“Un gol por toda la escuadra”. Así se refirió en 2018 la entonces ministra de trabajo, Magdalena Valerio, a la publicación en el BOE que anunciaba la constitución del sindicato OTRAS. Este nombre tan significativo concuerda con el acrónimo Organización de Trabajadoras Sexuales y se convirtió en el primer sindicato de prostitutas del estado español. El expediente de OTRAS se coló en las oficinas del Ministerio de Trabajo, escabullendo los controles y los filtros de la administración socialista, llegando a una publicación en el BOE que para Valerio fue “toda una sorpresa. Como ministra y miembro de un gobierno feminista, jamás habría dado el okey a que esto se publicara”, afirmó entonces a la Cadena SER.
Con estas palabras de la ministra se puede empezar a abordar el por qué de las polémicas, discusiones y divisiones que rodean a la prostitución. Más allá de que en esta sociedad patriarcal el sexo sea tabú -y aún más si hablamos del sexo de las mujeres-, el trabajo sexual era en 2018 la principal cuestión que enfrentaba al movimiento feminista. Hoy en día, el protagonismo de las disputas se lo lleva la cuestión trans (asunto que, como veremos, no está para nada alejado del debate sobre la prostitución). A todo esto hay que destacar el paternalismo y la alteridad con la que se pueda una referir a prostitutas o personas trans, tratándolas de otras, en tercera persona, como objeto de estudio del feminismo y no parte del mismo.
“Cuando hablamos de prostitución, al feminismo hay que añadirle apellidos: abolicionista o regulacionista”
Y todo esto es lo que se reflejaba en las palabras de la ministra Valerio: ella, como feminista, jamás hubiera apoyado la aprobación de un sindicato de trabajadoras sexuales. Pues bien, a este feminismo hay que añadirle un apellido. Feminismo abolicionista, que es el que busca la eliminación de la prostitución. Al otro lado del cuadrilátero tendríamos -simplificando mucho la cuestión- al feminismo regulacionista, que es el que prefiere un trabajo sexual regulado, que garantice la seguridad y estabilidad de las mujeres que decidan libremente dedicarse a la prostitución. A todo esto, por supuesto, dejando claro el que es -o debería ser- el enemigo común: la trata y tráfico de mujeres que son obligadas a ejercer en contra de su voluntad.
Aquí es donde los argumentos empiezan a ser lanzados, de punta a punta de la habitación, como si fuera un partido de pin pon. Hay quien dice que nadie se dedica a la prostitución porque quiera. Hay quien defiende que aboliendo el sistema patriarcal y capitalista, si alguien ejerciera sería por propia voluntad. Algunas dicen que cada una es libre de hacer con su cuerpo y su sexualidad lo que le plazca, aunque sea por dinero. Otras arguyen que si es por dinero, no es libre. Unas buscan las diferencias con un obrero de la construcción, que también vende su cuerpo por dinero. Estas dicen que el problema es la moral con la que se ha cubierto la sexualidad femenina. Aquellas dicen, simplemente, es el mercado, amiga.
El vaivén judicial
Poco duró el gol que le colaron a Magdalena Valerio, porque diversas asociaciones feministas (abolicionistas) denunciaron ante la Audiencia Nacional la aprobación del sindicato OTRAS. Se resolvió que la prostitución no es un trabajo y que en el estado español es ilícito “el desarrollo de una actividad empresarial cuyo objeto sea la oferta de servicios sexuales prestados por terceras personas, contratadas al efecto”. Pero esta falta pitada a destiempo tampoco duró demasiado. A principios de junio de 2021, el Tribunal Supremo, al cual OTRAS interpuso recurso, ha estimado que las trabajadoras sexuales sí tienen derecho a sindicarse y que este derecho está por encima de si el trabajo sexual es legal o no. Así pues, esta sentencia reciente ampara a las prostitutas, siempre y cuando su labor sea ejercida por cuenta propia. Es decir, que sean autónomas.
Ello pone el foco del debate en lo que es, para muchos, el quid de la cuestión. En el estado español, la prostitución en sí no es ilegal, pero sí lo es la trata de personas y el proxenetismo. Es decir: es ilegal sacar rédito económico de la explotación sexual de una tercera persona. Es por ello que las trabajadoras sexuales autónomas están recogidas en la sentencia del Tribunal Supremo. Pero esto no elimina del todo la polémica, ya que las prostitutas, como muchas otras trabajadoras de este país, también pueden ser falsas autónomas. Así pues, más allá de los vericuetos legales sobre el asunto, la sentencia del Supremo no ha calmado las aguas; al contrario.
Con la decisión de los magistrados se han encendido aún más las brasas del debate. La primera pregunta es obligada: ¿Es el trabajo sexual un trabajo?
