Los rumores sobre la convocatoria de las elecciones al inicio de la semana eran varios y contradictorios. A medida que pasaban los días, pero, todo parecía indicar que la decisión que tomaría la Mesa de partidos sería la que finalmente se ha tomado hoy.
Si lunes no había ningún partido político que se opusiera frontalmente a celebrar los comicios el 14-F, de cara a jueves solo el PSC optaba por mantener la fecha marcada en el calendario; hablamos de partidos políticos, está claro, porque los sindicatos (CCOO y UGT), Fomento, y Pimec, instaban al Ejecutivo a preservar la fecha de las elecciones. Javier Pacheco (CCOO), en esta línea, se posicionaba en su cuenta de Twitter afirmando que las elecciones eran necesarias «La salud y la economía necesitan liderazgo político y más recursos económicos»; mientras que el secretario general de UGT, Camil Ros, afirmaba que «Si ahora es un mal momento, posponerlas sería mucho peor».
El presidente del Síndic de Greuges Rafael Ribó, exigía, por su parte, que los partidos políticos tenían que hacer una “renuncia a cualquier uso electoralista” de la fecha de las elecciones, y los emplazaba, en la reunión que ha tenido lugar esta mañana, a tomar una decisión consensuada. Pero ya era demasiado tarde. Seguramente, un año tarde.
Ni “derecho en la vida” ni “derecho a la democracia”: política y más política
No hay ninguna duda que, siguiendo criterios estrictamente epidemiológicos, era mejor atrasar la fecha de las elecciones. No hay ningún experto, ni ninguna persona con sentido común, que no considere oportuno evitar aglomeraciones en el actual contexto. Pero siguiendo esta lógica, al aplazamiento de las elecciones también le tendrían que seguir el cierre de las escuelas, de los comercios y, sobre todo, la prohibición para desplazarse al puesto de trabajo. Hoy, como en el inicio de la pandemia, las fotografías de aglomeraciones en los transportes públicos de los principales cascos urbanos se repiten día a día.
Una de las lecciones aprendidas en todos estos meses es que en nuestros sistemas político-económicos, la democracia se puede parar pero la economía, no. Siguiendo criterios epidemiológicos (si por criterios epidemiológicos se entiende que la principal prioridad de un gobierno sea la de frenar la epidemia a todo coste) seguramente se tendría que actuar como hizo China. Pero estamos en Catalunya, y ninguno partido quería quedarse solo en la defensa del mantenimiento de la fecha de las elecciones por miedo a ser acusados de anteponer los intereses partidistas a los intereses sanitarios. Un razonamiento que se tiene que hacer extensible a las decisiones políticas tomadas por todos los gobiernos – sean del color que sean – durante la pandemia.
Es difícil de prever a quién puede beneficiar y a quien puede perjudicar el cambio en la fecha de las elecciones. A priori, y si partimos del hecho que el PSC era el partido con más interés para mantener la fecha de las elecciones, sería también el principal partido perjudicado del aplazamiento. Ciudadanos, por su parte, y ante el desolador escenario electoral que le proyectan las encuestas, podría ser el principal beneficiado, puesto que ganaría tiempo extra de vida para repensar su mensaje de campaña. Pero nadie puede anticipar, todavía, en que cambiará el escenario político de aquí a las puertas del verano.
Se podría especular que con el incremento del número de personas vacunadas los contagios disminuirán, y, lo que es importante, el número de muertes por COVID-19 decrecerán sustancialmente. De cara a mayo, si todo va mínimamente bien, la población de mayor riesgo ya tendría que estar inmunizada. Si estas predicciones sanitarias se cumplen, la campaña electoral pivotará, entonces, alrededor de quien se lleva los réditos (o los deméritos) de la campaña de vacunación.
Si las previsiones del ministro de Sanidad Salvador Illa de que alrededor del 70% de la población estaría vacunada al entrar el verano se cumplen, el candidato socialista podría salir reforzado. Pero también se puede mirar desde otra perspectiva: si el Govern se reactiva y Pere Aragonès consigue erigirse como el gestor eficiente que pretende ser, podría capitalizar la campaña de vacunación como mérito propio y ganar unas elecciones que parecía que se le complicaban cada vez más.
En todo caso, con la decisión tomada, y la nueva fecha establecida para el 30 de mayo, solo queda formularse preguntas en dos sentidos. Por un lado, hay que preguntarse qué se podría haber hecho diferente para haber evitado esta situación: dividir la jornada electoral en dos o tres días? ¿Planificar franjas horarias para los diferentes grupos de edad? ¿Facilitar una campaña masiva de voto por correo con más antelación? ¿Multiplicar los recintos de votación?
Por el otro lado, merece la pena asumir un debate que solo se ha formulado superficialmente, y demasiado a menudo por parte de aquellos que dicen defender la libertad cuando lo que pretenden es imponer una versión extremadamente restringida de ella: ¿Cuáles tienen que ser los límites de los derechos fundamentales? ¿Cómo se estipula la jerarquía de prioridades, y, sobre todo, quién la estipula? ¿Cuál tiene que ser el rol de los expertos sanitarios en las pandemias? ¿Cómo se eligen los expertos sanitarios que tienen que ocupar el lugar de los políticos, cuando bien a menudo esos mismos expertos tienen opiniones contrapuestas?
Son preguntas que ahora quizás ya llegamos tarde a responder, pero teniendo en cuenta que este tiene que ser el siglo de las pandemias, bien haríamos en empezar a formularlas.
