Históricamente, los ayuntamientos catalanes han consolidado relaciones de solidaridad con pueblos de otros lugares del planeta, particularmente en Centroamérica, el Sahara o Palestina. Un grupo de consistorios catalanes de ciudades medianas y pequeñas llevan años apostando por hacer políticas propias de cooperación de la mano de su tejido asociativo. Ayuntamientos como Terrassa dedican hoy el uno por ciento de sus ingresos a cooperación superando en tres décimas la histórica meta del 0’7. Sant Boi y Sabadell dedican un 0’8 y Sant Cugat, Lleida, Sant Adriá, Santa Coloma de Gramenet o Barcelona el 0’7. La capital catalana abandera además una nueva manera de hacer cooperación con un enfoque de justicia global que sustituye a la visión tradicional de la cooperación al desarrollo y donde la defensa de los derechos humanos y la incidencia política tienen mucho peso.
Y es que la cooperación catalana de ámbito municipal ha dado un salto cualitativo en algunos aspectos, considerados ejemplo de buenas prácticas. Es el caso de los programas de acogida a personas refugiadas que huyen de la guerra y que han hecho de Gavá, Sant Boi, Terrassa, Sant Cugat o Viladecans, entre otras, ciudades refugio comprometidas con esa causa. O la vinculación, también de Sant Cugat, por poner otro ejemplo, con el Programa de la Generalitat de Catalunya de protección y acogida temporal de personas defensoras de Derechos Humanos amenazadas facilitando acompañamiento y un piso para la estancia de dicha persona junto a su familia.
También la llamada cooperación técnica ha tenido un fuerte impulso. Son varios ayuntamientos los que de forma bilateral establecen relaciones con otros ayuntamientos en países del Sur para ofrecerles conocimiento técnico en temas como alcantarillado, gestión de residuos o gestión urbanística. Un modelo de cooperación que recuerda en parte a los clásicos hermanamientos. En Catalunya se realizaron centenares de ellos pero son muy pocos los que se mantienen activos. Uno de ellos es el que tiene Sant Cugat desde hace 28 años con D’aargub, un barrio de uno de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. “Además de la llegada de niños y niñas saharauis en verano, tenemos un piso que acoge a niños y niñas que necesitan atención médica continuada”, explica la regidora de Ciudadanía de este municipio, Gemma Aristoy, que es también presidenta de la Coordinadora Catalana de Ayuntamientos Solidarios con el Pueblo Saharahui (CCASPS) Todas estas expresiones de la cooperación catalana se unen a las numerosas actividades de sensibilización que realizan entre la ciudadanía y a los proyectos de cooperación de las ONG’s locales financiados vía convocatoria de subvenciones
Más protagonismo
Con todo, son muchas las voces que reclaman que los ayuntamientos tengan un mayor protagonismo en materia de cooperación y vayan más allá de la solidaridad y la ayuda humanitaria y den el paso a posicionamientos de incidencia política. Una declaración de Naciones Unidas de hace unos años habla precisamente de la obligación que tienen los gobiernos locales de adoptar una defensa comprometida de los derechos humanos, no solamente de su ciudadanía, sino a nivel internacional. “No es que los ayuntamientos se tengan que volver activistas, es solo asumir que defender los derechos humanos no es una cuestión adicional al ejercicio político, debe ser el principio del ejercicio político”, explica Natalia Biffi, responsable del área de incidencia de Reds -Red de Solidaridad para la transformación social, una organización que trabaja, entre otros ámbitos, en la sensibilización de representantes políticos municipales para que desde los ayuntamientos se promuevan nuevas maneras de cooperación que vayan en la línea de la corresponsabilidad y la incidencia política.
También el Fons Catalá de Cooperación para el Desarrollo está por esta labor. El Fons es una histórica asociación municipalista de solidaridad internacional integrada por más de 300 municipios catalanes que trabaja desde hace años en reforzar la cooperación como competencia municipal. “Hicimos un estudio donde el 80 por ciento decía que la única condición que debería tener la cooperación es la salvaguarda de los derechos humanos y por tanto éstos deben ser la guía de las políticas públicas de cooperación. La agenda de los derechos humanos es un tema que está cada vez más presente y los ayuntamientos quieren adherirse pero les cuesta mucho concretar”, dice David Minoves, director del Fons
No obstante, si existe la conciencia de avanzar para que la defensa de los derechos humanos tenga cada vez más centralidad en la gobernanza local. “La garantía de derechos en los países del Sur nos implica y nos interpela también a los países del Norte. El mantenimiento del uno por ciento del presupuesto de ingresos del ayuntamiento dedicado a cooperación nos da la posibilidad de continuar desarrollando políticas de cooperación activas y al mismo tiempo intentar explorar nuevas formas de hacer cooperación vinculadas con algunas realidades de la ciudad y la idiosincrasia de nuestro tejido social”, aafirma Bartolomé Agudo, técnico del Área de Educación, Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Terrassa que cuenta también con una regidoría específica de derechos humanos que impacta de forma transversal en toda su política pública.
