El 1-O dejó imágenes de violencia policial. ¿Qué abusos se cometieron?
Muchos. Por un lado se cometieron abusos que afectan derechos civiles y políticos y, por la otra, los que afectan la integridad física y moral. La actuación policial, siguiendo criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, fue claramente desproporcionada. La ley orgánica que regula los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Policía Nacional establece unos principios de actuación que son la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. La proporcionalidad se rige en función de la oposición con que se encuentran los agentes, y el 1-O el que se encontraron fue gente que hacía oposición simbólica; mucha gente con actitud no violenta, sentados en el suelo, de todas las edades, con las manos levantadas… Por eso decimos que este abuso de la fuerza causó una afectación de derechos civiles y políticos, además de violencia institucional, y de un efecto represivo en contexto de protesta. Además, también hubo un abuso físico y moral hacia toda la ciudadanía en general.
¿Qué pueden comportar estos delitos contra la integridad moral?
Es un momento muy inicial para saberlo. Pero con el Código Penal en la mano, la gravedad de las situaciones que se están investigando podrían comportar penas con cumplimiento de prisión efectiva.
¿Hay algún caso especialmente grave?
El de la escuela Mediterrània, claramente. Allá se ve como los agentes empiezan a correr ya con las porras levantadas y van directamente a cargar. Ni mucho menos avisaron, todo el contrario. No fue progresivo.
Habéis presentado diez querellas, de las cuales cinco ya se han admitido, la última la de la “Escuela dels Horts de la Verneda”. ¿A qué aspiráis con estos litigios abiertos?
Uno de nuestros máximos es conseguir las comunicaciones policiales internas, saber de qué hablaban el inspector en jefe –el máximo responsable sobre terreno– y el centro de mando de Barcelona. Puede ser que no sean relevantes estas conversaciones, pero posiblemente salen cosas muy fuertes. Si se entregan, podremos descubrir nuevas informaciones.
¿De qué depende que consigáis las comunicaciones?
El juez las ha requerido y ahora la policía las tiene que entregar, porque en principio las comunicaciones no se borran. El que no sabemos es si las entregarán a la primera o hará falta que el juez haga varios requerimientos. El juez tiene la facultad de obligar a entregarlas, hasta el punto que si no lo hacen todo y el requerimiento judicial, los agentes pueden estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia. Esto a veces pasa y es un delito penal con penas elevadas. Las tendrían que entregar, pero otra cosa es que digan que se han borrado, o ve a saber…
¿Se está intentando boicotear la investigación?
La Policía Nacional y la Fiscalía no están investigando según los estándares internacionales en la materia. Desde el primer día la Policía Nacional habría podido identificar sus agentes en los informes que ha entregado, especificando qué agentes realizaron cada actuación y qué funciones tenía cada uno. Lo saben perfectamente y no lo están haciendo. En el informe que han entregado solo dicen qué rango jerárquico tenía cada agente. Ni siquiera identifican cuáles eran escopeteros y cuáles conducían las furgonetas. En cambio, sí que especifican qué agentes resultaron heridos, qué oposición se encontraron, qué material electoral requisaron cumpliendo el mandato judicial y justifican la brutalidad policial diciendo que la gente estaba muy alterada. Hacen falta medidas efectivas para asegurar las investigaciones rigurosas ante situaciones de violencia institucional.
¿Con toda la información y los datos que estáis cruzando, estáis encontrando que algún agente actuara en varias escuelas?
Cuando los agentes entregaron el cuadrante de todos los policías que había en las escuelas se pudo ver que había grupos que habían operado en varias escuelas. Lo que falta ver es si también estaban implicados en varias agresiones. Por ejemplo, hay un caso de un agente que en la Escuela Mediterrània golpea a una chica en los ojos con la porra, causándole fracturas y lesiones graves, y después va a la escuela Pau Claris y tira a personas por las escaleras. Este agente, que es el mismo en las dos ocasiones, es subinspector.
Puedo decir de manera muy contundente que todas las actuaciones policiales del 1-O fueron desproporcionadas y es por eso que hablamos de un patrón de conducta, porque absolutamente en todas las escuelas de Barcelona se actuó con brutalidad policial. Por eso solicitamos las comunicaciones, porque entendemos que hay unas órdenes para actuar de este modo, y queremos que Pérez de los Cobos comparezca como testigo, porque entendemos que hay órdenes que pueden provenir de los altos mandos. Hay que decir también que en algunos casos había agentes individuales que estaban exageradamente exaltados. Por ejemplo, en la misma el Mediterrània, se ve perfectamente en el video cómo el agente está con un comportamiento muy extraño, muy nervioso, todo el rato se está moviendo, hasta que golpea a mucha gente con el bastón horizontal en los ojos.
¿Si no se identifica al agente que ha hecho la agresión, la denuncia puede prosperar?
