El curso más atípico de la historia comenzará con una situación insólita. El 14 de septiembre las aulas estarán llenas, pero no del todo, ya que algunas familias habrán decidido no llevar a sus hijos. Consideran que el riesgo de contagio de la Covid-19 es demasiado elevado y que las medidas que se han tomado para minimizarlo son muy insuficientes. Se han constituido en la Agrupación de Familias por una Elección Educativa Segura (AFEES), la cual, según su portavoz, Sesa Cameán, cuenta ya con más de 1.700 familias con hijos en edad escolar y universitario. Sobre una población escolar de cerca de un millón y medio de alumnos no parecen muchos, pero no deja de ser un hecho excepcional.
Paralelamente, se ha creado una Agrupación de Docentes y Personal de Apoyo Educativo en Riesgo, formada por unos 700 educadores (sobre un total de unos 140.000), la mayor parte de la escuela pública, que consideran que volver al trabajo presencialmente supone poner en peligro su salud y/o la de sus familias. Durante todo el verano han estado muy activos en twitter, desde las cuentas @Aixinotornem y @En_risc, protagonizando encarnizados debates con otras personas y grupos que defienden la postura contraria.
En un comunicado hecho público a finales de agosto, el AFEES explica sus razones. En síntesis, dice, ni los grupos burbuja serán efectivos, ni las ratios lo suficientemente bajas, ni las medidas de distancia y ventilación serán suficientes, ni se ha dado bastante información sobre cómo se limpiarán y desinfectarán los centros, ni se sabe qué tipo de protección (mascarillas, pantallas, etc.) se proporcionará al personal educativo, ni las declaraciones responsables que firmarán las familias garantizan nada, ni hay suficiente evidencia científica para asegurar que los niños no son vectores de contagio.
Por ello piden a la administración que aplique una serie de puntos (desde reducción de ratios a jornada continua, pasando por mascarillas FFP2 gratuitas o flexibilidad educativa para poder combinar la formación presencial, semipresencial y a distancia) o de lo contrario, afirma el comunicado, llaman a una “huelga educativa familiar”. Uno de estos puntos es la presencia de la enfermera escolar en los centros porque, de hecho, algunas de las familias impulsoras del AFEES provienen del movimiento que los últimos años ha estado solicitando esta figura. El Parlament de Catalunya dio apoyo a esta demanda en una resolución votada meses antes del confinamiento, pero ni entonces ni ahora la Generalitat ha considerado que este recurso tenía cabida en el presupuesto.
“Se está diciendo que queremos que cierren los centros y esto no es cierto, los queremos abiertos y que nuestros hijos vuelvan, pero no lo harán hasta que no haya medidas reales de prevención y seguridad”, explica Cameán, madre de un joven con una enfermedad crónica. El anuncio de la realización masiva de pruebas PCR tampoco les tranquiliza. “¿Por qué hemos de creer a una administración que dice que seguirá dando tarjetas comedor a los niños con necesidades socioeconómicas durante agosto y luego no lo hace, o que incumple el mandato del Parlament de poner una enfermera en cada centro?”, añade .
Absentismo y Código Penal
La decisión de no llevar a sus hijos a la escuela (en la etapa de escolarización obligatoria, es decir, de los 6 a los 16 años) puede tener consecuencias legales para las familias, si bien según los expertos consultados en este caso la sangre difícilmente llegará al río. Un portavoz del Departament explica a este medio que se deberá aplicar el protocolo de absentismo a todos los alumnos que no vayan al centro y no justifiquen, a través de un certificado médico, los motivos de salud que les impiden asistir. Esto significa que se comunicará a los servicios sociales de cada municipio, los cuales a partir de ese momento harán un seguimiento del caso. En el peor de los casos, el expediente puede derivar en una denuncia de la fiscalía de menores que termine en una condena por delito de abandono familiar (artículo 226 del código penal), que tiene como consecuencia la retirada de la patria potestad.
