El sindicato UGT de Catalunya ha presentado el informe “Un año de Covid-19: impacto laboral, económico y social” en rueda de prensa a través de su secretaria de Política Sindical Nuria Gilgado. Las principales conclusiones del estudio aportan que 4 de cada 10 personas trabajadoras han sido afectadas por un ERTE durante este año. Y dicho de otro modo, cerca de 1,3 millones de personas han sido afectadas en Catalunya por una situación de suspensión -total o parcial- de su contrato de trabajo. Otros datos relevantes dicen que la contratación total acumulada ha sufrido un descenso del 33,07% respecto al año 2019. La hostelería ha sido, y sigue siendo, el sector económico donde más ha disminuido la contratación laboral. De marzo a septiembre se firmaron 255.088 menos que en el mismo periodo que el año anterior, es decir, un decremento del 72,4%.
En cuanto al impacto sobre el empleo en los establecimientos afectados por el Covid-19, el 59,6% ha aplicado una suspensión temporal de trabajadores, y el 57,6% no han realizado la contratación prevista. El 43,9% del total de establecimientos aún no han podido recuperar todos los trabajadores en ERTE. Lo que quiere decir que todavía hay todos estos trabajadores enlazando expedientes de regulación temporal de empleo y todo lo que ello supone para sus vidas desde hace un año.
Desde UGT denuncian una constatación que aseguran que ya conocían de antes. «La crisis del Covid-19 nos ha mostrado con toda crudeza que teníamos un mercado de trabajo especialmente marcado por la temporalidad, la precariedad y con pocos derechos, consolidado por la reforma laboral del 2012 y que está dejando muchas personas en situaciones de vulnerabilidad» a su entender, los datos sobre el paro y contratación reflejan claramente las consecuencias en las personas trabajadoras de la crisis social, económica y sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y, la facilidad con la que se destruye empleo como consecuencia de un modelo de mercado de trabajo basado en la temporalidad y la precariedad laboral. Así, para el sindicato esta crisis ha expuesto las carencias del mercado de trabajo, tan precario e inestable, pero también ha dejado «ver las fracturas que ha provocado el insuficiente escudo protector de unos servicios públicos recortados en todos los aspectos, y el escaso financiamiento que durante muchos años se han dirigido a la sanidad y a la atención de las personas».
Así, el hecho de que el virus haya tensado de esta manera el sistema sanitario, que se creara un estado de alarma que después también se alargó y quedó así paralizada toda la actividad esencial, para Gilgado ha tenido muchas consecuencias que son las que intentan traspasar en este informe. Asimismo afirman que esta crisis no la tienen que volver a pagar los mismos de siempre y que por ello es necesario que se pongan todas las medidas que sean necesarias. En este sentido, Gilgado dice que se tiene que «destacar la importancia de los servicios públicos, el importantísimo papel que han hecho los trabajadores del ámbito público, del ámbito sanitario, pero también de todos los servicios esenciales». Sigue explicando que «trabajos que normalmente no tenían un valor social han tenido mucha importancia». Sería el caso del transporte, de fábricas, de tareas de limpieza en el ámbito sanitario pero también en todas partes o aquellos trabajadores del ámbito social y el que «nos cuida y alimenta». Normalmente, sigue Gilgado, estos trabajos son las que peores condiciones tienen y son mujeres en la mayoría de los casos con salarios de miseria y condiciones muy precarias.
En esta línea, Gilgado también denuncia una caída del PIB sin precedentes. En Catalunya ha habido un decremento del 11.4%. El PIB tuvo una fuerte recuperación en el tercer trimestre cuando se empezaron a sacar parte de las restricciones hasta subir al 16,2%. Gilgado explica que cuando empeoraron los datos epidemiológicos, cayó la productividad de nuevo. Que haya habido esta afectación tan grave del PIB para Gilgado, y para UGT, se debe al mayor peso que tenemos puesto a los agentes de interacción social como serían el turismo, el comercio, el ocio… Y remarca también que todo por la importancia del PIB al turismo extranjero. Apunta así que las previsiones para el 2021 tendrán que ver con las condiciones de la vacunación.
