El Partido Popular de Catalunya presentó en junio del 2020 un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos ley 17/2019 y 1/2020, que suman garantías a la ley catalana contra los desahucios (ley 24/2015). Estos dos decretos estipulan que los contratos de alquiler social pasan de tres a siete años, que los propietarios tienen que ofrecer contratos de alquiler social a las personas que estén ocupando un inmueble y se redibuja la figura de gran tenedor, que es aquella entidad en posesión de 15 propiedades. Según los populares, estas leyes, son un “ataque frontal” a la propiedad privada, y cuestiona las competencias de la Generalitat para regular en esta línea.
Así, el PP, sigue el camino que ya inició el 2016, cuando presentó un recurso de inconstitucionalidad para la ley catalana contra los desahucios, que ganó. Dos años después, el texto de la ley se recuperó. Hoy, los movimientos por el derecho a la vivienda se vuelven a encontrar ante la misma batalla legal, que se espera que se resuelva el próximo 25 de enero. Ante esta situación, el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) -formado por la PAH, el Observatori Desc y la Aliança contra la Pobresa Energètica- ha convocado un acto de apoyo con 11 entidades de la sociedad civil y cuatro partidos políticos, que han mostrado su apoyo y compromiso con la ley contra los desahucios.
Esta ley ha parado, el último año, más de 2,200 desahucios en Catalunya (sin contar Barcelona) y “supondría un grave riesgo para las 3.852 familias que esperan ser atendidas en la mesa d`’emergencia de la vivienda”, según Santi Mas de Xaxas, miembro del grupo promotor, quien ha criticado la inacción del PSOE enfrente al ataque de los populares: “el Gobierno nos pide que nos quedemos en casa, mientras permite que nos desahucien”. En esta línea, Conchita Peña, decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, ha pedido a la Generalitat y al Gobierno que finiquiten un acuerdo bilateral para blindar la ley contra los desahucios.
Y es que “la vivienda es el bastión de los derechos fundamentales; siempre lo ha sido y ahora lo es más, en tiempo de pandemia”, ha asegurado Josep Giralt, vicepresidente de la Taula del Tercer Sector, quien ha apuntado que durante la Covid se han duplicado las ayudas a los colectivos vulnerables. El acceso a la vivienda, además de ser un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución, va ligado a otras garantías, como podrían ser el derecho a estar empadronado, trámite sin el cual no se puede acceder, por ejemplo, a los servicios básicos públicos de salud. “Se tiene que empadronar a todo el mundo, también a aquellas personas que, desde la derecha, denominan okupas y delincuentes, como las personas que ocupaban la nave en Badalona. El tiempo nos demuestra que no son delincuentes sino personas pobres que necesitan ayuda”, ha apuntado Antonio López, de la Marea Blanca.
Necesidad de un pacto institucional
Ante las altas posibilidades que el TC suspenda parte del articulado de estas leyes, varios movimientos han pedido públicamente a la Generalitat que desobedezca al Tribunal en caso de que “se recorten derechos y que defiendan a la ciudadanía”, ha espetado Clàudia Ruscalleda, miembro de la campaña Guerra contra Cerberus. Del mismo modo lo ha instado Montse Badia, miembro de la Associació Catalana de Municipis, quien ha recordado que “las leyes se discuten en despachos que están alejados de la trinchera municipal, donde nos encontramos cada día luchando contra la precariedad de familias, mientras tenemos pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre”.
El compromiso con la ley ha sido ratificado por parte de varios grupos políticos, de la mano de los diputados Glòria Freixa (JuntsXCat), José Rodríguez (ERC), Susanna Segovia (En comú Podem) y Eulàlia Reguant (CUP). Los dos partidos de gobierno han hecho llamamientos al PSOE para que “haga las mismas políticas sociales valientes que se hacen en Catalunya”, según Freixa. Por su parte, Rodríguez ha aseverado que “el Estado siempre se alinea con los poderosos”. Ninguno de los dos partidos de gobierno ha querido responder en rueda de prensa a la pregunta de este media de por qué, a pesar de estar a favor de una ley que protege a las familias vulnerables, envían a los Mossos a los desahucios, que usan la fuerza y multan a activistas que se concentran para parar las ejecuciones.
Una vez finalizado el acto, a preguntas de esta periodista, José Rodríguez, ha hecho énfasis en las discrepancias entre ERC y JxCat en la hora de determinar cuál tendría que ser la actuación de los Mossos en estos casos. El diputado ha recordado la moción presentada en el Parlament por los Comuns, que pedía que el cuerpo no pudiera actuar en desahucios de familias vulnerables (moción que solo contó con el apoyo de la CUP, ERC y los Comuns). “Necesitamos mayoría parlamentaria para dibujar un nuevo modelo de orden público”, ha asegurado, a la vez que ha destacado las discrepancias con Interior a la hora de aplicar la ley Mordaza contra los activistas por el derecho a la vivienda. “Por otro lado, los Mossos son policía jurídica, motivo por el cual están obligados a acudir si se tiene que ejecutar un desahucio”, ha recordado el de ERC. Por su parte, Glòria Freixa, de JxCat, ha rechazado hacer declaraciones.
“Una ley que salva vidas”
El portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, ha definido el texto legislativo como “una ley que salva vidas”. Vidas como la de Lucía o Isabel, ambas miembro de la PAH de Barcelona, que se han visto beneficiadas por los decretos ley, cuando su situación era de máxima vulnerabilidad. Lucía se quedó al paro el 2011, con una hipoteca a medio pagar y consiguió negociar con el fondo buitre un alquiler social por 7 años. El caso de Isabel es el mismo: “ganamos en tranquilidad y, si impugnan esta ley, dejarán a miles de personas en la calle”, dice. “La 24/2015 es un claro ejemplo que solo el pueblo salva al pueblo, y seguiremos luchando para defenderlo”, ha apuntado Lucía.
Además de poner impedimentos a la libre concurrencia competitiva y enfrentarse a la propiedad privada, el Partido Popular apunta que esta ley crea “inseguridad jurídica” porque asume que la Generalitat tiene unas competencias a la hora de legislar sobre la vivienda que, según los populares, no le corresponden. Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), el letrado Javier Muñoz desmiente esta afirmación y asegura que la ley “regula sobre los derechos fundamentales. Quién crea inseguridad jurídica y comete invasión de competencias es el Tribunal Constitucional, quien impone aquello que no consigue aplicar convenciendo”.
Así, a una semana de la fecha que determinará el futuro de los decretos 17/2019 y 1/2020, así como de las más de 3.000 personas que esperan ser atendidas a la mesa de emergencia, la sociedad civil ha demostrado un fuerte apoyo a la ley, representado en el acto celebrado a las puertas del Parlament. Han asistido representantes del Grupo Promotor de la ILP (PAH, APE y Observatori Desc), Taula del Tercer Sector, los Colegios del Trabajo Social y de Abogados, de la Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, el Consell Nacional de la Joventut, Marea Blanca, Bomberos, Sindicat de Llogateres, Guerra a Cerberus, y los partidos ERC, JxCat, ECP y la CUP.