“Pero esto es muy improbable que llegue a pasar, porque por norma general siempre se intenta encontrar soluciones conciliadoras; sólo se llega tan lejos cuando se observa una desatención del menor en todos los sentidos, y porque en esta situación de pandemia las familias siempre pueden alegar la eximente de miedo insuperable”, opina Eva Izquierdo, abogada especializada en educación, quien recuerda que en España los casos de absentismo y abandono escolar prematuro son infinitamente superiores a los de retirada de la patria potestad, y que además la vía judicial es demasiado lenta para resolver un conflicto tan inmediato.
En un reciente artículo publicado en un diario digital jurídico, varios fiscales coinciden en la opinión de que no llevar a sus hijos a la escuela sólo es delito en “casos absolutamente excepcionales” y que la vía penal sólo puede ser “el último recurso”. El artículo estaba motivado por unas recientes declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celáa,quien hace unos días recordaba a las familias que llevar a sus hijos a la escuela “es una obligación”.
Para Sesa Cameán, la posibilidad de que les apliquen el protocolo de absentismo es “una amenaza fruto de la impotencia, porque la administración no se esperaba que hubiera un grupo de familias que se plantara. Si nos envían a la justicia, pediremos auxilio judicial, porque nadie nos puede decir que los beneficios educativos son superiores al riesgo de contagio. Una muerte en una familia es irreversible, aunque ya sabemos que si hay un contagio siempre nos negarán que se ha producido en la escuela”. Fuentes oficiosas del Departamento, sin embargo, explican que no hay intención de perseguir a estas familias, sino que se las tratará igual como se hace con las que optan por la escolarización en casa o homeschooling, una opción muy minoritaria que en España se encuentra en situación de alegalidad, ya que no está regulada pero tampoco prohibida por ley.
Docentes (y familiares) en riesgo
Más complicado lo tienen los docentes que se consideran en situación de riesgo, algunos debido a sus patologías y otros con familiares cercanos que las sufren. Los docentes han elaborado su propio manifiesto, en el que coinciden casi punto por punto con las familias, si bien entre las peticiones al Departament también las hay propias, como la instalación de purificadores y filtros de aire en las aulas, el aplazamiento de las oposiciones (que comienzan este jueves) o la exención de impartir clase a todos los docentes mayores de 55 años. En su caso sólo pueden apoyar la “huelga educativa” de las familias, pero no hacerla. Los siete sindicatos de docentes presentaron hace unos días un comunicado conjunto, expresando su irritación por la falta de diálogo del Departament y exigiendo una bajada de ratios a 15 alumnos por grupo en primaria y secundaria, pero, al menos en este inicio de curso, han evitado hablar de convocatorias de huelga.
“La Generalitat está dando bombo a los estudios que quitan hierro a la vuelta al colegio, como los que dicen que los niños no son transmisores pero luego reconocen que son resultados provisionales porque el estudio se ha hecho durante el confinamiento, y en cambio esconden los que no les interesan”, explica Mireia, una de las portavoces de Docentes en Riesgo. La administración ha contratado los servicios de varias empresas que estos días están haciendo la valoración de los docentes que piden la baja o la adaptación de su puesto de trabajo, pero no todos lo consiguen. “Estamos viendo que cada una de estas empresas está aplicando criterios diferentes, porque con cuadros médicos muy similares se toman decisiones distintas”, sostiene esta portavoz. La valoración se está haciendo telemáticamente. “Las empresas solicitan el historial médico a cada persona y los tratamientos que siguen y, como mucho, tienen una entrevista telefónica”, añade.
Los que no han podido tramitar la baja han tenido que presentarse en su puesto de trabajo, porque la alternativa es que se les abra un expediente, si bien “en este momento hay muchos que están intentando que su médico de cabecera les visite y certifique que sí son de riesgo”. En cuanto a los que no tienen el problema personalmente sino que sufren por no contagiar a un familiar que tiene una enfermedad considerada de riesgo, según esta portavoz, “el Departament les ha ignorado totalmente, no pueden hacer reducción ni adaptación del puesto de trabajo”.
