Cinco años después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC que puso fin a un conflicto armado de 50 años, la mayoría de los 13.000 guerrilleros que dejaron las armas se mantienen firmes en su compromiso de paz pese a los incumplimientos del gobierno y el asesinato de 300 excombatientes. La ayuda internacional, incluyendo el extraordinario compromiso de la cooperación catalana, ha sido uno de los salvavidas de un proceso de paz que el presidente colombiano dijo que iba a hacer trizas cuando llegó al poder.
Días después de firmarse los acuerdos de la Habana, algo más de 13.000 guerrilleros de las FARC dieron el paso a la legalidad dirigiéndose a las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), repartidas por todo el país para concentrarse e iniciar su tránsito a la vida civil. Unos 3.000 excombatientes, según el Gobierno, todavía residen en estas áreas que, al poco tiempo y en número de 26, pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR), una especie de ciudadelas prefabricadas con materiales precarios en las que agrupados hicieron la dejación de sus armas y reiniciaron sus vidas.
La llegada a los ETCR marcó, sin embargo, el inicio del tortuoso camino hacia la paz para los exguerrilleros, lleno de incumplimientos por parte del gobierno que sí entregó una renta básica a los reincorporados y una asignación única de 2 millones pesos (unos 400 euros) “No tenemos programa de acceso a tierra ni de acceso a la vivienda, tampoco programa de asistencia y acompañamiento a la población excombatientes más vulnerable como adultos mayores y heridos de guerra. No hay voluntad para hacer los ajustes normativos que requiere la reincorporación”, dice desde su oficina en Bogotá Pastor Alape, integrante de la dirección del partido Comunes creado por las FARC y responsable de la reincorporación por los excombatientes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Así, la gran mayoría, unos 9.500, ya no están en estos espacios, pero siguen vinculados al proceso de paz. Se fueron buscando alternativas de vida, cansados de esperar. Solo unos 800 se estima que decidieron retomar las armas formando parte de las llamadas disidencias o de otros grupos armados al margen de la ley. Unos 3.500 de los exguerrilleros que se marcharon de los ETCR se han ido reorganizando en nuevos asentamientos que bautizaron como Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y que el gobierno no reconoce oficialmente. Existen unas 93 distribuidas en 17 regiones del país, y desde allí crearon en muchos casos cooperativas para impulsar proyectos productivos. Según el último de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en Colombia existen 155 cooperativas de reincorporados ligadas a proyectos productivos, principalmente agrícolas.
Gallinas y peces
El proceso colombiano se sostiene en gran parte por los esfuerzos que la comunidad internacional está haciendo por defender la paz en Colombia. Un ejemplo son los proyectos que la Asociación catalana por la paz (ACP) e International Action Peace (IAP) con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación (ACCD) y la Agencia Española de Cooperación (AECID) realizan con excombatientes de las FARC a través de diferentes contrapartes, incluidas dos universidades del país en agrupación con la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Son los únicos proyectos del Estado Español que trabajan directamente con exguerrilleros en proceso de reincorporación y los dos se ejecutan en la convulsa región del Cauca, en el suroccidente de Colombia, Uno es de producción de huevos y el otro, piscícola, de producción de tilapia roja. Ambos pretenden promover la implementación de la llamada paz territorial a través del apoyo a la reconciliación y la reincorporación socioeconómica de excombatientes.
Diez mil gallinas ponedoras llegaran a los NAR de dos veredas de los municipios caucanos de Caldono y Santander de Qulichao a lo largo de los próximos dos años. El proyecto prevé beneficiar a unas 30 familias de personas reincorporadas y a otras tantas de la comunidad integradas en el proyecto. “La idea es que lleguen primero 5.000 y produzcan unos 4.500 huevos diarios, unas 200 gallinas por familia que deben producir unos 180 huevos diarios”, dice Luis Fernando Barrios, de Ecosur, una de las contrapartes del proyecto. El trabajo se complementa con un diplomado de Universidad del Valle con los beneficiarios que busca fortalecer el papel de la mujer y capacitarles en temas de cooperativismo y economía social y solidaria.
