso de las formas de acompañamiento a las personas y a las decisiones que éstas toman en su vida diaria.
Tener un modelo asistencial de atención a las personas y con poco reconocimiento profesional nos lleva a un país que no garantiza el acompañamiento de todas las dimensiones humanas de las personas más vulnerables y nos perpetúa en modelos de los años 70. No invertir de forma decidida en la atención social nos lleva a una situación muy preocupante porque las decisiones que se toman hoy reduciendo esta inversión normalmente perduran demasiado en el tiempo e incluso se perpetúan.
