El origen de esta historia viene de lejos, pero la empezaremos en 2014, año que la PAH, la Alianza contra la pobreza Energética-APE y el Observatorio DESC, redactan las bases de una proposición de ley para impulsar una ILP que garantice el Derecho a la vivienda en Catalunya y ganar un país libre de desahucios y cortes de suministros básicos. Un apoyo social absoluto, movilizaciones, escraches y finalmente una mayoría parlamentaria. En verano de 2015, los desobedientes hacíamos historia. ¡Había nacido para quedarse la Ley 24/2015!
Han pasado 5 años y el camino no ha sido fácil. Nunca lo es cuando se trata de proteger a las familias ante los intereses financieros. La Constitución Española es muy clara “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Pero ya sabemos que no es así.
Ni el Gobierno central liderado por el PP, ni los bancos iban a permitir que se los obligara a cosas tan antisistema como ofrecer alquileres sociales previamente a hacer orden de desahucio por impago, fuera hipoteca o alquiler, o la cesión de pisos a la Administración para ampliar el parque de vivienda pública. En un atentado clarísimo al Derecho a la vivienda, en mayo de 2016 se interpuso un recurso de inconstitucionalidad que supuso la suspensión de las medidas que implican las entidades financieras y a los grandes propietarios.
Vinieron años duros. Años en que la banca seguía sin responsabilizarse y los fondos buitre aterrizaban cada vez más numerosos y rapaces. Aun así se pararon miles de desahucios y el movimiento por la vivienda crecía y se multiplicaba en cada barrio, pueblo y ciudad. Las vecinas y vecinos no nos rendíamos, desobedecíamos y hacíamos de dique de contención frente a los especuladores y las administraciones que los protegen.
Seguimos defendiendo nuestra Ley y finalmente el 2018 conseguimos recuperar los artículos suspendidos. Una victoria histórica que estaba lejos de ser la última.
El año 2019, debido a la resistencia de los grandes propietarios a aplicar la Ley 24/2015 y la falta de contundencia de las Administraciones para ejecutar su la aplicación, Catalunya seguía liderando el ranking de la vergüenza, con el 27% de los desahucios de todo el estado. Hacía falta, por un lado, apretar para el cumplimiento de la 24/2015, por otro, era urgente ampliarla y mejorarla para hacerla más efectiva. La Generalitat tenía intenciones de llevar a cabo un Decreto de vivienda, abriendo una oportunidad de oro para incidir y volver a ganar.
El movimiento por la vivienda lo volvimos a hacer. Nueva victoria con los Decreto 17/2019 y su ampliación posterior con el Decreto 01/2020.
¿Qué conseguimos?
- La obligación de hacer alquileres sociales de 3 años, se amplía a 7+3 para los grandes propietarios y a 5 por los estalles.
- Obligación de renovación de los alquileres social
- Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
- Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas y por tanto protegerá más locatarias con amenaza de desahucio.
- Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.
Grandes medidas que amplían la protección de las familias vulnerables y responsabilizan más a los grandes especuladores.
Pero sin dudas, la mesura estrella, la que nadie se esperaba, es la regularización de las ocupaciones. Primero la PAH y desprendido todo el movimiento por la vivienda, llevamos más de una década reivindicando la recuperación de pisos vacíos en manos de la banca y fundes buitres. Pisos pagados con dinero público con el rescate a la banca, un préstamo nunca recuperado.
Ni gente sin casa, ni casas sin gente, no es un simple clamor social, es recuperar la función social de la vivienda. Es justicia hacia las familias desahuciadas sin alternativa habitacional, ante la falta de parque público de vivienda.
Gracias al Decreto 17/2019, los especuladores están obligados a ofrecer:
Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado a la vivienda, sin título. después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven como mínimo 6 meses a la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
Todos los cuentos tienen un origen y un final. Lamentablemente esta historia no ha acabado. Vivimos un nuevo ataque del PP al Derecho a la vivienda. Un nuevo recurso al Tribunal Constitucional puso en riesgo los adelantos logrados con el Decreto 17/2019. Un recurso basado en mentiras, como por ejemplo que este Decreto abre las puertas a las ocupaciones masivas y es un ataque a la propiedad privada. ¿Qué no han entendido de la retroactividad de la medida y de las casuísticas para acogerse a ella? El PP sigue su lógica maquiavélica de vender inseguridad jurídica e inconstitucionalidad a cualquier mejora social que ataque a los bolsillos de los especuladores.
La sentencia del TC será decidida mañana en el Pleno del Tribunal. El PSOE habría podido evitarla, pero no lo ha hecho. El Gobierno de Pedro Sánchez, tenía en sus manos la posibilidad de blindar la 24/2015 llegando a un acuerdo bilateral con la Generalitat, para decirle al Tribunal que dos gobiernos coinciden en que esta ley es constitucional. Lo único que ha demostrado es que ya le está bueno que el PP le haga el trabajo sucio. No blindar nuestra ley es un mal precedente hacia la futura ley de vivienda estatal. ¿Qué garantías nos dan si no son capaces de proteger las leyes autonómicas vigentes?.
Los finales épicos pueden parecer imposibles, pero años de resiliencia nos han enseñado que aquello que parece imposible, solo tarda algo más a hacerse realidad. Seguiremos en pie, como hemos hecho siempre, hasta lograr las leyes que necesitamos para ganar nuestros hogares. Las primeras movilizaciones han sido para denunciar a los culpables de este recurso, las siguientes, de seguir, serán al PSOE y PSC por la parte que les toca.
