Si hablamos de esa fecha y de transiciones probablemente la mayoría de lectoras ya habrán asociado este artículo con la efeméride de la muerte del dictador fascista Francisco Franco o de la de Buenaventura Durruti. Nada más alejado de la realidad, el 20 de noviembre es también el Día de la Memoria Trans y se conmemora la efeméride de otras muchas muertes anónimas que, desgraciadamente, también tienen contexto político.
El Día Internacional de la Memoria Trans fue creado en 1999 para honrar la memoria de Rita Hester, mujer trans afroamericana asesinada en noviembre de 1998 a la edad de 24 años. A pesar de que los tiempos han cambiado y vivimos en una sociedad aparentemente muy distinta a la de entonces, lo cierto es que los datos no son demasiado esperanzadores. Según un estudio realizado por Transgender Europa, desde 2008 hasta septiembre de 2021 murieron asesinadas 4.042 personas trans en el mundo por motivos LGBTIfóbicos, de las cuales un 60% eran trabajadoras sexuales, un 97% eran mujeres, el 89% eran racializadas y el 73% eran personas migradas. Además, 14 de ellas fueron en España. Ese mismo mes una chica de 23 años fue presuntamente agredida y lanzada desde la muralla de Lugo. Por término medio, en el mundo son asesinadas casi 3 personas trans cada 2 días.
El precio de la disidencia de género es elevado: según datos de ILGA World, 70 Estados actualmente criminalizan al colectivo LGBTI (considerando desde una criminalización de facto hasta la pena de muerte). Además, en los últimos años se ha visto un retroceso o estancamiento de los derechos de las personas trans y del reconocimiento legal del género. Ser trans significa ser negada, excluida, invisibilizada y arrebatada de cualquier tipo de dignidad humana en muchos casos.
La protección institucional, en términos generales, es paupérrima. España sí tipifica el fomento, promoción o incitación directa o indirecta al odio, hostilidad o violencia hacia colectivos o grupos concretos en el artículo 510 del Código Penal; y recoge en el artículo 22.4 del mismo Código como circunstancia agravante la comisión de cualquier delito por discriminación por orientación o identidad sexual o de género o por razones de género. En la práctica, la situación es mucho más compleja. Para considerar este agravante en, por ejemplo, agresiones, violaciones u homicidios, debe demostrarse que el delito en cuestión se comete por estos motivos y no es suficiente la mera condición de la persona. En cualquier caso, los datos no mienten. La instauración de ese delito no ha supuesto una reducción de personas asesinadas, abusadas o agredidas. Es por ello que se necesitan medidas que protejan no sólo penalmente, sino socialmente, las situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad de las personas trans. Establecer condiciones laborales dignas, programas de vivienda, o garantizar el derecho de asilo por motivos de disidencia de género. Porque, al fin y al cabo, la lucha trans es transversal: la justicia social, ocupacional, racial, climática o del resto del colectivo LGBTIQ+ juegan un rol tan importante que no pueden concebirse una sin las otras.
Por todo ello, este 20N debemos reivindicar la memoria de aquellas que no han podido llevar a cabo su transición y organizarnos para que las futuras generaciones de todo el mundo tengan los Derechos Fundamentales y Humanos garantizados. Sonia Rescalvo, Paloma Barreno, Lyssa Da Silva, Lorena Reyes entre muchísimas otras, serán recordadas para siempre un 20 de noviembre, enarbolando bien alto nuestras banderas frente a quienes levantarán ese mismo día el brazo derecho.