La implementación no será fácil. En el Cauca, la situación de seguridad es muy complicada y la violencia merodea a los excombatientes. Las estructuras armadas presentes en el territorio han enfocado sus amenazas contra los exguerrilleros. Hace unos meses, siete hombres armados sacaron a Nelson Rodríguez de su casa del NAR de una vereda de Santander de Quilichao, y lo asesinaron.
En Mandivá la moral está muy baja tras la muerte de Nelson Rodríguez y las amenazas posteriores. Ingrid Paula Castro, miembro también de COMAMCE presenció como se lo llevaban delante de sus ojos para matarle. Llora cuando lo recuerda y se angustia por la impotencia que sintió de no poder hacer nada. “Ellos no me vieron. Estaba con mis dos niños en el piso de arriba. En mi vida de guerrillera había sentido miedo pero jamás tanto como ahora en la vida civil”, dice. Y arremete contra el proceso de paz decepcionada. “Nos decían que íbamos a asumir una nueva vida, que íbamos a tener garantías de vida y que nos íbamos a mantener todos juntos trabajando en proyectos productivos. Van cinco años y mírame, no tengo una vivienda digna y no tenemos garantías de vida”.
Con todo dice que no da su brazo a torcer “Ahora tenemos el proyecto de las gallinas y habíamos pensado ya donde poner los galpones pero ya tomamos la decisión de no hacer la inversión aquí porque es un riesgo. Hemos de encontrar la manera de ubicar la cooperativa en otro lugar y que podamos seguir juntos la gran mayoría”.
Su motor son sus hijos “Tengo la esperanza de que algún día las cosas cambien y pueda criarlos donde no haya violencia”. También su madre que vive en Buenaventura, en el Pacífico, y con la que se pudo reencontrar después de su vida guerrillera. “Fue muy bonito. Ella lloró mucho. Las brujas le decían que estaba viva, pero me habían dado por muerta y me hicieron velorio y todo”, dice riendo.
A una hora y media de camino desde Mandivá, montaña arriba en dirección al municipio de Caldono y dentro del resguardo indígena de San Lorenzo, está el NAR de la vereda del Venteadero. Allí las cosas están más tranquilas y se preparan para recibir tambié unas 1.200 gallinas de la primera fase del proyecto y cuya producción de huevos ya tienen comprometida con la alcaldía de Caldono. El proyecto beneficiará aquí a unas 10 familias de reincorporados junto a otras de la comunidad, todas ellas integradas en la Cooperativa Cimapaz. “ Es bueno incluirles para que vean que no estamos trabajando solo como reincorporados sino también para la comunidad en general. Creo que tenemos una oportunidad y los sueños son grandes”, dice . Jhon Fredy Caviche representante legal de la cooperativa y encargado del NAR.
Caviche regreso hace unos meses al Venteadero, la misma vereda que le vio nacer y de la que se fue cuando tenía 11 años para entrar en las FARC. Alli estuvo 15 años en un frente de la costa pacífica. Parte del proceso de reincorporación lo hizo en el ETCR de Buenaventura hasta que se cansó. “Presentábamos proyectos productivos al gobierno y no nos aprobaba ninguno, entonces uno se cansa y ya mejor decidí volver y buscar trabajo.
Ya en dirección a Cali, en el municipio de Miranda, está el NAR de la finca La Elvira donde se refleja el árduo trabajo de un grupo de 32 exguerrilleros que decidieron abandonar el cercano ETCR de Monterredondo para, a través de la cooperativa CEPRODET, reorganizarse y establecerse en una tierra cedida por diez años dentro de una Zona de Reserva Campesina. Con una cierta visión de aldea comunitaria, en La Elvira funciona desde hace un año un proyecto piscícola de Tilapia roja que está funcionando muy bien y con mucho valor agregado.
