“Acabemos de una vez con el pujolismo, que construye su discurso político a partir de la premisa, presentada ante la opinión pública como certeza, de que desde Madrid hay un programa secreto para destruir la identidad nacional catalana”. Esta fue la principal de las conclusiones formuladas por Iniciativa per Catalunya (ICV) tras la ‘Comisión Pujol’ en el Parlament.
El PSC afirma en su programa que el 14-F debe ser “un punto de inflexión después de una década que no nos ha aportado nada bueno”. La razón fundamental la expuso el periodista Santiago Tarín en su libro En el Sutnami catalán (Galaxia Gutemberg, 2020): “En el independentismo afloran un neocarlismo y un populismo que subordinan la democracia a una pretendida voluntad popular que se defiende con símbolos y una concatenación de supuestas afrentas”.
A ello, se añade un dato de singular gravedad. El prófugo Puigdemont y sus dos aliados, ante una resolución del Parlamento Europeo que condenaba el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, se abstuvo, mostrando así una tolerancia, inadmisible, ante hechos no solo claramente delictivos, sino que sembraron una justa inquietud en todas las democracias del mundo. Una muestra más del trumpismo que arrastran desde hace muchos años.
Catalunya necesita ya un cambio de rumbo político. Como bien destaca el PSC en su programa, las políticas de recortes económicos y sociales de los gobiernos independentistas ha conducido a una profunda crisis social. Crisis que se ha traducido, según el PSC, en un nivel de vida inferior al de otras comunidades autónomas en cuatro datos esenciales: precariedad laboral, menos oportunidades, menos prestaciones sociales y una cronificación de la pobreza. Ante la tragedia desatada por la crisis del covid-19 y la pandemia que aún sufrimos, el PSC asegura que “la salud es nuestra prioridad”.
El programa del PSC también propone la aprobación de una nueva Ley Electoral, más justa y representativa, que sustituya a la Ley electoral española, que los independentistas, pese a su origen, el Estado español, asumen con todo entusiasmo.
La etapa política que ahora debe concluir deja, además de un desgobierno generalizado, múltiples procesos penales (“Cuarenta y dos altos cargos ante la justicia”, informaba La Vanguardia el 8 de julio del 2019) que los actuales dirigentes deberán seguir afrontando, estén o no en el poder. Deja, también, la intolerable y reprochable pasividad de las autoridades autonómicas ante la permanente violación del derecho a la libre circulación de los ciudadanos en la Avenida Meridiana de Barcelona desde octubre de 2019 hasta nuestros días.
En sus programas, los independentistas se refieren a los procesos penales abiertos como “represión” o como el resultado de la “vigilancia” del Poder Judicial. ¿Con este Procés se pretende dialogar? Parece que el Gobierno de España no supiera que los objetivos políticos de ERC son “amnistía, referéndum y República Catalana”.
Ante esta perspectiva, y desde el respeto a otras alternativas de izquierda, el PSC apuesta por un “buen gobierno, transparente, responsable y que gestione bien el dinero público”. A partir de, como cita en su programa, el concepto de “gob ernanza democrática”. Armonizando Derechos de Ciudadanía y Estado del Bienestar. Se trata de poner fin a las “señales de deterioro democrático” a que se refiere Timoty Snyder, en su libro Sobre la tiranía.
El PSC, en el apartado Contra las prácticas de corrupción en la gestión pública, propone un conjunto de medidas, que me permito complementar con las siguientes. En relación con los partidos políticos, una completa transparencia organizativa y económica y, respecto de esta, un control efectivo, oficial y ciudadano, de su contabilidad y auditorías internas. Impulsar la participación ciudadana en el Portal de la Transparencia sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Ante los elevados índices de procesos penales por corrupción, resulta inaplazable impulsar y garantizar el efectivo funcionamiento del Comité de Ética en la Contratación Pública, tal como exigió la Resolución 1150/X del Parlament (21/7/2015) sobre la Comissió d’Investigació sobre el Frau i Evasió fiscals i les Práctiques de Corrupció Política.
Asimismo, resulta urgente crear los mecanismos públicos necesarios para detectar y perseguir, con la intervención judicial cuando proceda, los riesgos de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de funciones públicas. Para ello, debe reformarse y actualizarse la Llei 13/2005, de incompatibilidades de Altos Cargos, para garantizar una prestación plena y rigurosa de la función pública y un riguroso conocimiento y control de las actividades privadas desarrolladas antes y después del acceso al cargo público. Así como la rigurosa y efectiva sanción de las infracciones cometidas en el marco de dicha ley.
Y, desde luego, desarrollar y aplicar definitivamente las Conclusiones y Recomendaciones del Informe elaborado por el Grup de Treball sobre el Bon Govern y Transparencia Administrativa creado 21/12/2004.
Por tanto, ha llegado el momento de una auténtica regeneración democrática, que incluye el máximo respeto a todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, para recuperarla definitivamente como “comunidad de personas libres”, “solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa”. Para esos fines, constitucionales, resulta indispensable el PSC.