52.917 personas se encuentran en ERTE desde hace un año
Con esta oscilación, quien más ha sufrido han sido las familias que tienen menos poder adquisitivo, ya que han tenido que utilizar más poder adquisitivo también para asumir la subida de los precios. Solo un mes y medio después del estallido de la pandemia, a finales de abril de 2020, había 700.000 personas en ERTE. Según los últimos datos, en el periodo marzo 2020 a enero 2021 se han presentado un total de 133.386 expedientes que han afectado 1.080.460 trabajadores. Del total de ERTE presentados en la primera ola de la pandemia (de abril hasta octubre), hoy todavía 52.917 personas se encuentran en esta situación en Catalunya. Y, de ellas, 34.106 se encuentran en ERTE por fuerza mayor. Además, 137.985 personas también están en situación de ERTE como consecuencia de la prórroga de este mecanismo para dar respuesta a la segunda ola del Covid-19. De estas, 20.651 personas están en ERTE por impedimento, 66.441 personas por limitación, 42.906 personas son de sectores especialmente afectados y 7.987 forman parte de la cadena de valor de los ámbitos más castigados. Así, al finalizar febrero de 2021, las personas que continúan en ERTE son 190.902, de las cuales, el 51,18% son mujeres.
Ante estos datos que sitúan a miles de personas en unas condiciones de incógnita total ante el que les vendrá, Gilgado ha aprovechado también para denunciar muchas empresas que «se han aprovechado de dinero público poniendo ERTE que en realidad no estaban justificados». «Nos hemos encontrado ante empresas que han aprovechado esta situación para no pagar prestaciones, no pagar salarios, defraudar y aprovecharse de una herramienta extraordinaria en situación de crisis sanitaria», añadió Gilgado.
Desconfianza ante posibles ERE masivos
Desde esta denuncia, han aprovechado también para recordar cuál ha sido la situación del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) de desbordamiento. Entienden que encontrarse así podía ser lógico durante el primer, incluso el segundo mes, ya que era imposible asumir este gran número de expedientes, pero apuntan también que la problemática ha venido cuando meses después aún continuaban con muchas incidencias y trabajadores que no estaban cobrando la prestación. «Esto ha dado lugar a que familias hayan estado sin cobrar una prestación durante meses», apuntó Gilgado quien además se ha mostrado pesimista ante los Expedientes de Regulación del Empleo (ERE) que ya se han anunciado para este año.
Durante el año 2019 se presentaron en Catalunya un total de 403 expedientes de regulación de empleo que afectaron a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras. Esta cifra, ya supuso entonces un incremento del 33,2% en el número de expedientes presentados, porque se presentaron 134 expedientes más durante el 2019 con respecto al año 2018. En cuanto al número de trabajadores afectados, el incremento del 2019 respecto el 2018 ascendió al 44%, es decir, afectaron 4.428 personas más. Alertamos, sin embargo, de que a pesar de la figura de los ERTE, 7.936 trabajadores perdieron su trabajo durante el año 2020 como consecuencia de un ERE de extinción (1.757 trabajadores más que en 2019): 4.778 personas del sector servicios y 2.584 personas del sector de la industria. Datos que, explican, no incluyen los procedimientos resueltos desde el Ministerio de Trabajo que afectan a más de una Comunidad Autónoma. A partir de ahí, desde UGT declaran que las cifras del mes de enero no les dejan ser demasiado optimistas, ya que la tendencia de empresas que presentan expedientes de regulación de extinción sigue siendo al alza. Sólo durante el mes de enero, 33 empresas presentaron un ERE de extinción y dejaron sin trabajo más de 1.000 personas. Gilgado ha denunciado que muchos de los ERE que se presentan no tienen una causa económica como tal, ya que no se trata de empresas con pérdidas en Catalunya, sino que son decisiones estratégicas quizá por abaratar costos a otros países.
Solo teletrabaja un 17,9% de la población ocupada
Otro de los elementos que tratan en el informe es la irrupción del teletrabajo. Aseguran bandos de la pandemia, el teletrabajo no era una opción que tuvieran en cuenta las empresas. Según datos del INE, durante el 2019, en Catalunya, el 91,3% de la población ocupada asalariada no había teletrabajo ningún día. Solo el 4% lo había hecho ocasionalmente y el 4,6% lo había hecho más de la mitad de los días trabajados. Estas cifras situaban el estado y Catalunya en la franja baja en comparación con el resto de países de la Unión Europea, y reflejan que el teletrabajo no ha sido nunca una opción prioritaria para las empresas del estado.
Es evidente que el teletrabajo no es una medida extensible a todas las actividades, pero según los cálculos del sindicato, el 57,18% de la población asalariada en Catalunya (1.668.873 trabajadores) podrían ser potenciales trabajadores no presenciales. Sin embargo, según los datos de que disponen, sin embargo, si bien es cierto que la pandemia disparó el uso del teletrabajo y el 21,2% de la población ocupada de Catalunya teletrabajo, durante el tercer trimestre de 2020 y coincidiendo con la segunda ola de la pandemia, el porcentaje ya se redujo hasta el 17,9% de la población ocupada.
