El jueves pasado, el Tribunal Constitucional hizo pública la sentencia sobre el último ataque al derecho a la vivienda, orquestado por el Partido Popular. La resolución, aunque no pilla a nadie por sorpresa, no deja de ser indignante: queda suspendido el Decreto 17/2019 catalán y que sigan los desahucios.
El Decreto, ampliaba y mejoraba algunos aspectos, muy necesarios a día de hoy, no incorporados en su momento en la Ley 24/2015. No por nada, simplemente, la realidad de la emergencia habitacional y los desahucios, lejos de solucionarse, se ha recrudecido. Por eso, son necesarias medidas antidesahucios eficaces, no moratorias que solo son meras tiritas a una hemorragia. Medidas que corresponsabilicen a los culpables de la situación y que sean partícipes de la solución.
La ley 24/2015 cumple con este objetivo, obligando a la banca y grandes especuladores a ofrecer alquiler social como medida preventiva para evitar un desahucio. Pero el Decreto 17/2019 iba un paso más allá. Obligaba también a la renovación de esos contratos, ampliando la duración de tres a siete años como marca la LAU. También obligaba a ofrecer alquiler social en caso de finalización de contrato, frenando así las subidas inasumibles. Pero el gran avance social, estaba en la obligación de ofrecer alquileres sociales a familias en precario obligadas a ocupar una vivienda vacía de banco o gran propietario, siempre y cuando ésta se hubiera producido antes del 23 de junio de 2019. Nunca después.
Suspender estas tres medidas, en unos momento en que más del 70% de los desahucios son por impago de alquiler, es de una irresponsabilidad sin precedentes y un atentado directo a derechos fundamentales. De entrada, un mínimo de 3.500 familias, ya han sido empujadas, de manera inmediata, a un desahucio sin alternativa de realojo. De salida, si no se revierte la situación, en pocos meses nos encontraremos ante un nuevo tsunami de desahucios, de aquí el éxito de convocatoria de la manifestación del sábado impulsada por las PAHs Catalanas y el Grupo Promotor de la ILP Habitatge.
Las premisas de la movilización, más allá del stop desahucios, eran claras: interpelar al Tribunal, al futuro Gobierno de la Generalitat y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Primero, denunciar al TC por actuar sin tener en cuenta la vulnerabilidad de las familias, que viven bajo la espada de Damocles y la amenaza de un desahucio. Decirle al Poder Judicial, que basta de servir a los intereses capitalistas y rendir cuentas a la banca, a los buitres y a los políticos a su servicio. Los jueces deben aplicar una interpretación de las leyes basada en el respeto a los Derecho Humanos.
No lo decimos sólo los movimientos sociales y las afectadas, también lo dicen el Tribunal Europeo y Naciones Unidas, con sus múltiples condenas al estado español. Mientras se siga escuchando más a aquellos que celebran la miseria ajena, como la patronal de grandes propietarios, ASVAL o los fondos buitre, no podemos hablar de Justicia. Recordemos que el derecho a la propiedad privado, tan sagrado por jueces y tribunales, es un derecho constitucional limitado por su función social y por el derecho de cualquier persona a tener una vivienda digna.
Aún así, la suspensión abre una ventana de oportunidad, ya que la sentencia no entra a analizar el contenido, desestima las medidas por haber pretendido legislar en forma de decreto y no por Ley. Y este es el mensaje que la sociedad civil mandamos al nuevo Gobierno de la Generalitat: la prioridad urgente para hacer una ley de vivienda que recoja, sin perder una coma, el decreto suspendido. Si hay que cuidar las formas, cuidémoslas.
Pero no podemos quedarnos aquí y debemos ir más lejos. El Gobierno del estado tiene la intención de presentar, en unas semanas, una ley de vivienda ante el Consejo de Ministros. Ya hablaremos con más profundidad otro día de esto, pero hoy toca remarcar que el PSOE podría, si no haber evitado, haber intentado frenar la suspensión, a través de un acuerdo bilateral con la Generalitat y no ha movido un dedo para ello. Ya le está bien tener al PP haciéndole el trabajo sucio para mantener el estatus de aquellos que tienen a la especulación como diosa. Por algo hablamos del mismo PSOE, que en Catalunya no apoyó ni el Decreto 17/2019 cuando tocaba decir si, ni votó a favor de la Ley de regulación de rentas catalana mientras vende humo desde el Congreso con los alquileres.
En resumen, la gente de la calle, las que sufrimos, las que nos organizamos, las que madrugamos todos los días para parar desahucios, lo seguiremos haciendo hasta lograr, a todos los niveles, la ley que necesitamos y no la que los poderosos quieren para seguir manteniendo los privilegios de los ricos.
Este reto social, empieza aquí en Catalunya, por qué lo que tenemos y lo que recuperaremos ha de ser la punta de lanza que marque el camino a seguir. La suspensión de este Decreto no debe ser la excusa que sirva de argumento para seguir desahuciando y negándonos el derecho a la vivienda.
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“No por nada, simplemente, la realidad de la emergencia habitacional y los desahucios, lejos de solucionarse, se ha recrudecido”
Mentiroso, mucho antes de 2015 ya era imprescindible la regulación de la situación de miles de familias que ocupan viviendas, otra cosa es que, desde entonces, las familias os han obligado a los Comunitos a tenerlas en cuenta y que si no se hizo en la ley 24/2015 es porque las familias no cuentan a la hora de redactar o proponer e incluir problemas y mejoras de vivienda. Vosotros, lameculos de políticos Podemitas y Comunitos, a lo vuestro, a seguir entregando viviendas a la #BancaCriminal con la mayor facilidad posible como la Dación en Pago que lo único que hace es legalizar el robo de un hogar.