La polémica judicial: lazos amarillos y libertad de expresión
Para comprender la vista de Torra ante el Tribunal Supremo hay que remontarse en abril del 2019, cuando tuvo lugar la campaña electoral de las elecciones generales españolas. En un contexto de crispación política y de enfrentamiento entre las instituciones catalanas – en manos de ERC y Juntos por Cataluña –, la Junta Electoral Central (JEC), que es el órgano superior del Estado encargado de garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de los procesos electorales, pidió al Presidente Torra que retirara tanto el lazo amarillo como la pancarta en apoyo de los presos políticos que estaban colgadas del Palau de la Generalitat, al considerar que afectaba la neutralidad de las instituciones durante la campaña electoral.
Torra, pero, decidió esperar hasta tres días más allá del plazo establecido por la JEC para retirar la pancarta y el lazo amarillo, hecho que acabó provocando, en una más que polémica decisión de la Junta Electoral Central, la inhabilitación de Torra el 3 de Enero del 2020. El debate estaba servido: ¿Debería tener un órgano como la JEC el poder de inhabilidad un Presidente democráticamente escogido? ¿Qué tenía que prevalecer, la libertad de expresión o el derecho a disponer de cierta neutralidad institucional durante los periodos electorales?
Además de la respuesta que se dé a la pregunta mencionada, cabe ubicar la decisión de la JEC dentro del que se conoce como lawfare judicial del Estado contra el independentismo. Es decir, el uso de las instituciones y de los mecanismos judiciales del Estado para perseguir los líderes y fuerzas independentistas y obstruir la resolución del conflicto independentista por vías democráticas.
La comparecencia de Torra de hoy tiene la finalidad de estimar el recurso que el Presidente de la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al condenarlo en un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por el delito de desobediencia. En el Gobierno de la Generalitat son conscientes que el recorrido del recurso no cambiará la dirección de la inhabilitación, pero es para llegar a presentar el caso ante el Tribunal Europeo, – que es donde se está centrando toda la estrategia de defensa judicial del independentismo – es necesario agotar previamente todos los niveles del ordenamiento jurídico español. Dependiendo de cuál sea la resolución del tribunal, la presidencia de Torra podría acabar hoy mismo. Esto pasaría si el tribunal no aceptara el recurso presentado, y que daría por válida la sentencia del TSJC. Aun así, se considera que la opción más probable es que el recurso sea aceptado, por lo que se tendrá que esperar a la resolución definitiva del Tribunal Constitucional, que llegaría, aproximadamente, a finales de mes de Septiembre.
La estrategia electoral de la resolución judicial
La más que esperada inhabilitación de Torra ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre los dos principales socios de gobierno de Cataluña, ERC y Juntos por Cat. cuando el TSJC emitió la sentencia que inhabilitó a Torra se produjeron unos primeros enfrentamientos entre los postconvergentes y los republicanos sobre la decisión de acatar, o no, la decisión del TSJC. Como es sabido, JxCAT se quedó solo en la defensa de su posición, que fueron acusados, por parte de ERC, de realizar una “desobediencia estéril”. Desde aquel momento hasta el día presente, la inhabilitación de Torra ha sido un problema para las buenas relaciones entre ambos partidos. De fondo, la lucha para hacerse con el relato ganador dentro del independentismo es el principal motor que ha movido a los partidos político a tomar unas u otras decisiones.
Por ejemplo; antes de que estallara la pandemia, Torra hizo una rueda de prensa asegurando que pasado el verano convocaría elecciones para evitar que fuera un tribunal español quien acabara con su presidencia. Ahora, pero, Torra decide optar por otra estrategia y alargar al máximo su presidencia. La razón de este cambio probablemente no sea la de “ser responsables durante la pandemia”, tal y como defendía Torra durante la última sesión en el Parlamento, sino otra de muy diferente: encarar las próximas elecciones con garantías de victoria.
La refundación del espacio de JxCAT estaba prevista por los meses de verano, pero la pandemia por un lado, y la crisis con el PDCAT por el otro, ha atrasado los procesos para conformar el partido político de “Juntos”. Desde principios de año los posconvergentes han ido por detrás de las encuestas, y ahora ven la posibilidad de poder tomar la delantera mediante el “sacrificio” de Torra. La estrategia, en este caso, sería la de intentar poner contra las cuerdas a ERC, acusándolos de querer pactar con “el enemigo” mientras que ellos ejercen, unilateralmente, la resistencia contra el Estado español.