Hasta llegar a los peces habían probado otras cosas que no les habían funcionado. Cultivaron fríjoles y yuca, pero las tierras en esta región son de mera caña de azúcar y que una vez se deja de cultivar, vuelve la tierra muy improductiva. Alfredo Martínez y Sandra Talaga no sabían nada de piscicultura. Aprendiendo se les quedaron muchos peces en el camino, pero hoy tienen un buen manejo de los pescados y del tratamiento del agua. La comercialización está funcionando muy bien y venden en muchos mercados campesinos. “Tenemos un pescado de calidad de unos 450 gramos, que destripamos, descamamos y le damos una muy buena presentación. Ahora además tenemos cuarto frio y eso nos permite poder conservar la tilapia hasta por ocho días”, explica Martínez, reincorporado de la guerrilla de las FARC para quien en su tiempo hizo labores de miliciano en zonas urbanas.
El proyecto piscícola cuenta con cuatro estanques con capacidad para producir unos 120.000 peces al año La piscifactoría apunta a estar cada vez más tecnificada y tiene muy buenas perspectivas de crecer. “Estamos pensando en invertir los beneficios en comprar tierra para que la gente tenga su casa y su lote en propiedad, y también hacer un estadero para pesca deportiva”, resalta
La universidad Pontificia Javeriana de Colombia que también acompaña este proyecto ha puesto grandes expectativas en él. “Este proyecto que hacemos con la cooperación catalana me gusta mucho y por eso lo apoyamos. Porque lo gestionaron los excombatientes tanto en la gestión internacional de los recursos, como en la presentación del proyecto y en la implementación. Desde la universidad es importante acompañarlo, generar capacidades técnicas y tender puentes y relacionamientos”, señala Manuel Ramiro, director del instituto de estudios interculturales de la Javeriana.
Para Ramiro, los proyectos productivos de Mandivá, Caldono y Miranda tienen además un plus y es que quieren incidir en el proceso de reconciliación de los excombatientes con las comunidades teniendo en cuenta que la aceptación de los reincorporados en los territorios ha sido en general difícil. ”Había muy mala información y hemos tratado de explicarles bien a la comunidad porque los muchachos decidieron estar de ese lado de la montaña, porque después dejaron las armas y porque vinieron a trabajar al territorio. Aprender a perdonar es el paso para entender la paz. Mis padres y yo lo hicimos. A mi hermano se lo llevó la guerrilla a los 16 años cuando iba a la escuela con sus primas. Hoy quince años después es una persona dada por desaparecida”, cuenta Brigitte Pito que hace parte de la cooperativa Cimapaz como secretaria general y trabaja de la mano con los excombatientes.
También Carmen Estela Mesquizo, que no fue guerrillera y es la vicepresidenta de CEPRODET, reconoce que en el pueblo había mucho temor y la relación con los excombatientes ha sido un poco cerrada, pero la percepción ha ido cambiando. “Han empezado a entender que si hay una comunidad nueva que le apuesta a la paz hay que darle la oportunidad. Cuando vienen a la finca a comprar pescado se quedan sorprendidos de como ha quedado el espacio con los estanques y ellos y ellas se sienten alagados que los visiten”, indica.
Los proyectos de la ACP y de IAP en Colombia con reincorporados son solo un ejemplo de la larga tradición de la cooperación catalana con Colombia y del amplio compromiso de las ONG’s y organizaciones sociales con la paz en aquel país. También del Ayuntamiento de Barcelona y de la Agencia Catalana de Cooperación de la Generalitat que lo consideran un país prioritario en sus políticas de cooperación. De hecho, es seguramente el país que más ayuda oficial al desarrollo ha recibido en los últimos años a través de diferentes proyectos y programas. De 2017 a 2020, ambas instituciones han impulsado y están desarrollando allí cerca de cien proyectos y programas, 41 por parte municipal y 49 por parte autonómica, a través mayormente de la convocatoria de subvenciones a los proyectos de ONG’s pero también de cooperación directa con instituciones colombianas. Su aportación económica en este tiempo asciende a diez millones y medio de euros, siete por parte de la Generalitat y tres y medio del Ayuntamiento. Este compromiso con los derechos humanos y la construcción de paz de Catalunya con Colombia es gracias en buena parte a la labor de incidencia de la Taula Catalana per Colòmbia, una plataforma formada por 31 organizaciones que tienen sus ojos puestos en Colombia.
