Una de las prioridades del presidente Joe Biden es elevar los impuestos de las grandes multinacionales que prácticamente no tributan. En medio del tira y afloja de Biden con el Congreso de los Estados Unidos sobre el paquete de infraestructura y como financiarlo con impuestos mínimos para las grandes empresas, Washington también ha puesto mucho esfuerzo en alcanzar acuerdos en la próxima cumbre del G7. El primer ámbito en el que se ha producido un principio de consenso es la fiscalidad. Los ministros de Finanzas de los miembros del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) emitieron un comunicado el 5 de junio favorable a un impuesto de sociedades global mínimo del 15%.
Es sólo un principio de acuerdo que deben ratificar los jefes de gobierno del G7 en la cumbre que se celebrará en Cornwall (Reino Unido) del 11 al 13 de junio. Pero no se puede infravalorar su trascendencia. Consensuar reformas fiscales en un país ya es difícil. La misma Unión Europea ha logrado armonizar el IVA y los impuestos especiales (gasolina y tabaco) en las últimas décadas, pero los numerosos intentos de armonizar la fiscalidad sobre las empresas y los particulares entre los 27 miembros de la UE han fracasado. Convenios de fiscalidad en la UE requieren la unanimidad de los 27 estados miembros. Algunos, como Irlanda y Luxemburgo, quieren continuar atrayendo empresas ofreciendo impuestos bajos.
El motivo del principio de acuerdo de un impuesto de sociedades mínimo global del 15% anunciado por los ministros de Finanzas de los miembros del G7 es el malestar de los gobiernos y opiniones públicas de las principales economías mundiales causado por los enormes beneficios de las grandes empresas tecnológicas. También respecto a sus prácticas monopolísticas y los salarios bajos que pagan a sus empleados.
Los colosos tecnológicos
La cotización bursátil de Apple, Amazon, Alphabet (propietaria de Google), Microsoft o Facebook supera el PIB de la mayoría de economías del mundo. Los 2,1 billones de dólares de capitalización bursátil de Apple son iguales al PIB de Italia, la octava economía mundial, y sobrepasan por tanto el PIB de todas las economías del mundo menos el de China y el de las potencias del G7. La capitalización bursátil de Amazon es de 1,6 billones de dólares, que iguala el PIB de Australia, la economía número doce del mundo.
Los últimos años, las principales economías mundiales han estado negociando sin éxito en la OCDE la manera de impedir que los colosos tecnológicos puedan tributar muy poco. Generalmente, eligen como domicilio fiscal jurisdicciones de fiscalidad baja, como Irlanda o Luxemburgo. Esto significa que no tributan nada en países donde generan ventas y beneficios muy copiosas. Ante el punto muerto de las negociaciones en el G7, algunos países (Reino Unido, Francia, Italia, España) anunciaron la imposición de tasas digitales nacionales que gravan la actividad de las tecnológicas en su territorio.
El presidente Donald Trump rechazó esta iniciativa, argumentando que son empresas estadounidenses. Impuso aranceles sobre exportaciones de productos franceses en los Estados Unidos y amenazó de hacer lo mismo con los productos italianos y españoles. Sin embargo, en diciembre el gobierno estadounidense anunció que suspendía la entrada en vigor de aranceles por valor de 1.300 millones de dólares sobre exportaciones francesas. Esta carga era una represalia contra la tasa digital recaudada por Francia. Este hecho creó una ventana de oportunidad, que ha sido aprovechada por los miembros del G7.
Respuesta a la recesión
Otro factor que explica el principio de acuerdo alcanzado en Lancaster House es que muchos estados han tenido que adoptar planes de estímulo muy grandes para hacer frente a la recesión creada por la pandemia del Covid-19. Desde marzo de 2020, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado paquetes de estímulo por un total de 4,7 billones de dólares. Esta inversión pública hay que financiarla. De lo contrario incrementa el déficit y la deuda nacional. Disminuir el gasto en época de recesión es difícil, y las subidas de impuestos siempre son polémicas. El hecho de que las grandes empresas tecnológicas tributan muy poco las convierte en objetivos muy deseables.
Otra circunstancia que ha facilitado el principio de acuerdo es que en la mayoría de estados del G7 gobiernan partidos de centroizquierda. El Partido Demócrata controla la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso. Justin Trudeau es el primer ministro laborista de Canadá. Francia está gobernada por el reformismo de origen socialista personificado en Emmanuel Macron. En Alemania, la CDU de Angela Merkel tiene como socio de gobierno el partido socialdemócrata (SPD), un miembro del cual (en este caso Olaf Scholz) ocupa el poderoso ministerio de finanzas. Mario Dragui encabeza un gobierno de unidad nacional con el apoyo de los principales partidos italianos. Las únicas excepciones son el Reino Unido y Japón, donde gobiernan el partido Conservador y el partido Liberal Demócrata (de centro), respectivamente.
