Colombia suma hoy dos meses de Paro Nacional. Durante estas semanas se han contabilizado 75 casos de violencia homicida, la mayoría presuntamente por abusos de la fuerza pública, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y 28 casos de violencia sexual, entre otros, también presuntamente por la Policía, según el reporte de Temblores ONG
Las protestas más importantes de la historia en Colombia fueron detonadas para tumbar la reforma tributaria impuesta por el Gobierno del presidente Iván Duque, aunque no ha sido la única razón. A eso se le sumaron la pobreza y la desigualdad social, la gestión de la pandemia, la violencia policial y un clamor urgente por una reforma policial y la eliminación del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la reforma al proyecto de ley de la salud, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la prohibición del fracking, la corrupción, o la falta de oportunidades laborales y educación para los jóvenes, los grandes protagonistas de la explosión social y también las principales víctimas durante las manifestaciones. Por eso, a pesar de que el Gobierno decidiera retirar finalmente la reforma tributaria, las marchas continúan por todo el país.
Estas protestas son precedidas por las movilizaciones de 2019 y 2020, donde también se exigía la investigación y el fin de la impunidad de los asesinatos a defensores y defensoras de los derechos humanos. Según Indepaz, más de 1.100 líderes y lideresas sociales y más de 275 exguerrilleros en proceso de reincorporación han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Bogotá y Cali han sido las ciudades principales del país donde las movilizaciones, bloqueos y puntos de resistencia se han hecho escuchar y han presionado para lograr una negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro. Sin embargo, los diálogos se han suspendido unilateralmente y no hay avances.
“Además de todas la cifras, hay 93 personas desaparecidas, de las cuales algunas de ellas han aparecido desmembradas y ahogadas en el río Cauca. Todo esto sin una explicación real por parte del Ministerio de Defensa y la Fiscalía”, destaca Olga Quintero, integrante del Comité Nacional del Paro y lideresa de la organización campesina Ascamcat. Quintero afirma que se estuvo negociando con el Gobierno unos mínimos de garantías para empezar un proceso de negociación del pliego de emergencias que hablaba de la no discriminación por género, sexo y etnia; la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina; o la implantación de una renta básica durante seis meses para personas en condición de pobreza y afectadas por la crisis.
“Se llegó a un preacuerdo el 24 de mayo. El Gobierno dijo que necesitaba hacer unos ajustes mínimos, pero a los cuatro días llegó con un documento totalmente modificado donde se pedía que nos comprometiéramos a no hacer cortes viales o a aceptar la intervención militar en las protestas pacíficas. Nos tocó suspender la negociación”, afirma la lideresa que reitera las victorias que han tenido durante estos dos meses, como la caída de la reforma tributaria, el hundimiento de la reforma de la salud o las renuncias del ministro de hacienda y del comandante de policía de Cali.
Villa, Alison, Quintero…
Desde el día uno del paro, la violencia contra los manifestantes no ha cesado. De los asesinatos atribuidos a la policía, el de Lucas Villa fue uno de los que más conmocionó a la sociedad colombiana. Recibió ocho disparos mientras se manifestaba de forma pacífica en la ciudad de Pereira. Hoy su nombre resuena como el símbolo de las protestas en el país.
O el caso de Sebastián Quintero Munera que salió a marchar el 15 de mayo conmovido por la muerte el día antes de Alison Meléndez, una joven menor de edad que se quitó la vida después de ser detenida por la policía y denunciar en sus redes sociales que había sido abusada sexualmente por la fuerza pública. Quintero falleció ese día tras recibir el impacto de una granada aturdidora lanzada por la policía antidisturbios que le impactó en el cuello. Un amigo que estaba a su lado, que prefiere guardar el anonimato, recuerda cómo ocurrió: “A Sebastián lo mataron con sevicia y premeditación. Habíamos tomado la decisión de retirarnos porque se hacía de noche, pero teníamos el escuadrón antidisturbios a menos de 10 metros. Lo sacamos entre cuatro del lugar, mientras se desangraba. Empecé a llorar y, de la impotencia, lo único que hice fue dejarlo y volver a la pelea. Me tuvieron que sacar”, señala este joven que, como otros miles, forma parte de la llamada primera línea, los grupos de jóvenes que encabezan las multitudinarias manifestaciones y acaban enfrentando a la policía con sus escudos metálicos caseros, cascos y máscaras antigás.
