Hace dos semanas se aprobó la ley que regula la vivienda en Catalunya, un éxito para el Sindicat de Llogaters que llevaba años trabajando en esta dirección. Cuéntame cómo nace y donde se remonta el Sindicat para llegar al punto de influencia que tiene hoy en día.
El Sindicat nace en un momento donde la gente se siente cada vez más asfixiada por unos alquileres muy elevados, abusivos, con la idea inicial de frenar la subida de los alquileres. Más allá también hay una idea de fondo que implica cambiar el sistema de vivienda y sacar la vivienda del mercado. Es una iniciativa que entronca con el recorrido que han seguido otros movimientos e iniciativas dentro de la lucha por la vivienda, pero lo hace desde la lucha concreta de una parte de la población que ha sido históricamente pisada y abandonada por las administraciones, que es toda la población que vive de alquiler.
El objetivo, en un inicio, era generar un movimiento que dotara de una organización a todas estas personas para sacar la vivienda del mercado y ponerlo a la altura de la sanidad y la educación, ya que consideramos que es la base de una sociedad del bienestar. En el área metropolitana era aproximadamente un millón la gente que vivía de alquiler y no tenía nadie que defendiera sus derechos. Lo que estamos haciendo es conquistar derechos. Esta ley conquista derechos que antes no teníamos.
¿Qué obstáculos o respuestas de actores que se podrían sentir amenazados por su lucha os habéis encontrado por el camino?
Buena pregunta. Pienso que el Sindicat es una organización muy transversal, donde hay gente de todas las sensibilidades posibles. No estamos vinculados a ninguna administración ni color político y esa pluralidad nos da un gran margen de maniobra muy grande, pero al mismo tiempo, como estorbo que somos, eso hace que recibamos presiones de partidos políticos muy diferentes. Los partidos y las administraciones se ofenden cuando las atacas o cuando denunciamos la omisión en sus responsabilidades.
Otro obstáculo o respuesta que quizás inicialmente no esperábamos o no queríamos reconocer ha sido el del sector inmobiliario, grandes fondos de inversión y rentistas, que nos ven como un problema porque nadie nunca los había puesto límites. Y ahora ya no hablo del Sindicat de Llogaters en particular, sino del movimiento por la vivienda en Catalunya.
¿De qué forma concreta actúan estos poderes fácticos?
Hemos sufrido muchas denuncias en un intento de criminalizar al Sindicat y a sus portavoces. No es ningún secreto. Muchos de nosotros acumulamos querellas que lo que buscan es detenernos, intimidarnos, y que dejemos de denunciar y desobedecer una ley injusta en toda España, que era la Ley de Arrendamientos. Una ley que permitía chantajear a una familia y darle a elegir entre hacerle una subida del 40% o desahuciarla.
Principalmente, lo que ellos perciben es que estás limitando sus beneficios. Esto incomoda mucho a los poderes económicos que en este país se han articulado históricamente a través del sector inmobiliario y financiero.
Muchos de nosotros acumulamos querellas que lo que buscan es detenernos, intimidarnos, y que dejemos de denunciar y desobedecer
Siempre hay una tensión entre el movimiento y la institución, presentados a menudo como defensores de intereses antagónicos. Vosotros, sin embargo, en el proceso de negociación de la ley habéis tenido que crear una síntesis entre ambas. ¿Qué puedes destacar del proceso de negociación con los partidos políticos para sacar adelante esta ley?
Lo primero que diría es que una ley como esta sólo es posible después de años de desobediencia civil, pacífica, y no violenta. Es gracias a todas estas luchas de años que ha habido un cambio y se ha ido conformando una mayoría social y política que entiende que esto no puede seguir pasando. Inicialmente lo que proponíamos estaba en los márgenes, y lo que estaba en el centro y dominaba era una concepción neoliberal de la ciudad y de la vivienda. Hemos conseguido darle la vuelta, y esta es la victoria real.
Ha sido muy interesante ver que, si bien hay partidos políticos que querrían estar en contra ya no podían estarlo, porque el nuevo sentido común empuja hacia regular la vivienda como no se había hecho antes.
¿Qué ha pasado con el PSC?
