La ciudadanía, cuando vota, expresa las preferencias que, en un sistema parlamentario como el nuestro, deben traducirse en una propuesta de acción política de gobierno capaz de obtener el apoyo mayoritario de los diputados y diputadas para representar lo que se expresa en las urnas. Estas dejaron muchos mensajes, tanto de los que no fueron a votar, por desencanto con la estrategia independentista o por desinterés con las mismas elecciones, como los que votaron y configuraron diferentes mayorías políticas posibles, mostrando la pluralidad y transversalidad social.
Desgraciadamente el ejercicio de traducir votos y escaños en propuesta política de gobierno ha sido viciado de inicio, por los vetos cruzados, los “cordones sanitarios” a fuerzas democráticas no independentistas y los chantajes emocionales entre las fuerzas nacionalistas. Esto explica las trece inútiles semanas de una negociación que acaba exactamente igual que comenzó, con la continuidad de una forma de gobierno conocida, fracasada políticamente, limitada en la acción de gobierno y excluyente en la comunicación con la ciudadanía. Nos abocamos a repetir la fórmula que estos años ha degradado las instituciones de autogobierno, ha hecho perder peso económico y dinamismo innovador en el país y ha aumentado las desigualdades sociales.
Hemos perdido demasiado tiempo para tan magro resultado. La resignación a repetir una fórmula de gobierno, cuando se sabe lo que da de sí y se constatan las tensas y competitivas relaciones entre los socios de gobierno, no da mucha esperanza. La larga y conflictiva negociación evidencia que seguirá el chantaje permanente entre socios y el recurso a tachar de “traidores”, “botiflers” o “ñordos” la menor veleidad de transversalidad política o de gradualidad en los objetivos.
El Parlament más de izquierdas desde la restauración de la Generalitat no ha podido materializar esta mayoría en un proyecto de gobierno transversal de progreso. La lógica de una mayoría independentista del 52% se ha contrapuesto en todo momento a la realidad de una mayoría social y política de izquierdas del 60%. Sin duda hay responsabilidades a repartir: de la incapacidad de unos de librarse del chantaje permanente, a la de los demás de no aceptar que en política si no puedes liderar debes facilitar que las cosas avancen en determinado sentido.
En todo caso, desde En Comú Podem hemos intentado romper la disyuntiva entre resignación a repetir gobierno o inacción para repetir elecciones. Pero no ha tenido éxito. Las posibilidades de construir una fórmula alternativa de gobierno en minoría de izquierdas, soportado por una amplia mayoría parlamentaria de izquierdas, que garantizara las políticas de cambio para la reconstrucción económica, social y política, no ha sido posible. Hemos visto que cuando esa puerta se ha abierto, cuando alguien ha vislumbrado que era factible y posible, se ha apresurado a mover pieza para reconducir a la derecha nacionalista en la sala de máquinas del gobierno.
Estamos, pues, a las puertas de la reedición de un gobierno de Junts y ERC. Presidido por ERC, sí, pero con una posición determinante de la derecha nacionalista representada por Junts. Esto aleja, temporalmente, la esperanza de un gobierno transversal de izquierdas, que aborde las transformaciones que necesita el país y que requieren de amplias mayorías políticas y sociales. Ni el 52% da la fuerza suficiente para resolver el conflicto político en relación al futuro nacional de Catalunya; ni el 60% permite las grandes transformaciones estratégicas para la recuperación económica y social y abordar el reto climático. Hacen falta grandes consensos sociales y políticos, lejos de los bloques cerrados y gobiernos frentistas. Sólo con la participación y la concertación social y política dispondremos de la palanca de los cambios; y con la cooperación y colaboración entre instituciones tendremos el motor del progreso económico y social.
La plasmación en el documento de bases para el acuerdo de investidura de las propuestas de gobierno evidencian poca ambición y muestran las contradicciones de un gobierno que, con un Presidente de izquierdas, deja la dirección económica y fiscal del país en manos de la derecha nacionalista de siempre. Los retos que el nuevo gobierno tiene delante requerían más concreción y más ambición. Sobre todo porque han sido más de 90 días negociando y llevan años gobernando como para ser más exigentes a la hora de explicar qué quieren hacer y cómo.