Ante esta reivindicación sin embargo, no dejan de recordar que las mujeres trabajadoras han estado especialmente afectadas por la crisis sanitaria debido a la caída de la red de cuidado y atención, tanto formal como informal. «El Covid-19 ha pasado factura a las mujeres, que han tenido que combinar el teletrabajo con la atención y cuidado, poniendo en peligro su bienestar y salud laboral», dicen en el informe.
Más allá de las situaciones sobrevenidas por la pandemia, el informe quiere destacar la función que durante estos meses ha tenido la acción sindical para mantener puestos de trabajo, para garantizar la actividad de los pequeños negocios y de las empresas, para cuidar la salud de las personas trabajadoras, para defender los derechos laborales y sociales de las personas, para contener la pobreza y evitar el incremento de las desigualdades, y «para superar esta crisis y no dejar a nadie atrás». Así, en el informe se hace una recopilación de las medidas acordadas en diferentes ámbitos de intervención (mercado de trabajo, protección de rentas, atención a la ciudadanía, contención de la pobreza…) para reducir el impacto de la pandemia sobre las personas, y se apuntan los retos a los que dicen que debemos hacer frente para la recuperación y reactivación económica.
Un gran retroceso desde la crisis de 2008
Hay que hablar de retos, porque la situación actual muestra que si bien el año 2019 terminó con una tasa de paro del 10,45% en Catalunya, el segundo trimestre de 2020 la tasa de paro se situaba en el 12,78 %, 2,33 puntos más que la del último trimestre de 2019, y el año finalizó con una tasa de paro del 13,87%, 3,4 puntos porcentuales más que el mismo período del año anterior.
UGT cree que si en 2019 nos encontrábamos muy lejos aún del inicio de la crisis económica de 2008, cuando la tasa era de un 6,5%, «parecía que íbamos por el camino de la recuperación». Aunque añaden que seguían denunciando «la falta de un modelo económico y productivo fuerte basado en el conocimiento y la sostenibilidad, la excesiva dependencia del sector turístico, la precariedad y la inestabilidad laboral instaladas en el mercado de trabajo, el hecho que la recuperación económica no revertía en las personas trabajadoras, que a pesar del aumento de los beneficios empresariales los salarios no mejoraban, que había más temporalidad, más parcialidad no deseada, más paro juvenil, menos protección social y que todavía no se habían recuperado los niveles de antes del inicio de la crisis». Así, aunque todavía veían todas estas carencias, creían que poco a poco iba mejorando el panorama. Un panorama que ahora con la pandemia ha estallado de nuevo, ya que «la pandemia ha dejado al descubierto la alta capacidad de destrucción de empleo de nuestro mercado laboral, basado en la temporalidad y la precariedad de los puestos de trabajo, y que ha afectado especialmente las personas jóvenes, las mayores de 45 años y las personas inmigrantes».
Las personas jóvenes, una vez más, han sido gravemente afectadas por la crisis, con un incremento anual del paro del 43,04%, pasando de 29.277, antes del inicio de la pandemia, a 41.879 jóvenes en situación de desempleo en febrero de 2021. Las personas de más de 45 años también sufren la crisis de una manera visible, con un incremento del paro de un 21,9% entre febrero de 2020 y febrero de 2021. En total, 258.047 personas en paro, que representan el 50,37% del total registrado. El paro registrado entre los inmigrantes también experimenta un fuerte aumento durante la pandemia, pasando de 82.585 personas en situación de desempleo en febrero de 2020 a 118.881 personas en febrero de 2021, lo que supone un incremento de un 43,95% en un año.
La destrucción de empleo este año ha supuesto 137.500 empleos menos que el cuarto trimestre de 2019, y destacan fundamentalmente las 99.900 personas menos ocupadas a los servicios y las 30.500 personas menos en la industria. Y más datos que sustentan la precariedad del mercado serían que el incremento de la tasa de paro femenina ha sido de un 4% y la del paro juvenil de un 11,90%, situándolas en el 14, 97% y el 38,12% respectivamente. La tasa de temporalidad vuelve a subir hasta el 19,81% (el 21,74% en el caso de las mujeres y el 59,76% en el caso de las personas jóvenes). Y además, la tasa de parcialidad se sitúa en el 14,21%, pero que para las mujeres alcanza el 21,55%. Y al final, también como apunta Gilgado, la crisis de los salarios también implica menos cotizaciones y, por tanto, peores servicios sociales.