El Reino Unido, que preside el G7 este año, desea concluir acuerdos de libre comercio (ALCS) con las principales economías mundiales después del Brexit. Ya negocia ALCS con la India, Australia y Nueva Zelanda. Comercia con 54 países africanos desde enero, según un convenio entre Londres y la zona de libre comercio continental africana. Boris Johnson genera titulares por su vida privada. Pero también se mueve con habilidad para ganarse el favor del presidente Joe Biden. Ha adoptado el discurso favorable a una economía verde sin emisiones de gases de invernadero propugnado por Biden. Anhela comerciar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. La meta de conseguir el principio de acuerdo de Lancaster House le hace ganar puntos ante la Casa Blanca.
Junto con los ministros de Finanzas del G7, también han estado presentes en las negociaciones la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (Kristalina Georgieva), el presidente del Eurogrupo (Paschal Donohe), el comisario de Economía de la UE (Paolo Gentiloni) y el nuevo secretario general de la OCDE, Matthias Kormann. El FMI bajo la ahora presidenta del BCE, Christine Lagarde, y desde septiembre de 2019 bajo el liderazgo de Georgieva es partidaria de un impuesto de sociedades global mínimo. La Comisión Europea también es favorable a la idea. La UE acaba de crear el Observatorio sobre la Fiscalidad, que pretende impulsar una fiscalidad común entre sus 27 estados miembros. Recientemente, el Observatorio dio apoyo a un impuesto de sociedades mínimo de entre el 15 y el 25% para las multinacionales de los países de la UE.
Aplicar un impuesto a las multinacionales de la UE, evidentemente, les resta competitividad si no se consigue acompañar esta medida con un gravamen a escala mundial. La OCDE reúne 37 países, y bajo la dirección durante los últimos quince años del mexicano Ángel Gurría, ha sido decisiva en la lucha contra los paraísos fiscales y para preparar el terreno para el acuerdo del G7. Su sucesor, el australiano Mathias Cormann, tomó posesión del cargo el pasado 1 de junio. Fue ministro de Finanzas de su país entre 2013 y 2020.
La agenda pendiente
Sin embargo, este principio de acuerdo se enfrenta con muchos obstáculos. Algunos de los que lo han anunciado ya han dejado entrever las diferentes prioridades. El ministro de Finanzas francés, Bruno LeMaire, declaró que lucharía por “un impuesto de sociedades mínimo global superior al 15%”, que considera “un punto de partida”. El presidente del Eurogrupo es el ministro de Finanzas de Irlanda, país que se ha beneficiado mucho desde hace décadas porque su impuesto de sociedades es sólo del 12,5%. Donohoe pidió que se tengan en cuenta los intereses de los estados más pequeños. El anfitrión de la reunión, el ministro de finanzas británico, Rishi Sunek, reconoció que un acuerdo global es complicado y que el acuerdo del 5 de junio es sólo un primer paso.
La declaración no especifica qué empresas estarán sujetas al impuesto de sociedades mínimo global del 15% y como se repartirían los ingresos los diferentes estados. Suponiendo que se puedan superar las reservas de Francia y países de la UE con baja fiscalidad como Irlanda y Luxemburgo, en la cumbre del G7 de Cornwall se tendría que ampliar el acuerdo para incluir las principales economías emergentes. En la cumbre del G20 de este julio en Venecia será mucho más difícil llegar a un consenso. El G20 no ha logrado ningún acuerdo destacado desde que se fundó en 1999. La presencia de Rusia y China, rivales geoestratégicos de las democracias occidentales, complica la tarea.
Hay una dinámica favorable al principio de acuerdo de los ministros de Finanzas del G7. Joe Biden tiene embarrancada su agenda doméstica porque la mayoría del partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado es mínima. Busca acuerdos globales en los ámbitos de lucha contra el cambio climático, las empresas tecnológicas y la fiscalidad. El Reino Unido, Francia, Italia y España (miembro del G20) quieren evitar la posibilidad de nuevos aranceles de Washington si volvieran a aplicar las tasas digitales nacionales.
Los líderes que continuarán negociando la concreción del principio de acuerdo alcanzado en Lancaster House tienen un gran interés en un resultado positivo. Janet Yellen fue presidenta de la Reserva Federal, y Mario Dragui, del Banco Central Europeo desde 2001 hasta 2019. Boris Johnson disfruta de una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y quiere la complicidad de Biden. Alemania celebra elecciones generales en septiembre y Emmanuel Macron se presenta a la reelección el próximo abril. Tanto la CDU como el SPD en Alemania como Macron se beneficiarían políticamente de un pacto sobre fiscalidad. Pero no ha existido nunca un impuesto global mínimo de ningún tipo. En los próximos meses la prioridad debe ser conseguir un consenso en el G7 y ampliarlo gradualmente para incluir la mayoría de miembros de la OCDE.
