Es difícil negar que la mayoría hemos de trabajar para poder vivir, particularmente para acceder a unos estándares confortables. En una economía capitalista, ofrecemos nuestro trabajo en el mercado laboral para poder así alcanzar ese bienestar que ofrece el empleo. Pero si solo trabajando para otra persona podemos sobrevivir, ¿Qué ocurre cuando enfermamos o cuando envejecemos? El desarrollo de los estados de bienestar europeos en la segunda mitad del siglo XX tenía como principal objetivo proteger a las personas trabajadoras durante esos períodos de bajas, desempleo y jubilación, a través de la seguridad social. Pero, en este contexto, los hombres trabajaban a tiempo completo mientras que las mujeres se quedaban cuidando del hogar y la familia. La entrada de las mujeres al mercado laboral y el cuestionamiento de las relaciones de género por parte de la segunda ola del feminismo hace necesario tener en cuenta el trabajo de cuidados en la política social.
Si ni el estado ni los hombres participan en las tareas de cuidados, es imposible para las mujeres entrar al mercado laboral bajo las mismas condiciones: bien se quedan fuera o bien acaban en puestos más precarios o jornadas parciales. Las políticas de familia han proliferado por toda Europa intentando solucionar este problema, mayoritariamente a través de dos formas: la ampliación de las bajas parentales y a la inversión en educación temprana (0-3 años). Los permisos de paternidad y maternidad protegen los ingresos de las personas cuando no pueden trabajar por tener que atender a hijos e hijas. Mientras tanto, mediante la inversión en guarderías el estado se suma directamente a la responsabilidad colectiva del cuidado. Además, la educación temprana también favorece el desarrollo cognitivo y puede fomentar la igualdad de oportunidades educativas. Así, las políticas de familia tienen una motivación doble. Por un lado, se rebaja la carga de las responsabilidades de cuidados para las mujeres, redistribuyendo las entre géneros, así como entre el ámbito familiar y el público. Por otro lado, se fomenta el empleo femenino, y más gente trabajando significa mayor recaudación para pagar los servicios públicos.
El desarrollo de políticas de familia es necesario para poder expandir la protección social en términos de género. Sin embargo, en contraste con los viejos esquemas de la seguridad social, principalmente dirigidos a la clase trabajadora, los datos muestran que las políticas de familia pueden excluir sectores de las clases trabajadoras. Por una parte, los precios de las guarderías y la escasez de plazas públicas causan que el acceso esté segregado por renta. Por otra parte, muchas personas en empleos precarios o de baja cualificación tienen problemas para beneficiarse de los permisos parentales debido a su situación vulnerable en el puesto de trabajo. Esto hace que sea necesario evaluar y reformular el diseño de estas políticas, así como alterar la regulación del mercado laboral, para poder beneficiar también a las familias trabajadoras y precarias. El siguiente gráfico muestra el resultado de este problema. Mientras que el número de hijos no impacta la participación laboral de las madres de mayor nivel educativo (y por lo tanto con mejores trabajos), ambas responsabilidades se convierten en incompatibles para las demás.
Por una parte, el uso de las guarderías está muy segregado en todo el estado español. Sin embargo, esta desigualdad también varía mucho entre diferentes municipios debido a su regulación y a la presencia de otras políticas como servicios sociales o ayudas económicas. A nivel estatal, como indica este informe del proyecto Euroship, mientras que solo un 37.2% de las familias con menos ingresos usan guarderías, esta cifra sube hasta un 51.9% para las familias más ricas. Asimismo, este estudio de la Plataforma Save the Children indica que solamente algunas familias en situación de vulnerabilidad acceden a las escasas plazas subvencionadas, mientras que la mayoría de la clase trabajadora no puede permitirse pagar sus precios. Pese a que encontramos los mismos problemas a nivel catalán, una encuesta elaborada por el IGOP apunta a que el sistema de tarificación social implementado por el ayuntamiento de Barcelona puede generar un acceso más inclusivo. Como nos cuenta David Palomera, garantizar la gratuidad o reducir drásticamente los costes para las familias con rentas más bajas, así como mejorar la difusión de información y la cobertura de los servicios sociales, pueden ser claves.
Por otra parte, la flexibilización del mercado laboral y los cada vez más comunes empleos ‘atípicos’ hacen que sea más difícil para muchas personas acceder a los derechos laborales relacionados con la maternidad y la paternidad. En primer lugar, a menudo los contratos temporales no son renovados si los empresarios prevén bajas de paternidad o maternidad. En segundo lugar, muchos trabajos de baja cualificación conllevan situaciones de vulnerabilidad, empujando a muchas personas a no ejercer sus derechos por miedo a represalias. Disfrutar de estos derechos también es particularmente complicado para quien está en contratos de prácticas, de “cero horas” o para falsos autónomos y trabajadores de plataformas. Aumentar la protección en la regulación laboral, reducir y racionalizar el tiempo de trabajo o incrementar la inspección puede hacer que los y las trabajadoras precarias se beneficien de estas políticas y de la inversión pública.
Reformar las políticas de familia para hacerlas más inclusivas y redistributivas es urgente y necesario. Sin embargo, también es una agenda limitada. En primer lugar, vemos que mientras las mujeres se van haciendo cargo de los ingresos del hogar, se ha avanzado poco en la repartición de las responsabilidades de cuidados entre géneros. Esta realidad debería llevarnos a plantear políticas de familia y educativas mucho más ambiciosas. En segundo lugar, igualar a mujeres y hombres en empleos que no garantizan unos estándares de vida dignos deja mucho que desear. Deberíamos poner sobre la mesa, más bien, acabar con la precariedad y los bajos salarios, para así poder reconciliar la familia con un empleo que valga la pena.
Manuel Alvariño es miembro del Espai 08
1 comentari
Moi bo traballo deste xoven investigador. É imprescindible chegar á igualdade real home/muller e dende ahí acabar coa precaridade e os baixos salarios.