El pasado 19 de septiembre representó un hito para los movimientos ecologistas, vecinales y sociales del país en unirse todos en un clamor contra las ampliaciones de aeropuertos y en conseguir, pocos días después, la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona al no ser aprobada por el Consejo de Ministros del 28 de septiembre para ser incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II).
A pesar del ruido mediático, la manipulación del debate que hemos vivido por parte de las administraciones, las tácticas partidistas y la presión ejercida por AENA y las élites empresariales, lo cierto es que la movilización ciudadana ha conseguido girar el discurso y hacer que los gobiernos y partidos políticos entren en profundos debates internos sobre el modelo de país; pero sobre todo, ha supuesto un gran triunfo popular que va mucho más allá del no a la ampliación.
Estamos en un punto de inflexión porque se ha logrado coordinar las luchas tanto de ámbito estatal, con todas las ciudades que se oponen a ampliaciones de puertos y aeropuertos (Madrid, Palma, Valencia, A Coruña…), como de país, mostrando la transversalidad de este movimiento en el conjunto de la sociedad. Y eso incluye desde los movimientos que luchan por el clima y contra la turistificación hasta los que defienden el territorio frente a proyectos especulativos de infraestructuras o inmobiliarios (proyectos urbanísticos en el Delta, en la Costa Brava, macroproyectos de energías renovables, JJOO Pirineus…) .
Zeroport nació como plataforma hace dos años en un momento de crecimiento de la actividad del puerto y del aeropuerto de Barcelona, de expansión del turismo, de aumento de los cruceros y de gentrificación salvaje de la ciudad. Las crisis climática, ambiental, energética y social ya las teníamos encima, pero el mantra del crecimiento y de la creación de puestos de trabajo, aunque precarios, hacía bien difícil hablar de decrecimiento de puertos y aeropuertos. Dos años después, no sólo se habla abiertamente de decrecimiento, sino que partidos y personalidades de muchos partidos participaron en la manifestación contra la ampliación de estas infraestructuras.
Las reclamaciones de Zeroport, sin embargo, continúan vigentes, ya que AENA pretende seguir incrementando el tráfico aéreo hasta alcanzar los 56 millones de pasajeros en 2026 en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, y, recientemente, ha anunciado que quiere “resucitar” su plan inmobiliario de ciudad aeroportuaria en terrenos expropiados del Delta del Llobregat. Todo ello sin pronunciar palabra ni prever inversiones para cumplir las compensaciones ambientales pendientes desde el 2002 debido a la anterior ampliación del aeropuerto, ni que esté claro cómo se renaturalizaran los terrenos cimentados fruto de la construcción de los aparcamientos ilegales de Can Sabadell, situados dentro de Red Natura 2000.
Asimismo, se mantienen los planes de crecimiento de AENA en los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus, que suponen también la construcción de estaciones de AVE para conectarlas con Barcelona. AENA niega el cambio climático con el aval del Consejo de Ministros, que ha aprobado un volumen de inversión total para el periodo 2022-2026 de 2.250 millones de euros para incrementar el tráfico aéreo hasta alcanzar los 282,5 millones de pasajeros en 2026 en el conjunto de sus aeropuertos. Y navega en dirección contraria a la de otros países, que no sólo han parado las ampliaciones de sus aeropuertos, sino que también están eliminando vuelos que tienen alternativa ferroviaria.
También hay que hablar de la situación financiera de AENA. Esta empresa gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España, y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 23 aeropuertos de fuera del Estado. Se trata de una compañía que cotiza en el IBEX 35, que tiene un 49% de accionariado privado y que atraviesa momentos difíciles. En poco tiempo ha experimentado un goteo de malas noticias: el paro de la ampliación del aeropuerto de Barcelona, la congelación de las tarifas aeroportuarias y la obligación de rebajar los alquileres de las tiendas de sus instalaciones. Con una deuda neta de más de 7.300 millones de euros, AENA trata de mantener su valor bursátil y también de sus activos inmobiliarios con proyectos especulativos de ampliación de infraestructuras y de ciudades aeroportuarias, una apuesta complicada en la coyuntura de crisis económica, ambiental y energética actual. Creemos que hay que advertir del riesgo de socialización de las pérdidas de esta compañía a cargo de los presupuestos públicos, tal como establece la Ley 18/2014 que regula el DORA.
La manipulación con la que se ha instigado la sociedad catalana desde los partidos políticos, Fomento del Trabajo, AENA y los medios de comunicación, incluso públicos, nos tiene que hacer reaccionar con contundencia. Hemos podido comprobar que estamos gobernados bajo marcos de negacionismo climático, donde todavía caben proyectos especulativos basados en grandes consumos energéticos y de combustibles fósiles, y en la destrucción del territorio.
Por eso desde las organizaciones que nos manifestamos el 19 de septiembre pedimos que el Gobierno rectifique y pare todas las ampliaciones aprobadas en el DORA II y que aborde de forma inmediata el redimensionamiento de AENA, con el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos que tengan alternativa ferroviaria. Del mismo modo, pedimos a los gobiernos central y catalán un giro de 180° en las actuales políticas de turistificación y especulación inmobiliaria para proteger el derecho a la vivienda, a la salud, a la movilidad justa y sostenible, y a un trabajo digno; y que trabajen al mismo tiempo para fortalecer el tejido productivo y económico interno con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población y respetar los límites biofísicos del planeta.