El PSC ha querido llevar el debate sobre la necesidad de regular o no los alquileres al terreno del conflicto nacional. Han buscado excusas para evitar este debate amparándose en esta cuestión. Lo han planteado en términos de si esto es o no constitucional, como si fuera un brindis al sol del movimiento soberanista, y no era así. Teníamos una mayoría social muy transversal con más de 4.000 entidades económicas y sociales que exigían y pedían que esta ley se aprobara tal como se había pactado.
Sobre, sin embargo, esta “excusa”: ¿crees que será capada por el TC?
Se está dando por hecho – y yo creo que son voces interesadas – que esta ley acabará en el TC. Yo creo que esto es adelantarse mucho a los acontecimientos porque la realidad es que hace mucho tiempo el Gobierno del Estado tiene un compromiso adquirido con la ciudadanía que pasa por regular los alquileres. El mismo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en ningún momento ha dicho que quiera tumbar esta ley, justamente por el mismo motivo que aquí.
Pero un recurso de inconstitucionalidad puede ser presentado por 50 senadores o diputados de la oposición, y teniendo en cuenta el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, en caso de ser así, la ley se vería probablemente truncada.
¿Y si el Estado aprueba una ley de regulación de los alquileres que permite, no sólo en Catalunya sino en otros territorios del Estado, blindar el derecho de las CCAA para regular los alquileres tomando de referencia esta ley? El recorrido de los recursos de inconstitucionalidad no existiría, y éste es el escenario más cercano ahora mismo. Los mismos que nos decían que en Catalunya nunca aprobaría esta ley son los mismos que ahora dicen que esto no tiene recorrido. La única realidad ahora mismo es que hoy por hoy es ilegal no hacer lo que dice esta ley. El Gobierno del Estado ahora debe decidir qué hace. Hoy en día, estamos más cerca de consolidar este cambio de nunca invertirlo. Aquí la paradoja está en que fuerzas políticas que no llevaban en su programa la regulación se han sumado a la ley, y que fuerzas que sí lo llevaban siguen sin cumplir con su compromiso.
¿En qué nivel las enmiendas introducidas por Junts per Catalunya desvirtúan el contenido de la ley?
De las 8 enmiendas presentadas tuvieron que retirar 6, y, de hecho, lo que hicimos es una contrapropuesta. Realmente esta contrapropuesta daba respuesta a las inquietudes de algunos sectores sin desvirtuar la ley, porque lo que hacen estas enmiendas es lo siguiente: hacer lo que ya hacía la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que básicamente consiste en que si se hacen mejoras en la vivienda éstas pueden repercutir en el precio de la vivienda, se puede repercutir en el precio hasta un 6% del capital invertido. Siempre debiendo justificar que han sido realizadas en el último año.
La enmienda que ofrece una novedad es la que habla de la figura del pequeño propietario en situación de vulnerabilidad. Hablamos de arrendadores con unos ingresos de hasta 1500 euros incluyendo la renta de alquiler, por lo tanto, hablamos de situaciones de ingresos muy bajos que pueden suceder, pero que son relativamente anómalas, y al mismo tiempo, que los ingresos del arrendatario o arrendataria no fueran inferiores a los 2000 euros. Es decir que no fuera el inquilino el que tuviera que sufragar o compensar el empobrecimiento o la pobreza del pequeño propietario. En todo caso, es un tipo de situación muy anecdótica.
Tenemos un problema muy grave con el desvío de vivienda en este país: el sector turístico, de forma desleal, está legislando y cambiando políticas que influyen en el ámbito de la vivienda
Durante el mes de agosto, con una agenda mediática fijada en la Covid, se aprobó el Decreto de reglamento de turismo de Catalunya habilitando la “Llar Compartida” (Hogar Compartido), es decir, un alojamiento turístico para cortas estancias donde el titular del piso debería residir mientras dura la estancia, que debe ser inferior a 31 días. ¿Hasta qué punto esta ley es compatible o va en sintonía con la ley de regulación de los alquileres?
Tenemos un problema muy grave con el desvío de vivienda en este país: el sector turístico, de forma desleal, está legislando y cambiando políticas que influyen en el ámbito de la vivienda. Lo que no puede ser es que los intereses del sector turístico tengan un impacto en el ámbito de la vivienda y que siga pasando lo que viene pasando en los últimos 10 años. De la última crisis – la de 2008 – en Catalunya, se decidió salir de la crisis permitiendo el desvío sistemático de la vivienda residencial al mercado turístico con la adjudicación de unas licencias que casi no tenían que pasar ningún proceso de validación.
