Vivimos tiempos convulsos: políticas continuistas a las establecidas por la derecha neoliberal y poco avance social. Una nueva muestra de traición política, con rotura de programas y promesas electoralistas, para aquellas que aún se crean algo de quienes solo buscan camelar para alcanzar el poder.
En lo que a vivienda se refiere, hay muestras evidentes de todo esto muy recientes. Centraremos en dos: la suspensión del Decreto 17/2019 catalán y las últimas declaraciones del ministro Ábalos.
En Catalunya, sufrimos el último ataque al derecho a la vivienda con la reciente sentencia del TC. Sentencia supone la anulación de medidas urgentes para evitar los desahucios y frenar la especulación. Estas medidas obligaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social en los casos de renovaciones de alquiler, finalizaciones de contrato y otros supuestos, como las familias que ante la carencia de alternativas, habitan de forma precaria y sin título vivienda vacíos de bancos o fondos buitres.
Ataque orquestado por el PP, pero avalado por la mirada cómplice del PSOE, que no ha movido, ni piensa hacerlo, un dedo para evitarlo. Podría haber firmado un compromiso bilateral con la Generalitat para blindar el Decreto y no lo hizo. Podría recurrir la sentencia y no lo va a hacer, pero sí que ha abierto la posibilidad de ir más allá y recurrir los artículos originales de la ley 24/2015 que marcan la obligatoriedad de los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales.
Este camino trazado en connivencia con las élites financieras, es una ataque a la soberanía catalana y a la democracia en general. En 2015 una mayoría social valiente, puso la vida en el centro y logró que el derecho a la vivienda fuera aprobado por mayoría absoluta en el Parlament. Es indecente que ahora cuatro defensores de los intereses del capital, puedan destruir, desde su estado de privilegios intocables, lo construido.
A principios de mes, el poder popular ya hicimos una demostración de fuerza en la manifestación organizada en Barcelona. El objetivo es claro: recuperar las medidas robadas, forzando al nuevo Parlament a hacerlo en una ley de carácter urgente.
En el ámbito estatal, la cosa no está mejor. Solo hay que hacer seguimiento de la actividad del Ministro Ábalos rebajando un Derecho Humano, reconocido por Naciones Unidas y la Constitución, a un mero bien de mercado. Esto muestra la falta de valentía para plantar cara a la banca, fondos buitre, patronales e inmobiliarias. Es una declaración de principios que pone vidas en juego y sigue dando la espalda al Derecho a la vivienda.
Una de las apuestas del actual Gobierno era la elaboración y aprobación de una ley estatal. Una ley que por sentido común y justicia social, debería ser ambiciosa, marcar un cambio de paradigma y borrar todos los errores cometidos en los últimos 40 años. En lo que llevamos de falsa democracia, solo la PAH había puesto sobre la mesa una ley de estas características. Una ley apoyada desde la oposición por los que ahora vuelven a ser titiriteros de nuestras vidas. Una ley que no avanzó debido a la moción de censura y el posterior cambio de Gobierno. Una ley que sigue el camino trazado por la 24/2015 catalana. Igualar derechos en todo el Estado, no es suspender las leyes autonómicas que funcionan, es promoverlas y extender su aplicación.
Esta semana, la PAH ha cumplido 12 años. Nació como respuesta a la crisis económica de 2008 y los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en las familias hipotecadas. Su primer y mayor, fue cambiar el sentimiento de culpa, miedo y vergüenza que las personas sentían ante una situación que no era culpa suya. Puso la valentía por bandera para darle la vuelta al discurso oficial que nos culpabilizaba por tener la osadía de construir proyectos de vida según el canon establecido: compra y no tires el dinero con el alquiler. Lo que no sabíamos entonces es que estábamos hipotecando nuestro futuro.
Este país acumula más de 1 millón desahucios, millones de lágrimas, más sufrimiento del que se puede tolerar y demasiada sangre derramada. A las que ya tenemos cierta edad, han roto nuestro presente, muchos de nuestros padres y abuelos perdieron el esfuerzo de toda una vida por haber cometido el delito de avalarnos. Ahora están negando el futuro de nuestros hijos que ven como imposible independizarse, acceder a una vivienda y vivir.
No podemos ceder a la presión de los lobbies. Si queremos avanzar como sociedad, debemos ser valientes, anteponer la vida por delante de todo y garantizar la vivienda para ello. La sociedad civil, no podemos seguir tragando las falacias políticas ni el carácter minimalista que está cogiendo la ventana de oportunidad que esta ley estatal debería ser.
Por ello, nace la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la vivienda. Un frente social que ya aglutina y tiene el soporte de más de 80 organizaciones de todo el Estado, que dicen basta.
Tenemos la mayoría social, vamos a por la política, Mientras nuestros derechos sean tratados como bienes de mercado, ni tendremos vivienda, ni tendremos vida. Toca ser valientes, no caer en la trampa ya sea neoliberal o progresista y cuando recuperemos el derecho a la vivienda, podremos recuperar todos los demás. Tendremos un hogar desde donde poder hacerlo.
