Últimamente oímos hablar de un concepto que resulta noticia: el edadismo, que significa, en general, discriminación por motivos de edad. La palabra no es nueva, pero nunca habíamos oído hablar como ahora. El término se definió por el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler en 1968, quien describió tres componentes conectados entre sí: las actitudes perjudiciales hacia las personas mayores y la vejez; las prácticas discriminatorias contra las personas mayores; y las prácticas institucionales y políticas que perpetúan los estereotipos sobre las personas mayores. Posteriormente, el término se ha utilizado también en relación con otros grupos de edad.
El actual momento de pandemia y de transformación del sistema asistencial es una ocasión idónea para reflexionar sobre el fenómeno.
La edad es un factor biológico que influye en la salud de las personas, pero la edad y otras causas biológicas no son las únicas que determinan el grado de salud o su calidad, ni la esperanza de vida. De hecho, se calcula que los factores biológicos sólo son responsables de alrededor del 15-20% de nuestra salud. El resto depende de lo que se denominan determinantes sociales, que son la estructura social, política, económica y cultural, las condiciones de vida y de trabajo, el medio ambiente, o los recursos materiales de que disponemos para vivir (como la vivienda, el nivel de ingresos, la carga de trabajo reproductivo, etc.). Estos determinantes no afectan de la misma manera a todos, y se han descrito lo que se llaman ejes de desigualdad según los cuales los recursos existentes se distribuyen de manera desigual y crean injusticias determinadas por factores sociales. La edad es un eje de desigualdad también en el seno del sistema sanitario.
La pandemia ha hecho visible una realidad que ya existía antes: la de miles de personas mayores que viven en residencias y no tienen el mismo acceso a la atención sanitaria que el resto de población. De manera mayoritaria, no se hace cargo el sistema público de salud, sino empresas privadas concertadas con la Generalitat, que actúan al margen de los servicios de atención primaria y, a menudo, con una calidad muy por debajo de la que ofrecen estos. En Catalunya son más de 60.000 de personas distribuidas en un millar de residencias. Fueron noticia los problemas que sufrieron durante la primera ola de la pandemia y el «rescate» que tuvieron que hacer los equipos de atención primaria públicos. Por ahora no hay una solución satisfactoria, continúan los conciertos con las empresas privadas que demostraron sus limitaciones, mientras que la atención primaria no interviene, o lo hace de manera parcial, en los centros.
El cierre de centros a raíz de la pandemia, en especial a la atención primaria, está originando problemas en la accesibilidad que afectan más a la gente mayor, tal y como ha alertado Amnistía Internacional en su Informe «La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la Atención Primaria en España» . Al inicio, se cerraron más de 400 centros de atención primaria y consultorios locales. La mayoría de estos últimos permanecen cerrados en la actualidad de manera incomprensible e injustificada. Las personas mayores, que están más enfermas y necesitan más servicios de proximidad, son quienes más los pierden porque tienen dificultades para desplazarse a otra localidad. Poblaciones como Sta. Coloma de Cervelló, Dosrius o Cabrils… reclaman la reapertura de los consultorios.
Las tan pregonadas nuevas tecnologías y sus aplicaciones (internet, mi salud, el e-consulta) o el simple teléfono que se han impuesto a la atención primaria funcionan como barreras de acceso presencial para todos, pero se comportan como verdaderos factores de discriminación para las personas mayores, a menudo con disminuciones sensoriales, que no tienen las habilidades para usarlas, o simplemente no disponen.
Otras desigualdades ya se podían observar antes de la pandemia en un tema tan relevante como la prescripción de medicamentos. Las personas mayores están sometidas a más polimedicación, Es decir, toman más de cinco fármacos. En España, entre la población mayor de 65 años no institucionalizada, la polimedicación se sitúa en torno al 50%. Es cierto las personas mayores presentan más patología, en concreto, el 70% tiene enfermedades crónicas, un promedio de cuatro para cada persona. Pero también es cierto que un tercio de los medicamentos que toman no tienen una indicación clara. La polimedicación se asocia a la presencia de efectos adversos, que son más frecuentes en las personas mayores. Se considera que las reacciones adversas afectan prácticamente el 100% de personas cuando toman 10 o más fármacos. Reacciones adversas que pueden llevar a un ingreso hospitalario o, incluso, a la muerte.
Otro terreno de discriminación por edad es de la investigación. Los ensayos clínicos de medicamentos frecuentemente no incluyen ancianos o lo hacen con gente mayor sana, que no es representativa de la población a la que después se aplicarán. Este hecho ha quedado visualizado con las vacunas para el Covid-19. En los ensayos previos a la comercialización la representación de la gente mayor era baja, alrededor del 4% de mayores de 75 años en el caso de Pfizer. Lo mismo está pasando con la investigación de los tratamientos, en los que sólo participan un 50% de personas mayores. Esto hace que se desconozca de entrada tanto la efectividad como los efectos adversos en este numeroso grupo de población.
Se puede hablar todavía de más desigualdades en el sistema sanitario hacia las personas viejas, por ejemplo, en el trato. A menudo se observa una infantilización que conlleva pérdida de autonomía y ataca la dignidad, como no preguntar la misma opinión, preguntar a los hijos, tratar con una familiaridad que no toca, o hablar en general de los «abuelos». O las actuaciones excesivas y peligrosas, como algunas intervenciones supuestamente preventivas basadas en la realización de pruebas y en la prescripción de medicamentos (vitaminas, minerales, protectores de estómago, por la demencia…) que aumentan la dependencia del sistema sanitario y hacen crecer la bolsa de polimedicación y sus efectos adversos. En el sistema privado la discriminación es aún mayor. Por ejemplo, a partir de cierta edad, las compañías de seguros no admiten nuevos clientes, o incrementan el precio de las pólizas, porque los viejos no son rentables.
En resumen, el sistema sanitario incrementa las desigualdades en salud por razón de edad. Falta mucho para que nuestro sistema público sea equitativo y solidario. No es una empresa tan difícil si las políticas se conciben y se impregnan de sensibilidad social.
