El pasado verano el foco mediático se centró durante unas semanas en las Tierras de Ponent, donde las precarias condiciones en que se encuentran expuestos los trabajadores temporales de la campaña agrícola no concordaban con el contexto de pandemia de Covid-19.
La falta de vivienda digna para los temporeros, entre otras carencias que denuncian las organizaciones, provocaron la expansión de brotes de coronavirus en la comarca del Segrià, que fue confinada por el Departament de Salut para evitar su expansión en todo el país.
De todos modos, expertos científicos han encontrado que una variante encontrada en verano entre Aragón y Catalunya se ha exportado por toda Europa y podría haber sido un factor destacado de la segunda ola.
El grueso de la campaña agrícola culminó, los meses han pasado, pero no se han hecho avances en materia de derechos laborales y sociales para los trabajadores temporales que volverán a la próxima llamada, denuncian los agentes sociales que siguen la situación.
Dejadez y falta de voluntad de la administración
Los colectivos que siguen de cerca la problemática de los derechos laborales de los temporeros coinciden en que uno de los problemas más graves es la falta de coordinación y de voluntad de acción por parte de los diferentes niveles de la administración pública. Hace un par de semanas el Departament de Agricultura convocó una reunión de planificación para la próxima campaña, que cobra fuerza cuando comienza la primavera.
Si bien participaron ayuntamientos, el gobierno catalán y el español, la patronal y los sindicatos mayoritarios, los últimos salieron de él bien decepcionados por el contenido del encuentro. “Se convocó tarde y no se habló de que fue bien o mal, sencillamente fue un protocolo”, lamenta Cristina Rodríguez Vila, secretaria general de CCOO de las Tierras de Lleida.
La precariedad laboral nace por las empresas temporales que utilizan las grandes explotaciones, donde no hay ningún control
Muy decepcionada, Rodríguez explica que “no se dieron datos, no se emplazó a nuevas reuniones para dar ideas y cambios estructurales”, sino que “sólo se dieron turnos de palabra”. Una oportunidad que algunos alcaldes, explica la sindicalista, aprovecharon para decir “tonterías” como pedir que se vacune a todos los temporeros “como si fueran animales” o utilizar un vocabulario despectivo que no se utilizaría con otros colectivos laborales.
La secretaria del sector agroalimentario de la UGT-FICA, Alicia Buil, también lamenta la poca utilidad del encuentro de las administraciones con los agentes implicados: “Esperábamos algo más de la reunión de coordinación, no hablar de cuántos kilos de peras cogerán o no”, dice. Buil se queja de la dejadez y “indignidad” de responsables políticos que “desconocen las obligaciones” propias y de las empresas.
Hace referencia a la propuesta presentada en la reunión por parte de algunos alcaldes de instalar una nave industrial que pueda acoger las personas temporeras. “Es una propuesta indigna y demuestra la ignorancia del convenio”, que obliga al empresario a disponer de alojamiento y manutención para los temporeros que residen a más de 75 kilómetros del punto de la explotación agrícola.
Buil, secretaria del sector Agroalimentario de UGT-FICA, también reporta el trato xenófobo de algunos cargos políticos a los temporeros en el marco de la reunión: “Se señaló estas personas como portadoras de la Covid”. Añade que “reciben un tratamiento diferenciado, cuando estamos hablando de personas trabajadoras como en cualquier otra profesión”.
Un convenio pisado y caducado
Los dos sindicatos mayoritarios, así como la asociación Fruita amb Justícia Social, concuerdan en que las pequeñas y medianas empresas cumplen con el convenio y ofrecen unas condiciones laborales dignas para los trabajadores temporales que faenan en las campañas agrícolas de las Terres de Ponent. “La precariedad laboral nace por las empresas temporales que utilizan las grandes explotaciones, donde no hay ningún control”, dice Cristina Rodríguez Vila, secretaria general de CCOO en la demarcación.
Según Rodríguez, el Departament de Treball debe garantizar que las empresas que operan en Catalunya cumplan con lo estipulado en la ley. “Si no pueden hacerlo, exigimos que no ejerzan en nuestro territorio”. Además, recuerda que “los grandes empresarios que ceden la contratación a una empresa de trabajo temporal (ETT) son responsables subsidiarios”.
Entre las vulneraciones más destacadas está el hecho de que la empresa no facilite la vivienda como lo obliga el convenio, la privación de acceso al sistema sanitario, el impago de las horas extras según el convenio o ataques racistas, según ha denunciado la plataforma Fruita amb Justícia Social. Rodríguez Villa añade la contratación ilegal: “Hay explotaciones que contratan personas en situación irregular. Paran furgonetas en los pueblos y cargan trabajadores”, asegura.
Los temporeros pierden su fuerza de protesta porque dependen extremadamente del puesto de trabajo
Además, se da la situación que el convenio está caducado desde 2018, cuando se firmó con una duración única de un año. Este hecho provoca que haya un incumplimiento grave en el aspecto salarial. “De los siete grupos profesionales, cuatro tienen un sueldo fijado inferior al salario mínimo interprofesional, después de que éste haya aumentado“, explica Alicia Buil, de UGT-FICA.
