Barcelona es, lógicamente, la ciudad de Catalunya que aloja más centros de educación especial (CEE). Hay 33, de los cuales ocho son públicos y 25 concertados. Lo que no es tan lógico es su distribución, ya que la gran mayoría se concentran en dos distritos de la ciudad, Horta-Guinardó y Sarrià-Sant Gervasi (Ciutat Vella es el único distrito donde no lo hay), y tampoco lo es que el 25% de sus alumnos sean niños y adolescentes que viven fuera de la ciudad. Estos 33 centros han escolarizado este curso 2.211 alumnos (entre educación obligatoria y post), de los cuales 556 no residen en Barcelona. Aparte, hay 4.611 alumnos con necesidades de apoyo tipo A (NESE A, que equivaldría a discapacidad y trastornos de conducta) que están escolarizados en centros ordinarios (que no quiere decir necesariamente inclusivos). Dicho de otro modo, del total de alumnos con NESE tipo A (6.822), un tercio se encuentra fuera del sistema ordinario.
Estas cifras salen de una encuesta telefónica elaborada por GESOP por encargo del Consorci de Educación de Barcelona, que se realizó entre el 8 y el 17 de marzo de este año. Fuentes del Consorci explican a este diario que la encuesta forma parte de un plan para conocer más a fondo esta realidad, con el fin de promover políticas inclusivas, en la línea de lo que establece el decreto 150/2017, de escuela inclusiva. A pesar del decreto, y el incremento y creación de nuevos recursos, la realidad de Barcelona, extrapolable al resto de Catalunya, es que el alumnado escolarizado en CEE no cae sino que tiende a aumentar.
“Visión sistémica”
En este sentido, este año por primera vez el proceso de asignación de plazas a nuevos alumnos en estos centros se ha realizado de forma telemática, como en el procedimiento ordinario, y la ha asumido el Consorci, tratando de introducir una “visión sistémica”, lo que ha levantado un tipo de queja hasta ahora inédita. Familias que protestan no por el hecho de tener que llevar a su hijo a la escuela especial, sino porque no lo pueden llevar al centro que querrían. Hasta ahora, en el caso de la educación especial concertada, la administración prácticamente no entraba, era una negociación entre familia y centro, obviamente con el preceptivo dictamen de derivación del EAP. Según estas fuentes del Consorci, se han recibido un total de 31 reclamaciones, que “se atenderán una a una”, si bien “la mayoría de los niños han sido asignados a uno de los tres centros que figuraban en la solicitud”.
Aparte de centralizar por primera vez la asignación de plazas de los centros de educación especial, desde el Consorci se está trabajando en la detección del alumnado con necesidades educativas, ya que una parte significativa salen en P3 o en cursos posteriores. Las fuentes de información más fiables para el Consorci ahora mismo son la red de guarderías municipal, los CDIAP y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y ahora se está tratando de establecer canales de comunicación con el sistema sanitario y los servicios sociales, para avanzar la detección de los alumnos con NESE A en el primer caso y NESE B (vulnerabilidad social) en el segundo. También se está reconfigurando el sistema informático para tener un seguimiento más preciso y sistemático de todos estos alumnos, ya que, por ejemplo, hasta hace poco el informe del profesional de un EAP sobre un alumno en concreto sólo se conserva en su ordenador -y eso quiere decir que se perdía mucha información-, o aún ahora si este profesional quiere conocer la situación en cuanto a oferta y demanda de plazas de los diferentes CEE de la ciudad sólo lo puede hacer llamando uno a uno.
Valoración muy positiva
El retrato que da la encuesta telefónica del GESOP, a la que respondieron 300 familias, confirma la frustración que arrastran muchas de las que inicialmente apostaron por el modelo inclusivo, que prácticamente son la mitad de la muestra. En general, la satisfacción con su centro actual es muy elevada, ya que, a la pregunta “valoración de la capacidad del centro para atender las necesidades educativas de su hijo/a”, la nota media que le otorgan es de 9 sobre 10.
