El supuesto aumento de ocupaciones de casas y pisos ha estado, con el permiso de la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, el tema principal de la agenda mediática del verano. El eco ha llegado hasta el Ayuntamiento de Barcelona, donde en sesión plenaria la regidora de Vivienda, Lucia Martín, aseguró que solo el 0’13% de los pisos ocupados tenían inquilinos.
Los datos aportados por Martín hacen referencia a la información de que dispone el consistorio barcelonés a través de su unidad anti desahucios, la Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER). Según estas informaciones, de los 2.288 casos tratados por el organismo municipal, solo tres de las viviendas ocupadas “no estaban vacíos”. Así pues, el 99’87% de las casas y los pisos ocupados en Barcelona el 2019 no tenían ninguna persona como inquilino habitual.
En cuanto a la tipología de la propiedad, y todavía según la intervención de Lucia Martín en el pleno, “solo el 10% de los casos atendidos son ocupaciones a pequeños propietarios”. La edil de Barcelona en Comú también aseguró que, según los datos que los aportan los Mossos d’Esquadra, “en los primeros ocho meses, el número de denuncias por ocupación en la ciudad prácticamente no ha variado respecto del año pasado”.
Carencia de datos específicos
La regidora Martín facilitó esta información al pleno como réplica a Josep Bou (PPC), quién criticó el equipo de gobierno por no informar del número de ocupaciones ilegales que tienen lugar en la capital catalana. “Os pedimos un ejercicio de transparencia. No es un capricho, los barceloneses tienen derecho a saberlo”, dijo Bou.
En este sentido, la regidora recordó que el consistorio no dispone de esta información, sino que es la Consellería de Interior de la Generalitat el organismo que recopila, a través de los Mossos, las denuncias de ocupaciones que se hacen en toda Cataluña. “Ciertamente, nos hace falta el detalle de estos datos: ¿Hablamos de viviendas? ¿De locales? De grandes propietarios? De mafias?“, añadía.
En efecto, los datos de denuncias y resoluciones sobre usurpaciones de viviendas son un misterio. Si bien el Instituto Nacional de Estadística publica el total de denuncias realizadas por usurpaciones, en ningún caso detalla cuántas hacen referencias a hogares o similares y cuántas a otros bienes no relacionados con la vivienda. En el ámbito catalán tampoco existe este registro.
El dato más preciso es la que facilita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que contabiliza el número de procesos verbales abiertos en que propietarios tratan de recuperar una vivienda ocupada. El 2018, al global del Estado, hubo 1.740 procedimientos, mientras que el año pasado aumentaron a 4.017. En la primera mitad del año 2020 y con el confinamiento de por medio, la cifra parece volver a la baja, con 1.549 procesos.
En cuanto al caso concreto en catalán, en 2019 se abrieron 1.004 procedimientos verbales por ocupaciones. Es el doble respecto del año anterior, cuando habían estado 463. Con todo, las ocupaciones contabilizadas por el CGPJ representan un 0’025% del parque de viviendas disponibles en Catalunya, según los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. La proporción es superior a la media del Estado, donde los procedimientos por ocupaciones afectaban el 0’015% del parque.
En este sentido, Martín acusó el Partido Popular de “jugar un papel hablando de ocupaciones queriendo generar alarma y de forma poco rigurosa, poniendo al mismo saco familias vulnerables con mafias”. “El PP, durante décadas, ha impulsado políticas de viviendas desastrosas que nos han llevado aquí”, le espetó.
Se hará un grupo de trabajo
En el mismo plenario municipal, la mayoría del consistorio aprobó, a propuesta del grupo municipal de Junts per Catalunya, la creación de un grupo de trabajo “para abordar diferentes vías para poner fin a la práctica de ocupaciones por parte de organizaciones ilícitas”, haciendo referencia a las mafias que ocupan los pisos por después revenderlos a familias que buscan hogares.
De acuerdo con el texto aprobado, se hará una “diagnosis de la situación actual en la ciudad de Barcelona” para “determinar las acciones a realizar para poner fin a la problemática social derivada de este tipo de ocupaciones”. La propuesta recibió la aprobación con el voto favorable de JxCat, del equipo de gobierno conformado por BeC, PSC, ERC, PP y Barcelona pel Canvi. El grupo de expertos tendrá que presentar un informe al plenario en el plazo máximo de cuatro meses.
Ciutadans se abstuvo en la votación porque el partido naranja presentó otra propuesta. Luz Guilarte, presidenta del grupo municipal de Cs, aseguró que la resolución aprobada solo sirve para “marear la perdiz” y es una prueba “que el tripartito pro-ocupa de Comunes, PSC y ERC lo ha aprobado”.
Guilarte, que acusó el gobierno municipal “de connivencia y de amparar el delito”, apostaba por un plan municipal contra la ocupación que incluía el retorno de las viviendas ocupadas a sus propietarios, una unidad especializada de la Guardia Urbana contra la ocupación y asesoramiento jurídico contra las víctimas. La propuesta no se aprobó, después de que JxCat se abstuviera y ERC, Barcelona en Comú y PSC votaran en contra. El voto favorable fue de Cs, PP y BCN per el Canvi.
