Muchos son los temas que llevan a la población a verbalizar la frase ‘Nuestras vidas no son un negocio’. Esta semana, y después de meses de subidas del precio de los suministros, toca señalar que “se pare la estafa de la luz”.
A mediados de septiembre, el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó una serie de medidas para paliar el desorbitado crecimiento del precio de la luz. Viendo que éste no para de alcanzar récords históricos, algunas organizaciones y colectivos entre los que se encuentran el Movimiento por la Vivienda, la Taula Sindical de Catalunya o la Aliança contra la Pobresa Energètica, han convocado una manifestación el sábado 6 de noviembre a las 18.00 h en plaza Universitat. A ésta también se han sumado diversas organizaciones sociales y políticas.
El principal objetivo es denunciar las malas praxis de empresas y gobiernos y exigir que se consideren estos bienes esenciales como un derecho básico para la vida. Enmarcan esta movilización en un contexto de crisis y deterioro de las condiciones de vida y lo hacen ahora, que sin saberlo a ciencia cierta cuando la convocaron, es justo cuando las temperaturas han caído drásticamente.
En Catalunya, hay entre un 10% y un 15% de personas que viven en pobreza energética y que según documenta la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), “viven esta escalada de precios con mucho malestar”. En España, el 90% del sistema eléctrico está controlado por grandes multinacionales que, como entienden los organizadores de la manifestación del sábado, “especulan y se lucran con un bien de primera necesidad como es la electricidad”.
Mònica Guiteras, de la APE, ha declarado en rueda de prensa que a pesar de lo que se pueda decir desde los gobiernos, “es la opacidad del modelo lo que no se entiende: hay personas viviendo esta escalada con angustia, sin información clara y sabiendo que las decisiones tomadas en despachos responden a un mercado controlado por las empresas del oligopolio: por Endesa, Iberdrola y Naturgy”.
La luz sube un 44%, los combustibles un 23% y la alimentación un 15%
Señalan que estas subidas no son aisladas, ya que se está viviendo un aumento general de precios. Durante el último año la factura de la luz ha subido un 44%, el coste de los combustibles un 23% y la inflación general se sitúa ya en más de un 5%. Además, como hizo notar también durante la rueda de prensa Iru Moner, de CGT Catalunya y en nombre de la Taula Sindical de Catalunya, la cesta básica de alimentos también ha subido un 15%. Además, también ha destacado que “el estancamiento de salarios de la clase trabajadora de este país lleva así casi una década, hay un paro endémico de un 15%, el paro juvenil ronda el 35% y las pensiones siguen por debajo del aumento del coste de la vida”. Otro elemento a tener en cuenta sobre las condiciones de vida de la sociedad que han querido resaltar, es que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, sigue incrementándose la tasa de temporalidad llegando este trimestre al 21,85%. Según Moner, esta situación “condena a la pobreza cada día a más personas” y hace que “familias sufran inseguridad ante gastos imprevistos”.
Gastos que, como resalta Guiteras, son acumulados por “un mercado controlado por pocas manos y basado en el lucro”. Como destacan, Endesa, Naturgy, Iberdorla realizan miles de millones de euros cada año en beneficios aunque se consuma menos. Esto responde al sistema de precios que hace que se pague muy por encima de su coste de producción. El beneficio sólo de Endesa en el 2020 fue ya de 1.394 millones de euros. Iberdrola ganó 3.611 millones de euros, un 4,2% más que en el año anterior. Naturgy tiene varias deudas acumuladas, que no tardará en cerrar, ya que sólo durante el primer trimestre de 2021 ganó 383 millones de euros que casi duplican los 199 millones de euros de beneficios realizados durante el mismo período de 2020.
Ante esto, Guiteras denuncia que las empresas “siguen asediando a las familias, cortando suministros, cambiando los contratos de mercado regular a mercado libre haciendo que la gente pierda el bono social o llevando a juicio a la gente que está acumulando deuda”. Exigen así con urgencia que haya medidas estructurales para reducir y regular los precios, proteger a las familias en vulnerabilidad y hacer que todo el mundo pague lo mismo por la energía. Además, remarcan que no quieren parches pagados con dinero público sin responsabilidad para estas empresas: “¡no podemos permitir el abuso del oligopolio con la complicidad de los gobiernos y por eso el sábado salimos a la calle!”, ha cerrado.
