Mientras la Covid-19 ha arrasado el mundo, con más de 2,6 millones de casos y 466.000 muertes sólo en Europa, la capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a la pandemia ha estado constantemente en el punto de mira. En este sentido, un informe elaborado por Corporate Europe Observatory, basado en informaciones obtenidas a través de solicitudes de transparencia, concluyó que las privatizaciones de los sistemas sanitarios han mermado la respuesta de los países europeos ante la pandemia.

“Desde los hospitales hasta las residencias, se está aumentando la evidencia de que la subcontratación y la prestación privada de asistencia sanitaria han degradado significativamente la capacidad de los estados miembros de la UE para tratar eficazmente la Covid-19”, comienza señalando informe.

De acuerdo con el estudio, “las presiones de la UE para reducir el gasto público han contribuido a la comercialización del sector de la atención a las personas mayores, así como del sector sanitario, con efectos catastróficos durante la Covid-19, particularmente en las residencias para la tercera edad”.

Según los investigadores, estas privatizaciones y externalizaciones de los servicios públicos “están directamente relacionadas con decisiones políticas animadas por la Comisión Europea, al que se añade que el sector sanitario privado está abusando de la pandemia para presionar para recibir más dinero público, principalmente a través los fondos de recuperación”.

En un momento en que aumentan las evidencias en contra de la comercialización de la asistencia sanitaria, explica la investigación, la Comisión Europea “aceptó la ayuda del gigante de la consultoría privada McKinsey, conocido por su papel en el aumento de la privatización del NHS, el sistema público sanitario británico, en su respuesta a la crisis de la Covid-19”.

Para los autores del estudio, la Covid-19 es un claro ejemplo de los fracasos del modelo privatizado de atención sanitaria. “La lucha contra este modelo es una lucha para los pacientes y los trabajadores, para las personas mayores y con discapacidad, por la justicia, la equidad y los derechos humanos. A medida que se inician los planes para la Unión Europea de la Salud, es vital salvaguardar la naturaleza pública sin ánimo de lucro de la prestación sanitaria en Europa y garantizar que los fondos de recuperación de la Covid-19 no se destinen a los proveedores con fines de lucro”, señala el informe.

Propuestas para fortalecer el sistema

Según los investigadores, la Comisión Europea ha equiparado “históricamente y erróneamente” una mayor eficiencia con una provisión más privada. En este sentido, consideran que para fortalecer los sistemas de salud en Europa, la Unión Europea debería poner fin a las “políticas neoliberales que han provocado recortes presupuestarios perjudiciales y han creado presiones para privatizar y comercializar los sistemas sanitarios y de atención a la ancianos, debilitando así la preparación para la pandemia”.

Concretamente, los autores del estudio destacan que hay que poner fin a la austeridad, empezando por el compromiso de no volver a las normas de austeridad anteriores a la Covid-19, y revisar el sistema de gobernanza económica, implementando medidas que permitan la inversión pública en sanidad. También insisten en la necesidad de eliminar las presiones hacia la privatización, lo que consideran que merma los sistemas sanitarios públicos y el estado del bienestar. “Esto debería comenzar con una revisión de las políticas de la Comisión Europea, que culminaría con una moratoria de todas las políticas que contribuyan a estas presiones, seguida de cambios en las directivas y en los tratados de la UE”, argumenta el equipo investigador.

Asimismo, los autores del estudio piden a la UE que se asegure de que los fondos de recuperación de la Covid-19 se utilizan para fortalecer los hospitales públicos y la prestación de servicios sanitarios, en lugar de hospitales privados con fines de lucro. Esto incluye, dicen, el programa de financiación EU4Health, de 9.400 millones de euros. “La UE debe salvaguardar el futuro y la resiliencia de los sistemas sanitarios públicos sin ánimo de lucro que puedan satisfacer las necesidades de todos”, concluye el informe.

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