Más allá de la crisis sanitaria y sus efectos en relación con la destrucción de actividad económica y de empleo y el aumento de las desigualdades, los graves desequilibrios sociales, territoriales, económicos y el conflicto político nacional, ya estaban presentes antes de la pandemia. Ahora toca abordarlos en paralelo a los retos climático, feminista y digital. El reto climático debe comportar grandes transformaciones en las formas de producir y distribuir la riqueza. El reto feminista no es sólo de igualdad, que también, es cultural y de formas de vida, de organización social, de compartir en vez de competir. Y el reto digital, que si bien puede mejorar las estructuras materiales de la sociedad, también puede interferir los derechos laborales, las relaciones sociales y los comportamientos individuales y colectivos.
Las bases del acuerdo de gobierno están lejos de la ambición necesaria para construir el futuro transformando y superando los desequilibrios del presente. Lo que debería ser la herramienta estratégica más potente disponible en la legislatura, los fondos europeos Next Generation EU, quedan atrapados en la lógica inestable de la coalición de gobierno. Se obvia que toda su potencialidad sólo puede derivarse desde grandes acuerdos entre los agentes económicos y sindicales, a través de la concertación social que garantice la transición justa de los cambios necesarios, del compromiso del mundo universitario y la investigación, y de la implicación de todos los niveles de la administración, incluida la local y la cooperación con el estado y de otras comunidades autónomas, que garanticen equilibrios territoriales y racionalidad en las inversiones.
La falta de ambición del nuevo gobierno se manifiesta cuando la responsabilidad de economía y hacienda otorga a la fuerza que comulga con la cultura mercantilista y que cuestiona el valor de lo público, que hace bandera de los regalos fiscales y facilita la descentralización y externalización productiva. Sin un sector público fuerte y dinámico y sin servicios públicos bien dotados, con plantillas suficientes, estables, calificadas y valoradas, difícilmente abordaremos las grandes transformaciones ni resolveremos los graves desequilibrios y desigualdades sociales.
Incluso es poco ambicioso en la estrategia para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el estado. Parece resignarse a la lógica de bloques irreconciliables de los últimos años. Instalado en la bandera del 52% se renuncia a dibujar un horizonte de país donde quepa el 80% de la ciudadanía. Sin amplios consensos sociales el conflicto político entre el gobierno de Catalunya y el Estado corre el peligro de enquistarse y de expulsar cada vez más catalanes de un futuro nacional inclusivo y con más y mejor autogobierno.
Han tenido que pasar más de 90 días para terminar proponiendo un gobierno de continuidad, no de transformación; instalado en la estrategia del 52% por la renuncia a una estrategia de país. Las bases del acuerdo, ambiguas y contradictorias, y la configuración del gobierno, parcelado e incoherente, anuncian ya contradicciones entre las políticas públicas, económicas o ambientales y autolimita la vida en dos años. Sin propuesta de refuerzo del sector público, ni apuesta por los servicios públicos será difícil, por no decir imposible, liderar las transformaciones del país.
Estamos, pues, ante una oportunidad perdida. Porque si bien es mejor que repetir elecciones, había otras alternativas mejores a un gobierno que nace de la resignación y la falta de valentía. Porque lo peor es seguir proponiendo política de trincheras cuando es en las plazas, y bajo cielo abierto, donde podemos construir, desde la participación y la concertación social y con amplios consensos políticos, las transformaciones que el país y su gente necesita.
Pero ahora apenas empieza la legislatura y la alternativa a la resignación, que más temprano que tarde llegará, se tendrá que desplegar en el día a día parlamentario, desde el control y crítica a la acción de gobierno, pero también y sobre todo con propuestas de acción, instando a gobierno y oposición a consensuar medidas políticas que den respuesta a las urgencias del país y hacerlo desde amplias mayorías inclusivas.
