“El uso de las migraciones como arma política es la consecuencia directa de nuestras propias políticas de externalización.” Según la investigadora del área de Migraciones del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), Blanca Garcés, la teatralización del caos de estos últimos días en la ciudad autónoma de Ceuta responde a una intención coercitiva por parte del estado marroquí. La aglomeración en pocos días de 8.000 personas en la frontera española es una demostración del poder que le ha otorgado el estado español en el estado marroquí al convertirlo desde hace décadas en el guardián de sus propias fronteras.
Esta demostración de poder no es excepcional. El 26 de julio de 2018 saltaron la valla de Ceuta más de 600 personas y el 22 de agosto 100 más, después de que el Ministro de Agricultura marroquí lanzara una advertencia a la Unión Europea sobre los riesgos que los “flujos migratorios” se reanudaran si los acuerdos en materia agrícola y de pesca con Marruecos no se respetaban. Un ejemplo entre muchos.
Tampoco es excepcional que España practique las devoluciones en caliente en todas y cada una de estas entradas en Ceuta o Melilla. Una práctica absolutamente contraria al derecho internacional, que consagra el derecho individual a un recurso judicial y a que cada caso sea examinado de forma individual, especialmente en el caso de los menores, colectivos en especial situación de vulnerabilidad y potenciales solicitantes de protección internacional.
La derecha y la ultraderecha no han perdido la ocasión para criminalizar a las personas que han conseguido llegar a Ceuta y a intentar avivar sensaciones de miedo y descontrol mediante discursos xenófobos y racistas. Lo hemos visto también en las Islas Canarias, donde solo en el mes de noviembre llegaron 8.000 personas sin, una vez más, toparse con excesiva vigilancia de acuerdo con el testimonio de las personas que hicieron la travesía.
El marco actual, también por el contexto de crisis social y económica derivada del Covid-19, favorece demasiadas veces los discursos de la derecha. Porque reclamar a Marruecos más vigilancia o no utilizar las vidas de miles de personas como moneda de cambio para ejercer presión política no hará cambiar la situación actual. No cambiará que miles de personas cada año se vean en la necesidad de marcharse o huir de su casa buscando el espejismo del sueño europeo. Lo que puede empujar hacia cambios estructurales y sustanciales es dejar atrás la perspectiva securitaria y colonial de la política de exteriores y de externalización de fronteras, poner en el centro los Derechos Humanos y abrir vías libres y seguras. Porque fuera del foco mediático las vulneraciones de derechos en la frontera sur pasan cada día.
Y hoy no son sólo los Estados y la Unión Europea que tienen un papel fundamental en la cuestión. También las Comunidades Autónomas y las ciudades pueden contribuir a la reubicación de personas en situaciones de emergencia, como ha anunciado la Comunidad Valenciana para acoger a menores de edad llegados a Ceuta o como ha hecho Barcelona para acoger a personas que habían llegado a las Islas Canarias. Mientras que ni la demostración de fuerza del estado marroquí ni las devoluciones en caliente son una excepción en la frontera sur, lo que puede ser excepcional es el momento para cuestionarlo.
