El pasado 16 de septiembre el Parlamento Europeo asumió la consideración de la violencia machista como ‘un delito grave y con dimensión transfronteriza’. Lo hizo con 427 votos a favor, 119 en contra, 140 abstenciones y tras un arduo proceso que concretado en la elaboración de un documento en el que participaron de manera activa y comprometida asociaciones feministas, grupos de mujeres y organizaciones que trabajan por la erradicación de la violencia machista.
De la aprobada consideración se desprende ahora la petición a la Comisión de leyes y políticas específicas y consecuentes, incluyéndose todas las formas de discriminación basadas en el género contra mujeres y niñas, pero también dirigidas a personas LGBTIQ+. Se reclama, por tanto, que la Comisión Europea defina la violencia de género como un nuevo ámbito delictivo en virtud del artículo 83 del Tratado de la UE, junto a otros delitos a combatir como el tráfico de personas, drogas y armas, la ciberdelincuencia o el terrorismo. Y de esta manera se formula, por fin, una base jurídica para la generación de una directiva europea centrada en las víctimas y supervivientes a partir de lo establecido en la Convención de Estambul y en otras normas internacionales que incluyen la puesta en marcha de medidas de prevención, servicios de apoyo y cooperación entre los Estados miembro. La resolución hace hincapié, además, en las consecuencias adversas a nivel personal, social y económico que tiene la violencia de género y reitera que la situación se ha visto exacerbada por la pandemia, con aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. Una situación que también dificultó la búsqueda de ayuda.
Encima de la mesa se ha puesto también la cuestión de la denegación del aborto legal sin riesgo como una forma de violencia de género, recordándose que su prohibición supone una violación de los derechos humanos de las mujeres, como ya dictaminara en varias ocasiones el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El colocar esta cuestión dentro del marco de discusiones y del proceso de votación, supone explicitar la intención de abrir la mirada en la consideración de la violencia de género y también expresar la necesidad de que, tanto su conceptualización como las líneas de acción para la lucha contra la misma, no se reduzcan a una mirada hetero patriarcal centrada únicamente en la violencia que se produce en el ámbito de la pareja: un reduccionismo que no solo desprotege a millones de víctimas de las distintas formas de violencia machista que diariamente se reproducen dentro del marco de la Unión Europea, sino que la invisibilizada dentro de su conceptualización como violencia doméstica – denominación no pocas veces instrumentalizada para alimentar discursos deliberadamente negacionistas.
Con motivo de la votación, el pasado viernes 17 de septiembre la consellera Tània Verge y la eurodiputada Diana Riba abrieron un espacio de diálogo en la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona con distintas representantes de las entidades del territorio involucradas en la eliminación de las violencias machistas y el acompañamiento a sus víctimas y supervivientes. Un diálogo en el que Fundació Surt participó desde la celebración de este logro en el Parlamento Europeo, en tanto que nuevo marco desde el que construir de iure el tejido legal que propicie la lucha contra las violencias machistas. No obstante, no puede obviarse aquí que este marco – como ya ocurrió con el Convenio de Estambul – tiene un complejo camino que recorrer para que su materialización de facto sea verdaderamente efectiva y suponga cambios reales en los estados miembro para el diseño de estrategias, recursos y líneas de acción que se pongan en marcha de cara a mejorar los caminos que hasta ahora se han transitado y para terminar con la violencia institucional presente en los procesos de salida y recuperación que recorren sus víctimas y sus supervivientes. No hay que olvidar a este respecto, que la situación de ‘supervivientes’ en modo alguno bloquea nuevos procesos de revictimización – como ocurre con la complejidad de los procesos de las mujeres migradas y las múltiples vulneraciones de derechos que atraviesan sus itinerarios vitales – y que los circuitos de denuncia, atención y acompañamiento puedan entenderse como realmente reparadores.
Efectivamente, es importante remarcar que cuando la consideración de la violencia machista se presenta y asume de manera fragmentada, descontextualizada y simplista, se la coloca en las posiciones más bajas del orden de prioridades políticas y sociales – algo que se traduce en su tratamiento desde los medios de comunicación – y la asunción de responsabilidades queda articulada también de manera fragmentada y carente, como a menudo ocurre a nivel judicial y policial. Es por tanto necesario expresar aquí preocupación por el asentamiento efectivo del resultado de una votación prometedora, aceptando también que las organizaciones que trabajamos contra la violencia de machista y generando espacios de reparación, tenemos la responsabilidad de trasladar nuestras experiencias y visibilizar las aún muchas limitaciones de los sistemas de prevención y atención, así como de las perspectivas desde las que se muestran o se ocultan las violencias.
La normalización de la violencia machista y la limitación en su conceptualización y visibilización es su propio mecanismo de perpetuación y reproducción. Esta normalización ocurre a las afueras de nuestra vida y de puertas para adentro; se instala en relaciones de maltrato familiar, de pareja, entre iguales; se asienta en el estatus quo del sexismo, el racismo, el clasismo y el mecanismo del desprecio y culpabilización de lo que se entiende como ‘diferente’; se instala en el flujo constante del abuso y acoso sexual que cada sociedad mete debajo de su alfombra y en leyes y constelaciones sociales que castigan la diversidad sexual y el derecho a ser y estar en una convivencia digna y enriquecedora de las múltiples diferentes.
Los impactos de esta violencia en las personas que la han habitado necesitan ser acogidos en espacios sociales empáticos en los que repararse y visionar una posibilidad de continuar desde la asunción del daño sufrido y lo que ya han perdido, requieren de visibilización y toma de conciencia social, de reclamación de responsabilidades. Necesitan y merecen, en fin, un cierre de la impunidad de los espacios de agresión que casi nunca se produce. Para romper los círculos concéntricos de la violencia y neutralizar la fuerza de su reproducción no existe, por tanto, más camino que el del acompañamiento a las víctimas, el reconocimiento de su daño y el derecho a realizar un proceso de reparación y restauración de derechos. Un camino que recae ineludiblemente en el trabajo continuo en la construcción internacional, estatal y comunitaria de espacios libres de todas las formas violencia machista que sean capaces de acoger a quienes las han atravesado – a menudo de forma múltiple – en sus recorridos vitales, y desde los que acceder a un lugar de vida digna y necesaria. Lugares, en fin, desde los que sea posible hacer visible lo invisible y avanzar contra la impunidad.
