En agosto pasado, desde el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat encabezada por Àngels Chacón se impulsó una medida para liberalizar el mercado de las habitaciones turísticas, con este decreto uno puede alquilar parte de la vivienda en donde reside a turistas durante 365 días al año. Esta medida recibió el aplauso de plataformas como Airbnb, mientras que fue rechazada por organizaciones vecinales y vinculadas al movimiento por la vivienda. Ahora, el Ajuntament de Barcelona ha anunciado su intención de prohibir, en toda la ciudad, el alquiler de habitaciones turísticas por menos de un mes.
La situación con respecto a las viviendas turísticas es estremecedora. En 2011, tan solo había 3.500 viviendas en el mercado turístico español. En 2019, ya se habían desviado al menos 413.033 viviendas a ese mismo mercado (la cifra real se estima mucho mayor). En el actual contexto de crisis sanitaria y social, especialmente agravado con la emergencia habitacional, y con una actividad turística en mínimos, estas viviendas permanecen vacías a espera de que la situación cambie. Esto deja en claro lo siguiente: existe un parque de casi medio millón de viviendas que podrían ser alquiladas en el mercado residencial de forma estable, sin inversiones faraónicas en vivienda pública, ni planes a largo plazo.
Es hora de revertir esta irresponsabilidad histórica: hay que devolver estas viviendas al mercado residencial, con alquileres de larga duración y estables. Esto también pasa por hacer frente a la patronal inmobiliaria que, en medio de una crisis de vivienda sin precedentes, pretende seguir especulando con los pisos turísticos. La Asociación de Pisos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha afirmado que el 41% de pisos turísticos se van a poner en el mercado como “alquileres de temporada”: es decir, con contratos de duración variable. Esto no brinda una solución habitacional estable, alquilar un piso por unos pocos meses no permite a nadie armar un proyecto de vida.
Este modelo de negocios además no reporta beneficios para la población local. La realidad es otra: el mercado de alquiler turístico tiende a concentrarse y profesionalizarse rápidamente. Investigadores de la Universitat de Barcelona demostraron que Airbnb en la ciudad es una actividad predominantemente comercial y que ha llevado a un aumento de los precios de la vivienda en la ciudad1. Además la actividad comercial está concentrada en unas pocas manos: en Barcelona la mitad de los pisos turísticos están en manos de 374 propietarios2.
La liberalización del mercado de habitaciones turísticas además lleva consigo una importante irresponsabilidad. La ex-consellera d’Empresa i Coneixement, sabía que no existe la capacidad para asegurar las condiciones mínimas exigidas para el alquiler de habitaciones, como por ejemplo que pueda haber hasta un máximo de 4 personas en las habitaciones al mismo tiempo. Desde un punto de vista sanitario, tampoco tiene la capacidad de asegurar que estos alojamientos sean seguros tanto para turistas como para quienes viven en el mismo edificio que estas habitaciones. Poder alquilar una habitación por 365 días y hasta 4 personas como máximo implica una enorme distorsión para los vecinos de estas habitaciones, y no es compatible con una vida residencial.
Por estos motivos, la medida adoptada por el Ajuntament de Barcelona es la correcta. Si queremos frenar la especulación con la vivienda y aumentar la oferta en el mercado de alquiler residencial, resulta del todo imprescindible regular el alquiler de habitaciones turísticas, no saldremos de la crisis repitiendo las recetas que nos hicieron vulnerables desde un principio. En Barcelona y en todas las ciudades que tengan un compromiso con el derecho a la vivienda.
