El año 2014 en Cataluña, en un marco de emergencia habitacional con 50 desahucios cada día, más de 110.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008 y la creciente problemática de los desahucios por impago de alquiler, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular (*ILP) para lograr en el Parlament nuevas políticas de vivienda y pobreza energética que hagan frente a esta emergencia social.
En verano del 2015, con un amplio apoyo social y una mayoría absoluta en el Parlamento, se aprobó la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La ley, vigente completamente hoy en día, contempla medidas como la obligación de los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales a familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio. Una medida de prevención que ha evitado miles de desahucios poniendo una solución durante los años que dura el contrato de alquiler. Así se corresponsabiliza a los culpables de la situación y los hace partícipes de la solución.
La Ley es clara y hace una importante distinción entre grandes y pequeños propietarios de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran propietario, éste tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia. En cambio, cuando este sea un pequeño propietario, será la administración la obligada a conceder ayudas para que el afectado pueda seguir en la vivienda o asegurar un realojo adecuado.
¿El problema? Que la ley obliga a hacer la oferta de alquiler social, pero no contempla la renovación obligatoria. Esto provoca que una vez finalizados los contratos, si la familia sigue en situación de no poder asumir un precio de mercado, es empujada a sufrir un desahucio. A raíz de esto, a pesar de tener la ley más garantista de Europa en el ámbito de la vivienda, Cataluña lidera el ranking de la vergüenza como territorio donde se sufren más desahucios en todo el Estado. Actualmente se están produciendo 2 desahucios la hora.
La falta de renovaciones en los alquileres sociales, así como la problemática creciente de familias que no tienen jefe otra alternativa que ocupar un piso de la banca o de fondo buitre, hizo realidad el Decreto 17/2019, con medidas que ampliaban la protección de las familias vulnerables y responsabilizan más a los grandes especuladores.
Desgraciadamente, este Decreto no duró demasiado y fue tumbado por el Tribunal Constitucional en un nuevo ataque al Derecho a la vivienda y abriendo la puerta a miles de desahucios. Más de 3000 familias se quedaron desamparadas cuando cayó la norma según datos de la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC). Familias que hubieran podido resolver su problemática durante la vigencia del Decreto. Una solución negada por los grandes especuladores, que sabiendo de la más que probable suspensión, alargaron los procesos de tramitaciones con la esperanza de ahorrarse hacer alquileres sociales y no ver reducidos sus ingresos millonarios. Les salió bien la jugada.
El cuatro de febrero de este año, se hacía pública la sentencia del TC. Una vez dejaron de tener las obligaciones de renovar los alquileres sociales, de ofrecer alquiler social en caso de finalización de contrato y la obligación de ofrecer alquileres sociales a familias en precario, obligadas a ocupar una vivienda vacía de banco o gran propietario, siempre que se hubiera producido antes del 23 de junio de 2019, los desahuciadores tuvieron barra libre.
Al día siguiente de la suspensión, bancos, fondos buitre y socimis empezaron a llamar por teléfono y a enviar correos a las familias, muchas de ellas con contrato sobre la mesa, para retirar las ofertas.
Roi, vecino de Cardedeu, vive de ocupación con su mujer y su hijo menor de edad. Cuando se vieron obligados a hacer este paso, el propietario era de BBVA. Actualmente la propiedad ha pasado a Divarian/Cerberus. Fueron de las familias que vieron como su negociación casi finalizada, acababa con el Decreto. Ya han sufrido dos órdenes de desahucio y tienen fecha por el 28 de febrero.
Soumia hace dos años que vive de ocupación en un piso del Banco Sabadell, todavía no ha sufrido ningún desahucio, pero la espada de Damocles danza sobre su jefe. Le prometieron un alquiler social que todavía no ha llegado. “Tengo dos hijos. Cuando llegamos a Mollet intentamos buscar un alquiler, fue imposible. Eran demasiado caros o no nos querían alquilar. Queremos vivir pagando un alquiler social que nos podamos permitir.”
Alicia, vive en un pequeño apartamento de solo una habitación del Banco Sabadell. Alícia se quedó en paro el 2011 con más de 50 años cumplidos. Cobrados los dos años del paro, acabar la prestación, dejar un piso en Barcelona que no podía pagar y alquilar una habitación, un amigo y vecino de su hijo le dice que le deja su piso, que está alquilando, pero en el cual no vive porque no funcionan los timbres, ni el ascensor… así es como llega a su casa. “Nunca creí que acabaría ocupando un piso. Llevo años intentando regularizar mi situación y lo único que he conseguido es que jueguen al ping-pong conmigo. Estoy enferma y necesito estabilidad”, afirma.
A Mònica, le acabó el contrato de alquiler social que firmó con el banco Sabadell, justo después de la suspensión del decreto. Promontoria, quien tiene a estas alturas la propiedad del piso de 30 m² donde vive con sus dos hijos menores de edad, está negándole la renovación desde el mes de noviembre de 2019. Fue en aquellas fechas cuando Mònica empezó a reclamar su renovación angustiada, ya se temía lo peor. Todavía no ha renovado y en estos meses ha recibido respuestas como ”no insistas más, ya sabrás de nosotros cuando te llegue el desahucio”. Mònica afirma “Nunca he dejado de pagar. Todo y sin contrato cada mes ingreso el dinero en una cuenta de los juzgados. Mis hijos merecen estabilidad y que dejen de jugar al *Monopoly con nuestras vidas”.