Esto fue una manera de salir de la crisis, relanzando el ciclo inmobiliario a través del turismo, porque lo que acaba haciendo el turismo en última instancia es aumentar la rentabilidad de la vivienda como mercancía, permitiendo cobrar unos alquileres más elevados que los tradicionales. Aquello pasó con la Ley Ómnibus, ahora, nueve años más tarde, y otra vez en plena crisis, con nocturnidad y alevosía, se impulsa una política que consiste en seguir desviando viviendas en al mercado turístico. Se habla de que se deberá justificar que el propietario viva en la vivienda, pero ya hace años que empresas como Airbnb o Booking han utilizado la figura del falso empadronado para alquilar viviendas enteras sin licencia. Esto puede volver a pasar muy fácilmente con esta ley.
La otra consecuencia nefasta es que contribuirá a que los precios globales de la vivienda sigan aumentando, porque si alguien puede alquilar habitaciones a turistas, el arrendador puede incrementar el alquiler en el mercado residencial. Son vasos comunicantes que lo que hacen finalmente es inflar el precio de la vivienda.
Estamos hablando de que, por poner un ejemplo, en una escalera cualquiera sin que haya ningún tipo de acuerdo entre los vecinos, nos podemos encontrar que la totalidad de las viviendas se conviertan en hoteles clandestinos. Se podrían llegar a alquilar todas las viviendas, 365 días, y con un total de cuatro turistas por vivienda en cualquier momento.
Incluso se han puesto en contacto con nosotros urbanistas que han tenido responsabilidad de gobierno en administraciones, muy preocupados, pidiéndonos que nosotros fuéramos muy críticos con esta medida. Es una bomba nuclear para la cohesión de nuestros barrios, municipios y pueblos. Si no hay una ordenanza municipal que lo regule, las consecuencias pueden ser catastróficas.
A menudo se habla mucho de los fondos inversores, de fondo buitres, de la influencia del sector financiero e inmobiliario en el parque de vivienda, pero queda lejos, pienso, comprender cómo actúan y cómo funcionan. ¿Cuáles son sus prácticas más comunes y qué impacto tienen de estos actores?
Hay que entender que en un tiempo récord, fondos de inversión como Blackstone, Azora o Cerverus, se han convertido en los principales propietarios de vivienda y de suelo de España y de Catalunya, y que lo han hecho para destinar todas estas viviendas, la mayoría procedente de la última crisis hipotecaria y financiera, al alquiler.
Hablamos de fondos financieros, es decir, procedentes del ámbito financiero y que no tenían ningún tipo de presencia en el ámbito inmobiliario. En los años de crisis hipotecaria deciden, primero en Estados Unidos y luego en Europa, el salto al sector inmobiliario y del alquiler, en parte porque se quedan muchas viviendas de los bancos durante la crisis, pero en parte también porque ven que más allá de estas viviendas que se han quedado pueden acaparar nuevas viviendas en los centros de las ciudades, en muchas zonas metropolitanas y extraer del alquiler unas rentas que no pueden ni imaginar tener en el sector financiero. A veces, cuando se nos tacha de populistas y demagogos se dice que mentimos porque explicamos que los fondos de inversión han colonizado el mercado de alquiler y nos dicen: no es verdad, porque sólo tienen hasta un 7% del mercado de alquiler.
No sé si toman por inocente a la gente, pero que unos fondos buitre – fondos de inversión privados – que no existían en Catalunya y por tanto no tenían ningún tipo de presencia, que ahora, en cuestión de cinco años hayan acaparado un 5- 7% del mercado del alquiler da una idea de la fuerza y de la profundidad de este cambio histórico. Raquel Rolnik habla con mucho acierto de una colonización de nuestras ciudades y de los sistemas de vivienda, y aquí añadiríamos, que por mucho que los porcentajes respecto al global del stock de viviendas sean reducidos, dentro del total, de lo que hablan estos porcentajes es de un proceso de acumulación acelerado.
Los fondos actúan como influencers dentro del sector inmobiliario porque generan efecto contagio al resto del mercado, y aquí está el gran tema: rentistas locales que no se dedicaban a hacer estas subidas tan salvajes al final terminan replicando esta tendencia global que sólo fondos buitres con esta fuerza han podido generar.