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A la vez, cuando se les pregunta si se plantean llevar a su hijo a una escuela ordinaria, 8 de cada 10 contestan que no, y cuando se les pide el motivo las respuestas más frecuentes son: 1) porque necesita una atención muy especializada (39%); 2) porque la escuela ordinaria no tiene los recursos necesarios (14,6%); y 3) porque la experiencia en la escuela ordinaria fue negativa (10%). En cambio, cuando se les pregunta si se plantearían llevar a su hijo a un centro de proximidad ordinario “si le aseguraran una atención especializada”, el 46,3% responde que sí, el 48,3% que no, y el 5,3% restante no sabe/no contesta.
Anomalías conocidas
La encuesta también confirma algunas anomalías más o menos conocidas, aparte de la del alumnado procedente de otros municipios. Por ejemplo, el hecho de que el porcentaje de chicos respecto las chicas (65-35%) es extrañamente elevado, si bien esta diferencia es muy similar a la de hombres y mujeres con necesidades de apoyo escolarizados en centros ordinarios. Otra cuestión es la edad. Ciertamente, la mayor parte de alumnos de los CEE (78%) tienen edades de secundaria y postobligatoria, donde queda más camino por recorrer en cuanto a la implementación de metodologías que hagan posible la educación inclusiva, pero esto significa que el 22% restante de los alumnos tienen 11 años o menos. En concreto, hay 88 de 3 a 5 años y 398 de 6 a 11 años que están escolarizados en centros de educación especial.
Otra anomalía es la alta presencia de alumnado con raíces extranjeras en estos centros. El 15,3% del alumnado no es de nacionalidad española, un porcentaje bastante equiparable al del sistema educativo general, pero cuando se pregunta por los progenitores prácticamente un tercio de la muestra son nacidos en el extranjero. Los países más representados entre los padres son casi todos latinoamericanos (Ecuador, Perú, República Dominicana, Honduras, Argentina, Colombia, Bolivia), además de Marruecos y Pakistán.
También se confirma el elevado porcentaje de alumnos con una discapacidad leve y moderada. A pesar de que en las conclusiones del estudio se subraya que la mayoría tiene un grado de discapacidad grave o muy grave, entre estos dos grupos suman sólo el 59% del alumnado. Esto significa que el 41% restante tiene un grado reconocido de discapacidad moderado (31,3%), leve (0,7%) o no tiene ninguna discapacidad reconocida o no la conoce (9%). De acuerdo con el decreto 150/2017, en los centros de educación especial sólo deberían acceder alumnos con una discapacidad grave o muy grave, pero la realidad de Barcelona -también extrapolable- es que 4 de cada 10 alumnos no se ajustan a este perfil, y que hay centros de educación especial que están especializados precisamente en atender alumnos con discapacidad intelectual leve y moderada.
El impacto del Covid
La encuesta se realizó cuando todavía estaba muy viva la tercera ola del Covid, y por lo tanto varias preguntas trataban de averiguar el impacto que estaba teniendo sobre el alumnado de los CEE. El 84% de los padres afirmaban que su hijo/a había podido ir a la escuela la mayor parte de los días a lo largo de este curso, y un porcentaje similar decía también que cuando no lo había podido hacer había recibido apoyo del centro forma telemática.
Más preocupante son las respuestas a las preguntas sobre el impacto emocional que la pandemia estaba teniendo sobre sus hijos, debido a las restricciones. Según la encuesta, ocho de cada diez niños ha sufrido algún tipo de consecuencia emocional estos meses, según sus padres: un 55,7% está más aburrido, un 45% más angustiado, un 41% más enfadado y un 34% más triste. Casi la mitad se quejaba del hecho de no poder salir de casa con normalidad y tres de cada diez había tenido que recibir atención médica por alguna afectación a su salud.