Con esto se refería a que el pasado 25 de junio, el Gobierno aprobara la rebaja del IVA de la luz de un 21 a un 10% y que a esta rebaja se sumara durante el mes de septiembre una rebaja al impuesto sobre la producción eléctrica y al impuesto especial eléctrico. Una rebaja que como explicábamos en este artículo, supondrá que las arcas públicas dejen de recibir 650 millones de euros. Para reducir la sensación de que el Gobierno prefería reducir la recaudación a tocar los beneficios de las empresas, el Consejo de Ministros aprobó una medida que sí afectaba directamente a las empresas: éstas tendrán que devolver 2.600 millones de euros que deberían servir para menguar el precio de la factura de la luz.
Por su parte, sin embargo, Maria Antònia Castellana, hablando en nombre del movimiento de la vivienda, ha destacado que a pesar de los anuncios de medidas de escudo social que se han ido publicando, han continuado los desahucios y ha denunciado que si bien la vivienda forma parte de los derechos sociales de la Constitución, en la práctica no está garantizada. “Como está al mismo nivel que el derecho a la propiedad, nos encontramos con que tanto gobiernos como jueces ponderan a favor del derecho a la propiedad privada”, ha explicado.
Empresas y Gobiernos, cómplices en la privatización de bienes
Si bien desde el movimiento por la vivienda llevan años trabajando en defensa del acceso a la vivienda, también defienden que ésta no puede ser digna si no tiene garantizado el acceso al agua o la luz: “estos son bienes sociales inapelables que van ligados a la vivienda y que todo el mundo debe tener”. Pero Castellana ha destacado que existen poblaciones de familias vulnerables que por no cobrar los ingresos mínimos no están teniendo este derecho. También ha nombrado a los jóvenes, a los que considera que se les está obligando a no poder emanciparse ya no poder construir su vida, puesto que los alquileres no lo permiten y no están acorde con su sueldo. Por último, también se tiene que pensar, ha dicho, en las personas mayores, que muchas veces ven cómo su contrato finaliza y los precios aumentan y no pueden hacer frente.
Ante estos escenarios, desde el movimiento por la vivienda también exigen medidas urgentes. “Nos hemos encontrado con unos gobiernos que hasta ahora no han tenido en cuenta que estos bienes sociales no podían estar en manos ni de fondos buitres ni de grandes empresas que hacen negocio de un bien social”, ha manifestado Castellana. Así, con esta movilización quiere señalarse a las empresas, pero también a los gobiernos que han permitido la privatización de todos estos servicios con su connivencia. Y es que en este sentido, Castellana cree que “algunos políticos están más preocupados por si los grandes tenedores, a partir de 15 viviendas, pierden ingresos por tener que rebajar alquileres y ceder pisos a familias vulnerables o por si los fondos buitres dejan de elegir este país para venir a especular, que por el sufrimiento de las familias que deben elegir entre pagar el alquiler, pagar el recibo de la luz o dar un alimento saludable y mínimo a sus hijos”. Responsabiliza también de haber llegado a esta situación a que no exista un parque público de vivienda capaz y proporcional a las necesidades. Relaciona la inexistencia de éstos, a que muchos cargos políticos terminan haciendo uso de las puertas giratorias que les dan estas empresas.
Por último, y enlazándolo con el concepto ‘nuestras vidas no son un negocio’, Castellana ha recordado que ya hemos tenido demasiadas muertes. Y con ello se ha referido a casos como el de la mujer de Reus muerta en un incendio causado por las velas que calentaban e iluminaban su casa desde que le habían cortado el suministro a raíz de un impago, pero también ha añadido que ha habido ya demasiados suicidios de personas que a punto de ser desahuciadas han decidido quitarse la vida. “El Govern de Catalunya tiene la obligación de buscar un lugar donde vivir para todas las familias vulnerables, pero no sólo no lo hace y desperdicia las leyes que intentamos hacer desde la calle, sino que, además, nos envía los Mossos d’Esquadra para pegar y multar a quienes intentamos detener desahucios y que este derecho se lleve a cabo”, ha denunciado Castellana. De hecho, a mediados de octubre, el movimiento por la vivienda denunciaba acumular multas por valor de 200.000 euros desde 2019 y acusaba a Interior de una “persecución política” contra los activistas.
Sin embargo, dicen ser conscientes de que sólo desde la calle se podrá detener el hecho de que la vivienda y los suministros que la rodean dejen de ser un bien especulativo. Por eso convocan a esta gran manifestación donde quieren dejar claro que no sólo exigen medidas de carácter urgente para reducir los precios de las energías y de la luz, sino que es necesario ir más allá. Y es que como declaran en el manifiesto conjunto: “el problema de fondo no se solucionará hasta que no tomemos de sus manos lo nuestro”. Es decir, hasta que se nacionalicen las eléctricas.