Este tipo de práctica que antes no era recurrente, que implica hacer aumentos del alquiler del 30, 40, 50, arrastran el resto del mercado. De hecho, hay estudios que informan que en aquellos barrios donde Blackstone había adquirido viviendas y comenzaba a destinarlas al mercado del alquiler, las subidas siempre estaban claramente por encima del mercado. ¿Y por qué pueden hacer esto, los fondos de inversión? Pues porque se pueden permitir hacer unas subidas mucho más elevadas que el resto de actores porque pueden tener las viviendas vacías durante ciclos mucho más largos.
En un momento en que el PIB y la economía productiva está en descenso, están intentando mantener las rentas a niveles prepandèmia, por tanto, a niveles hinchados y artificiales
Venimos de unos últimos meses donde las campañas mediáticas, pero también legislativas, alertando de los peligros de la ocupación de viviendas han incrementado. ¿Qué relación hay – si es que es – entre estas campañas y las actuaciones de estos sectores económicos?
Especialmente los fondos de inversión y buena parte del sector inmobiliario en su conjunto está haciendo dos cosas: por un lado, están presionando al Estado para que haga políticas para que no bajen los alquileres y que por tanto sus rentas se mantengan. En un momento en que el PIB y la economía productiva está en descenso, están intentando mantener las rentas a niveles prepandemia, por tanto, a niveles hinchados y artificiales.
Por ejemplo, ASVAL, que es una asociación creada por el fondo buitre Blackstone y que funciona principalmente como lobby, presiona al Estado para que haga una nueva transferencia de 750M de euros a estos rentistas con el argumento de que se trata de ayudar al inquilino, cuando lo único que están haciendo es ayudarse a sí mismos. Lo que piden son ayudas para garantizar que puedan seguir pagando los alquileres a precio de oro sin tener que reducirlos, que es lo que tocaría.
La segunda medida que están impulsando es la de generar un clima social y político que legitime la ola de desahucios que quieren iniciar lo antes posible, no sólo para mantener sus rentas altas sino para poder echar a quien quiera negociar una reducción de precio. El problema de fondo para los fondos de inversión no son las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler. La amenaza real son los miles de familias que hoy en día siguen pagando alquileres, pero que han perdido ingresos, o que no los han perdido pero están hartas de pagar alquileres tan altos y que los quieren negociar a la baja. Por eso están reaccionando con tanta virulencia contra la regulación de los alquileres, y por eso fomentan una campaña mediática dirigida a proteger a los propietarios.
Sergio Nassare, profesor de Derecho Civil y cátedra UNESCO, en una entrevista en este diario, cuestionaba que regular los precios de los alquileres comportara beneficios reales para los inquilinos, argumentando, por ejemplo, que las medidas de regulación del alquiler implementadas en Berlín han reducido el oferta de pisos de alquiler hasta un 25%.
Hay gente muy interesada en afirmar que la regulación de los alquileres tienen un efecto negativo que es hacer disminuir la oferta y también la calidad de la oferta. Lo primero que hay que decir es que con una mirada histórica esto no se cumple. Sólo hay que ver las regulaciones en Nueva York de los años veinte, y los 40 y 50, que son las regulaciones más ambiciosas de la historia. En los años 20, cuando se regulan los alquileres en Nueva York, la oferta de viviendas se dispara. En los años 40, 50, 60, también son años de boom.
Sobre Berlín no existe ningún tipo de evidencia empírica que afirme lo que dice el profesor Nasarre. Cuando se dan datos sin ningún tipo de base empírica de descensos del 25% de la oferta no se está teniendo en cuenta los impactos del coronavirus, o el impacto de la retirada de viviendas decidida de los arrendadores para boicotear la ley, que es algo que aquí seguramente también veremos, etc. Además añadiría que las regulaciones de alquileres se deben evaluar en periodos largos de al menos cinco años, y aún así es difícil trazar relación de causa – consecuencia.
A la inversa, lo que les plantearía a los críticos de la regulación sería que también hablen de los efectos de la desregulación, porque en las cuatro últimas décadas, desde que se empiezan a deshacer las desregulaciones, lo que vemos es que allí donde se desregula y crece la oferta, el precio de la vivienda se dispara. Lo que nos demuestra la evidencia empírica es que dejar la vivienda en manos del mercado y desregular ha hecho que la vivienda sea más inaccesible, independientemente de si la oferta aumenta y disminuye.