Como recuerda la sindicalista, el salario mínimo interprofesional (SMI) siempre debe ser el mínimo de referencia para los sueldos fijados en los convenios colectivos. Con todo, y dado que está caducado y no se ha actualizado, Buil asegura que hay trabajadores cobrando un sueldo ilegal, en tanto que es inferior al SMI. Además, explica que los cuatro grupos laborales afectados son los más numerosos y donde está el grueso de la contratación para las campañas.
La ley de extranjería, punto clave
La plataforma Fruita amb Justícia Social no fue invitada a la reunión con los estamentos y los agentes públicos y privados del mundo agrícola. Con todo, siguen las campañas de cerca y denuncian las vulneraciones de los derechos. Gemma Casal, su portavoz, valora la temporada pasada como “nefasta” con el añadido del Covid-19, que supuso una “desprotección muy exagerada de la salud de las personas trabajadoras”.
Ahora bien, Casal asegura que la pandemia no cambió tanto las cosas: “Las situaciones de extrema vulnerabilidad se dan desde hace décadas y son muy conocidas en las Terres de Ponent. Ahora sólo ha cambiado que ha salido de los márgenes de nuestro territorio”.
Para cerrar la valoración de la campaña de 2020, añade: “La falta de respuesta adecuada de la administración a obligar a la patronal a cumplir con sus obligaciones generó más racismo institucional y social”. De hecho, para Fruita amb Justícia Social no se puede desligar la problemática laboral de la social, en referencia a la situación administrativa de buena parte de quien trabaja como temporero.
Hay explotaciones que contratan personas en situación irregular. Paran furgonetas en los pueblos y cargan trabajadores
“Si el Estado no hace un paso en la regularización de las personas que trabajan, la situación de explotación continuará”, asegura Casal, quien cree que la inseguridad administrativa de los trabajadores sostiene todo un sistema que trabaja para conseguir la fruta al precio más barato, independientemente de los medios. “La ley de extranjería existe porque necesitamos garantizar unos productos a precios bajos. No se hacen alimentos, sino mercancías para la exportación. Son inversiones que no tienen que ver con soberanía alimentaria”, dice.
A su juicio, la voluntad de maximizar de “grandes empresas exportadoras que comercializan a escala europea y asiática” consiguen dejar la fruta a un precio muy bajo para aumentar beneficios. Esto, a su vez, afecta a unos campesinos con pequeñas y medianas explotaciones que “casi trabajan a precio de coste”. Para poderlo mantener, “hay una mano de obra sin capacidad de reivindicar sus derechos”.
Los temporeros pierden su fuerza de protesta porque dependen extremadamente del puesto de trabajo: “La patronal tiene garantizado que existe un stock de trabajadores que son tratados como mercancía y que se pueden incorporar deprisa porque la gente trabaja para sobrevivir, no para vivir”. En este contexto, y con una temporalidad que no da pie a la sindicación y organización del personal, el mantenimiento del puesto de trabajo lo es todo para mantener los papeles en regla y no ser expulsado del Estado.
Además, explica Casal, “en los contratos de régimen agrario tienes derecho a contratar a la gente por peonadas, y por lo mínima te puedes ir a la calle”. Y con una ley de extranjería que exige demostrar que se ha trabajado para renovar los papeles, “hace que la gente viva con mucho miedo”. La portavoz asegura que “hay gente a la que se le amenaza de denunciarla y deportarla”.
Pocas esperanzas en la próxima campaña
“Se invertirá dinero en la limpieza de la imagen, pero no en medidas que mejoren las condiciones de vida de las trabajadoras”, lamenta Gemma Casal, portavoz de Fruita amb Justícia Social. Cree que no hay interés por parte de la patronal y de las administraciones de arreglar la problemática: “Lo demuestra el hecho de que no haya un acuerdo por un convenio laboral digno”.
En las tareas a mejorar compartidas por todas las administraciones, CCOO insta a los ayuntamientos a facilitar la búsqueda de pisos de alquiler para los agricultores, o bien la adaptación de la red de albergues municipales, a la Generalitat a gestionar a través del SOC la bolsa de trabajadores del campo y al Estado a facilitar la estancia legal de los temporeros.
De los siete grupos profesionales, cuatro tienen un sueldo fijado inferior al salario mínimo interprofesional
La apuesta específica de la UGT-FICA es la creación de la figura del delegado de prevención agrícola que “coordine visitas de seguridad y salud en los trabajos del campo”. Según Buil, esta figura técnica compensaría la problemática de la temporalidad en la contratación: “Estaría encima y es necesaria, porque con los elementos de vigilancia actuales no es suficiente”, apunta.
“Las leyes son las que son y los incumplimientos son clarísimos. Hay que actuar”, defiende la secretaria de Agroalimentario de UGT-FICA, quien también reporta la falta de implicación de las inspecciones de trabajo. “El año pasado solo hubo una llamada de teléfono con el empresario. No es lo que esperábamos por parte de Treball”, dice. Casal, de Fruita amb Justícia Social, cree que “la inspección de trabajo debería multiplicar por diez la mísera plantilla que tiene, y sería necesario que estuvieran presentes en el territorio y hicieran su trabajo”.
Gemma Casal cree que el problema sólo se solucionaría con un nuevo modelo agrario sostenido por la soberanía alimentaria y no por la voluntad de maximizar los beneficios económicos con exportaciones a precios muy bajos. Ahora bien, reconoce la dificultad que las administraciones apunten hacia este modelo: “Quieren los niveles de exportación actual, y les interesa muy poco como se consiga”, asegura.