En un procedimiento normal y corriente, si no se identifica el autor el procedimiento se archiva provisionalmente. Esto quiere decir que el juez puede considerar que hay indicios delictivos pero el procedimiento no puede salir adelante por falta de autor conocido. En el momento que aparece una nueva prueba el procedimiento se puede volver a abrir, no tiene nada que ver con un archivo definitivo, que seria cuando el juez considera que no hay delito. Por eso nosotros nos hemos querellado contra los responsables sobre terreno de cada escuela a la vez que contra los agentes individuales. Entendemos que el último responsable sobre terreno es el responsable de la operación y este sí que está identificado en todos los casos y, por lo tanto, el procedimiento tendría que prosperar. Con las comunicaciones podremos saber si hay un tercer responsable, el centro de mando. Si se considerara que solo son responsables de los delitos los autores directos y se archivaran casos por no haber podido identificar el autor, sería directamente culpa de la Policía Nacional por no llevar identificados correctamente a sus agentes, un hecho que está dificultando mucho todo el trabajo. Queremos conseguir que los agentes vayan identificados por delante y por detrás.
En el caso de Roger Espanyol, el chico que perdió la visión de un ojo por una bala de goma disparada a la escuela Ramon Llull, ¿se ha podido identificar al escopetero?
No, todavía no, pero tenemos esperanzas de poderlo hacer pronto. Sabemos cuántos y qué escopeteros había por los videos. Con los videos hemos podido identificar a unos cuántos y esto hace que solo nos queden tres por saber quien son. Si el juez cita los tres a declarar como investigados, en fase de interrogatorio podremos saber los detalles y esclarecer quién es el responsable.
Una de las abogadas de Irídia, Anaïs Franqueza, fue junto con Roger Espanyol en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Queréis internacionalizar el caso?
Tenemos muy claro que con el 1-O queremos agotar todas las instancias posibles, también las internacionales. Pero por eso hace falta primero agotar las internas, las de dentro del Estado español. También queremos hacer un impulso para luchar contra las balas de goma a escala internacional. Tenemos como objetivo potenciar la obligatoriedad de la identificación de los agentes, es uno de nuestros litigios estratégicos.
¿Qué factores se tuvieron en cuenta, en el caso de Barcelona, para elegir la escuela dónde actuar?
Tenemos dos hipótesis, que no están corroboradas pero esperamos poderlo hacer en el proceso judicial. Una es que respondía a lugares donde votaban personas con cargos públicos o políticos en relación al proceso independentista y a la realización del referéndum. El otro, creemos que es un criterio de efectividad, con escuelas donde era fácil acceder, cargar de manera brutal e indiscriminada, y marchar corriendo. Hay barrios donde no se actuó o se actuó menos, porque hay calles de difícil acceso o peatonales, como Ciutat Vella, el Arrabal o Gracia.
¿Qué afectaciones psicosociales tuvo para las personas el 1-O? Podemos hablar de violencia institucional en un estado de derecho?
Después del 1-O atendimos 75 personas en 3 semanas. La gente estaba deshecha, pero claramente no por los golpes físicos, sino por la afectación a la integridad moral y por la concepción política del Estado. Para mucha gente era un hecho nuevo estar en una manifestación y por tanto nunca antes habían sufrido una carga policial. Estamos acostumbrados que la violencia institucional o policial en contextos de manifestación la sufre cierto colectivo de gente que está muy estigmatizada, más activista o “antisistema”. Pero el 1-O había gente de todas las edades y tipos.
Hay una cosa, pero, que nos sorprendió. Muchísima gente con quien hemos hablado nos ha comentado que veían cómo se pegaba más a la gente mayor y a las mujeres. Esta percepción individual, a pesar de que será difícil de probar en el ámbito judicial, es muy real en cuanto a los criterios de selección. Cuando la policía se acerca ves para quién van. Esto lo agravia todo, por el elemento machista y discriminatorio, y porque en el caso de la gente mayor hace que la desproporcionalidad sea más bestia. No es el mismo agredir activistas que nos parece que están “protegidos” o “acostumbrados” que agredir a gente mayor, sentada en tierra con las manos levantadas. El impacto tan bestia que genera esto, además de la integridad moral individual, también afecta a nivel colectivo. Mucha gente nos repite que nunca se habrían imaginado que esto pasaría.
Esta represión, ¿puede desmovilizar?
La represión tiene un efecto claramente simbólico de estigmatizar, atomizar, aislar y controlar a la población a partir del miedo. Si te ha pasado esto, te pensarás dos veces volver a una manifestación y por tanto, de ejercer ciertos derechos sociales, civiles y políticos. Uno de los efectos, no sé si podríamos decir “positivos” del 1-O, es que parte de la población que se había sumado al discurso estigmatizador hacia los antisistemas, de repente se ven al otro lado y ven que la represión actúa de manera indiscriminada. Veremos qué consecuencias tiene esta oleada represiva y si conseguirán desmovilizar la gente.
¿La afectación psicosocial está reconocida judicialmente?
Cuando el juzgado recibe una denuncia donde hay un delito de lesiones envía a la gente al médico forense. Estamos hablando de 257 personas en el caso de Barcelona. Pero tenemos un problema porque muchas veces el médico forense no tiene en cuenta la afectación psicosocial. Lo que hacen es recoger los informes de urgencias y hacer una evaluación física de la persona. En función de la voluntad del médico forense pueden compilar la angustia, la ansiedad y los síntomas de afectación psicológica, como el miedo hacia los cuerpos policiales o la rotura de la cotidianidad. Pero en otros no. A todas nuestras querellas aportamos informes psicológicos para poder objetivar el daño.