El futuro del Derecho a la vivienda en Cataluña
Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por la crisis económica que el Estado español sufre desde el 2008. Según datos de la última Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2020, la tasa de paro es del 13,87 por ciento –un 38,14 entre las jóvenes de 16 a 24 años–, con 537.900 personas desocupadas, un 70 por ciento de las cuales no recibe ningún subsidio o prestación. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, en el cuarto trimestre del 2020, más de 152.400 hogares tienen todos los miembros al paro, y 97.100 de estos hogares no perciben ningún ingreso.
Con este contexto social, el Grupo Promotor de la ley 2472015 y el Decreto 17/2019, redacta una nueva ley antidesahucios que recupera las medidas suspensas y da un paso más allá. De este modo se espera evitar la previsión de 26.000 desahucios cuando acabe la moratoria del Estado Español, incorporada en su escudo social por COVID-19, el 28 de febrero de 2022.
Esta nueva ley, que no Decreto para evitar una nueva suspensión, fue registrada el 8 de junio de 2021, por ERC, Junts X Cataluña, En Común Podem y CUP. Tratada como prioridad del nuevo Gobierno de la Generalitat, la tramitación de la ley antidesahucios, fue uno de los puntos que figuraba en los acuerdos de ERC con Junts y CUP para la formación del nuevo Gobierno. El diputado de ERC Pau Morales calificó de esencial que la medida estuviera vigente cuando caducara la moratoria estatal de desahucios, el 9 de agosto. La moratoria ya se ha ampliado dos veces y seguimos sin la nueva ley.
Esto viene provocado por Junts X Cataluña, que rompe los acuerdos y a pesar de haberse comprometido con la ley y su registro, ha optado por hacer enmiendas que recortan de manera alarmante la ley. Las mismas enmiendas presentadas por el PSC, que dan la espalda a miles de familias y son un nuevo trato de favor para los grandes propietarios.
Pretenden compensar a los grandes propietarios pagando con dinero público la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Quieren rebajar de la definición de gran propietario: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndose a 15 pisos, tanto por personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Cataluña y no al resto del Estado.
Las enmiendas también buscan rebajar la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizar o movilizarlos. Esto pondría más difícil multar los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
Se dejan desprotegidas a más familias que ocupan pisos de bancos y fondos buitre. Excluyen del alquiler social las familias que ocupan desde octubre del 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
La nueva ley aumenta el tiempo de duración de los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, segundos si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.
El movimiento por la vivienda de Cataluña clama al cielo y ya ha promovido varias movilizaciones para forzar a Juntos a retirar las enmiendas y poder avanzar en la tramitación. La Ley de haber mantenido los acuerdos ya podía estar vigente. Ahora nos encontramos que como pronto no se llevará al pleno del Parlament hasta justo antes de Navidad o nos iremos ya el próximo año.
Presión de los lobbies inmobiliarios
Como era de esperar, los especuladores también mueven ficha y trabajan para mantener sus beneficios sin importar el coste humano de sus políticas especulativas.
Esta semana se ha hecho público un comunicado firmado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida (CAFBL) y el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña.
En este comunicado, el sector inmobiliario catalán, reclama que no se obligue a los propietarios a aceptar un alquiler social sin compensación económica, así como que se reconsidere la definición de gran tenedor y la obligación de ofrecer y facilitar un alquiler social a las personas que están ocupando vivienda vacía.
Se pueden leer perlas como “Los colectivos profesionales y asociaciones representantes del sector inmobiliario, valoramos positivamente que uno de los grupos parlamentarios, que se encuentra dentro de los que han propuesto esta ley, haya presentado una enmienda en la cual se contempla una compensación económica por aquellos propietarios que se vean obligados a aceptar un alquiler social. Sin embargo lo vemos insuficiente”.
Estos profesionales de la especulación, encuentran intolerable que se los haga responsable de las dificultades de acceso o poder mantener una vivienda. Ponen toda la responsabilidad a las Administraciones públicas y lamentan que “en las enmiendas propuestas no se hayan tenido en cuenta las alegaciones que las entidades más representativas del sector han formulado en sus comparecencias para atender las necesidades de población vulnerable, defender el derecho universal al acceso a la vivienda y al mismo tiempo el derecho a la propiedad privada en su función social.’”
Para acabar apelan al clásico “fomentar las ocupaciones” omitiendo el detalle de la retroactividad de la medida, que no contempla regularizar las ocupaciones a futuro. Si hacer justicia a una problemática que es el resultado de la carencia de leyes garantistas y el abuso con los precios del sector inmobiliario. Recordamos que las ocupaciones son el resultado de un problema sin afrontar y no las causantes del problema.