Como Alison, Sebastián Quintero vivía en un barrio popular del norte de la ciudad de Popayán, capital de la región del Cauca. Estudiaba ingeniería informática y se pagaba sus estudios haciendo y vendiendo arepas en el negocio familiar. Su padre Fabián Munera sigue consternado por la muerte de su hijo, pero firme en sus convicciones. “En este país a todo el que anda en lo social ya lo tildan de izquierdista, guerrillero o terrorista. Mi hijo nunca fue violento ni agresivo y era muy solidario, así que ahora no vengan a decir que era un vándalo”. Para el papá de Quintero, la protesta sigue teniendo toda su razón de ser. “Espero que la institucionalidad entienda que es necesario hacer cambios; debe haber más equidad y no más pérdida de vidas ni desaparecidos. Somos una sociedad que lo único que reclama es el cumplimiento de los derechos que solo disfruta una minoría. Y esa es la lucha de esos muchachos que ven pocas oportunidades en materia de estudios y en lo laboral”.
Mientras tanto, el gobierno colombiano continúa sin ofrecer garantías al derecho a la protesta social y su respuesta a las acusaciones de vulneraciones de derechos humanos por la violencia policial sigue sin convencer. Considera que son hechos aislados que no responden a un patrón sistemático. No lo ve así José Miguel Vivanco, director para las Américas de Humans Right Watch, que señaló en un comunicado que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía colombiana no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”.
Solidaridad Internacional en y desde Catalunya
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Colombia el 7 de junio con el fin de atender y revisar las denuncias presentadas por miles de personas, diferentes organizaciones y movimientos sociales contra la violación de derechos humanos por parte del Gobierno en el marco de las protestas sociales. La visita se concretó tras el rechazo inicial del presidente. Las recomendaciones todavía están a la espera de su publicación.
Pero, además de la CIDH, desde la Comunidad Internacional, son varios los sectores y países que están pidiendo al Gobierno el cese del abuso de la fuerza en las protestas sociales. Un ejemplo es la amplia delegación catalana que llegó hace un día a Colombia formada por diputadas del Congreso y del Parlament, tanto del Govern como de la oposición, además de instituciones y organizaciones sociales vinculadas con Colombia desde Cataluña. “El objetivo es ejercer presión internacional, principalmente al Gobierno colombiano pero también al Gobierno español y a la Unión Europea para que se respeten los derechos humanos y se castigue a los que los han vulnerado; los que flagrantemente han hecho desaparecer a muchas personas que se estaban manifestando pacíficamente”, explica el integrante de la comitiva David Llistar, Director del Área de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona que desde hace algunos años considera a Colombia un país prioritario en sus políticas de cooperación.
Durante el viaje la delegación tiene previsto entrevistarse con colectivos y movimientos sociales, organizaciones de defensa de los derechos humanos y actores institucionales en las ciudades de Bogotá y de Calí, principalmente. Las desapariciones forzadas, el paramilitarismo urbano y la violencia sexual en el marco de las protestas serán tres de los focos que abordará la delegación que a su vuelta dará a conocer la situación en Colombia a la opinión pública catalana a través de un informe.
Esta delegación ha sido conformada gracias al trabajo de incidencia de las más de 30 entidades que conforman la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y que este año cumple 20 años de vida. Dos décadas de trabajo en las que esta organización consiguió poner a este país en la agenda pública catalana y acercar la realidad colombiana a la sociedad, visibilizando por ejemplo, el conflicto armado que no terminó con la firma del Acuerdo de Paz.
El viaje de ahora se realiza dos meses después de iniciarse el Paro Nacional y en un momento en el que Colombia ya no está en el foco mediático de la prensa internacional, pero las desapariciones, muertes, agresiones sexuales, disparos de armas de fuego, torturas y detenciones arbitrarias siguen siendo vigentes en sus calles.