Con la decisión de los magistrados se han encendido aún más las brasas de un debate candente que pone en cuestión diversos asuntos relacionados con la prostitución. La primera pregunta es obligada. ¿Es el trabajo sexual un trabajo? Para muchas la respuesta es tajantemente afirmativa, como para Paula Ezquerra, prostituta y afiliada a la sección sindical de trabajadoras sexuales USTS-IAC, que afirmó en un reportaje en este medio que “las putas no somos víctimas. Somos trabajadoras y si no se nos ve así es porque hay una moral cristiana imperante que nos dice que el sexo de las mujeres está mal”. Para otras, como Cristina Simó, presidenta del Movimiento Democrático de Mujeres, “las prostitutas no se deben sindicar porque no son trabajadoras. Detrás hay un entramado de negocios en un limbo legal que genera millones en beneficios. Los sindicatos de prostitutas son sindicatos de esclavas”, aseguró.
Y esta es otra de las cuestiones. ¿Toda la prostitución es trata? Paula Ezquerra afirma que trabaja el sexo porque quiere. Es consciente de que el sistema patriarcal y capitalista sostiene su profesión, pero ella asegura haber logrado empoderarse en esta desigualdad. Pero no todo el mundo piensa así. Y muestra de ello es la ley que el Gobierno anunció que sacará adelante en los próximos meses. El texto, que estará bajo el nombre de Ley de libertad sexual, atacará la trata a través del ejercicio de la prostitución. “Sin prostitución no hay trata”, afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo. Aunque todos los dedos son pulgares, pero no todos los pulgares son dedos, el Gobierno pretende cortar por lo sano en una ley a la que todavía le queda mucho para poder salir a la luz.
Desplazar la culpa sobre ellos, no sobre ellas
Una cosa positiva que -indiscutiblemente- tendrá la ley es que, según Calvo, no pondrá el foco en las mujeres, sino en los proxenetas y dueños de los negocios donde, a menudo (que no siempre) se desarrolla la prostitución. Esta figura es conocida como tercería locativa y hace referencia a la persona que posee el lugar donde se ejerce; sin más, sin tener más vínculo conocido con la prostitución. Así pues, este limbo legal ampara a aquellas personas que tienen clubes o bares, en los que mujeres ejercen bajo la figura laboral de camareras o bailarinas. Pues la ley en la que trabajan los Ministerios de Igualdad y Justicia pondrá el foco en esta figura y, según fuentes gubernamentales, pretende reformar el Código Penal para castigar a los que sacan beneficio del trabajo de otras. De nuevo aquello de es el mercado, amiga.
En este sistema hay muchos sectores en los que el empresario se torna explotador y se enriquece con el sudor de sus mal llamados empleados. Los riders, las kellys… Las prostitutas engrosan una larga lista de precariedad económica y social
Y es que en el sistema laboral y económico actual, hay muchos sectores en los que el empresario toma tintes de explotador y se enriquece con el sudor y sangre de sus mal llamados empleados. Los riders, que son falsos autónomos; las kellys, que trabajan en la economía sumergida; los becarios que alargan contratos de formación de manera exasperadamente ilegal… Las prostitutas engrosan una larga lista de precariedad económica y social. Por ello, es de destacar que la ley, siempre según el Gobierno, pondrá el acento en la creación de políticas sociales para que las prostitutas puedan encontrar “alternativas de trabajo”. Si, como parece ser, el punitivismo y el prohibicionismo van a ser la respuesta, la creación de una red de seguridad es una gran noticia, sobre todo para ciertos colectivos como las mujeres migradas o las mujeres trans.
Y es que casi la mitad de personas trans han ejercido en algún momento la prostitución, tal como demostró un estudio realizado por el grupo de Psicología Social de la Universidad de Málaga. Las personas trans están abocadas a grandes tasas de desempleo, que pueden llegar hasta el 85%. Por ello, si se elimina la prostitución, se deben generar garantías para la dignidad y la realización personal y laboral. Es por ello que, como decíamos antes, la cuestión trans y la prostitución están íntimamente ligadas. Y no sorprende descubrir que, mayoritariamente, los colectivos feministas abolicionistas suelen ponerse en el mismo cuadrante que las feministas radicales, que no consideran que las mujeres trans sean mujeres y, por el contrario, defienden que el feminismo queer deriva en el borrado de las mujeres. Para ellas, las trabajadoras sexuales trans no son ni trabajadoras ni mujeres.
Y es que hay que recordar que, a pesar de que en 2018 el feminismo sacara las garras, unido, ante la reclamación de derechos básicos sobre el propio cuerpo y la propia vida, tales como que no nos maten por el simple hecho de ser mujeres, feminismos hay muchos. Está el antiracista, el feminismo de clase, el radical o el transinclusivo. Todos ellos se definen como feminismos y no discutiremos aquí si hay alguno más válido que el otro. El feminismo es, como cualquier movimiento político y social, un fenómeno sujeto a debate y polémica. Y pretender que las mujeres seamos una y reclamemos a coro las mismas cosas es una falacia. Mujeres hay muchas: conservadoras, liberales, creyentes o ateas, comunistas, anarquistas o fascistas, madres, solteras, blancas o racializadas, sororas o machistas. Y el debate sobre la prostitución es una muestra más de que el patriarcado es sólo uno de los enemigos de las mujeres.