La gran trampa economicista de la desregulación de alquileres es reducirlo a los efectos supuestos que pueda tener en la oferta, sin mirar el conjunto de consecuencias de todo tipo que tienen estas regulaciones. La primera: regular los alquileres reduce de forma drástica muchos de los desahucios que se producirían. La segunda: la regulación de alquileres es una manera de combatir la gentrificación y preservar la cohesión social de los barrios y mantener el tejido comercial de las ciudades, que se pierde en los procesos de desposesión del vecindario. Los efectos positivos son mucho mayor que los negativos.
La gran trampa economicista de la desregulación de alquileres es reducirlo a los efectos supuestos que pueda tener en la oferta, sin mirar el conjunto de consecuencias de todo tipo que tienen estas regulaciones
Pero en estos casos podías aumentar la oferta. Si hablamos de Barcelona, la limitación geográfica dificulta la construcción de viviendas, sean privados o públicos.
Pero Barcelona tiene al menos 10.000 viviendas dedicadas al sector turístico. Además, según el Observatorio Metropolitano de la vivienda, hay un total de 30.000 viviendas que se desconoce por completo dónde están destinadas. Nos podemos imaginar que un porcentaje de estas 30.000 también van al sector turístico, aunque no hay dato oficiales que lo corroboren. Esto es oferta que se puede recuperar y destinar al alquiler tradicional. Barcelona tiene vivienda vacía, por no hablar del área metropolitana. Es falso que Barcelona no pueda incrementar su parque de vivienda social. Hay que hacer vivienda pública y protegida, pero también hay que hacer algo con el 98% de la vivienda que está en el mercado privado.
Si nos fijamos en las ideas urbanísticas del siglo XIX que modificaron y asentaron las morfologías de las ciudades de hoy en día – pienso en el Eixample de Cerdà o en la Ciudad Lineal de Arturo Soria – iban (parcialmente) encaradas a mejorar las condiciones de vivienda de las clases populares. ¿Cuál crees que es el rol del urbanismo hoy en día y qué relación crees que puede tener con las políticas de vivienda?
Las políticas de tipo urbanístico tienen un problema: tienen un potencial para plantear soluciones enormes, pero al mismo tiempo cuesta mucho explicar este potencial y explicar el urbanismo a la gente. El urbanismo, en Catalunya en concreto, permite incidir directamente en la función que pueden cumplir las viviendas. La Generalitat debería desarrollar las leyes de urbanismo con herramientas concretas que permitieran a los municipios justamente garantizar el derecho a la vivienda. Una medida muy concreta: el planeamiento urbano permite en una ciudad delimitar el porcentaje que debe ser para residencia permanente. Una ciudad como Barcelona podría plantear – por decir una cifra arbitraria – que el 95% de todo el stock inmobiliario se destine a residencia permanente, haciendo un régimen transitorio para que en cuestión de un período de cinco años todas las viviendas que no estén en este régimen deban serlo. Estas medidas pasan por el urbanismo.
Explica Thomas Piketty que el factor principal de transmisión de riqueza, y, por tanto, de mantenimiento de desigualdades sociales, es la propiedad. ¿Qué análisis hacéis desde el Sindicat sobre el rol de la propiedad en el mantenimiento – y empeoramiento, en muchos casos – de la desigualdad, y qué tipo de políticas fiscales serían coherentes con el tipo de políticas que defendéis sobre la vivienda?
Piketty nos mostró con datos como los circuitos de riqueza y de acumulación de capital pasan cada vez más por la propiedad y la extracción de rentas, que por la producción de riqueza nueva.
Piketty plantea cosas como impuestos que permitan distribuir la riqueza, así como reequilibrar la desigualdad que genera la desigual distribución de la propiedad. Evidentemente a mí me parece que tenemos que plantear medidas de este tipo. Más que nunca, nacer en una familia donde se hereda una propiedad define tus condiciones vitales y tu futuro. Es el principal vector. Nosotros creemos que la vivienda en sí es un vector de desigualdad. Son necesarias estrategias de redistribución, y aunque en el Sindicat no hemos tenido este debate, sí tenemos claro que es necesario hacerle frente si queremos tener sociedades más justas.