En la misma línea está también el Ayuntamiento de Gavá. Su intención es reforzar las entidades de su ciudad teniendo en cuenta que para que un ayuntamiento actúe depende mucho de la existencia de una sociedad civil organizada y de iniciativas de diplomacia ciudadana que promuevan y empujen sus aspiraciones. “Contamos con entidades muy potentes y para un Ayuntamiento tener un tejido social comprometido y entidades de cooperación que tienen capacidad de incidir no solo en otros lugares del mundo sino también aquí, en el propio pueblo, es clave para cambiar las cosas”, señala Alba Riba, regidora de Juventud y Derechos Humanos en esta ciudad del Baix Llobregat de 46.000 habitantes.
La implicación de un ayuntamiento en su corresponsabilidad con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional puede llegar hasta donde el marco jurídico se lo permita, pero el margen es más amplio del que muchas veces creen. “Depende de su voluntad política y de asumir otra manera de hacer cooperación internacional. En los últimos años se habla mucho más de personas defensoras, de defender a quienes defienden los derechos humanos. Se ha demostrado que cuando un ayuntamiento tiene una relación continua con comunidades o con personas defensoras amenazadas eso tiene un efecto y unas repercusiones reales en la vida de las comunidades de otras partes del mundo y también redunda en la sensibilización de la propia sociedad local del municipio”, explica Alejandra Durán, técnica de investigación de Reds.
Ciutats Defensores
La corresponsabilidad municipal con la defensa de los derechos humanos sí ha tomado cuerpo en el proyecto municipalista de Ciutats Defensores, nacido en 2010 a raíz que Sant Boi acogiera a la activista colombiana Dorys Rivera y tuviera la oportunidad, a través de ella, de conocer de primera mano las dificultades que tenían los defensores y defensoras de ese país para ejercer su labor. La presencia de Rivera fue el detonante para impulsar este proyecto auspiciado y coordinado por el Fons Catalá de Cooperación donde hoy participan 27 ayuntamientos catalanes junto a otras nueve instituciones y cada año acoge a una decena de personas defensoras de derechos humanos amenazadas que vienen de diferentes lugares. Su presencia sirve para hacer sensibilización e incidencia social pero también para potenciar el papel de los municipios en la labor de defensa de los derechos humanos y poner el acento en el impulso de acciones de incidencia política relacionadas con las denuncias de las personas defensoras que participan. De hecho, Ciutats Defensores trabaja actualmente en protocolos para dar respuestas rápidas y de manera coordinada a las solicitudes de incidencia enviadas por las personas defensoras con las cuales se tiene contacto. El compromiso es que esas personas se sientan más protegidas y acompañadas, y puedan seguir haciendo su labor una vez retornen a sus países.
Con todo, la incidencia política en la protección internacional de los derechos humanos no se asume en general como una acción prioritaria en los ayuntamientos. Hay además una cierta sensación que existen ciertos límites competenciales. En ese sentido, desde el mundo de la cooperación consideran que sería bueno que el Estado, donde suelen primar los intereses económicos por encima de los derechos humanos, empiece a sentir la presión de las administraciones más pequeñas.
Según el Fons Català, los municipios sí tienen la voluntad de empezar a realizar acciones de incidencia política en esa dirección. “Falta hacer pedagogía porque los municipios, a pesar de no tener capacidad competencial para llevar a cabo según qué acciones, si pueden interpelar y hacer incidencia hacia otras administraciones de carácter superior, ya sea la autonómica o la del Estado, que sí tienen competencias”, reconoce Toni Borrell, responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Fons. Para Borrell, es una línea de incidencia incipiente que va más allá de lo que son las mociones municipales y los acuerdos de gobierno municipal. “El reto que hay dentro de la cooperación municipalista es incidir en estas formas de incidencia para producir cambios y establecer agendas comunes para trabajar juntos”, añade.
Desde Terrassa dicen estar en la línea que plantea el Fons. “Somos la Administración más cercana a la población y por tanto siempre es interesante trasladar inquietudes y preocupaciones a otras administraciones como la Generalitat y el Estado que son los que acaban teniendo competencias. La incidencia política no es que sea importante, es que es necesaria y más desde una perspectiva municipalista”, dice Teresa Ciurana, regidora del Área de Educación, Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Terrassa. Agudo, como técnico de la regidoria egarense, añade: “Estaria bien que esta incidencia no se circunscribiese solo al ámbito municipal sino que fuésemos capaces de estructurar lobies de incidencia política más potentes con otros municipios a través del Fons Català de Cooperació”
Pero dar el paso a posicionamientos políticos no es un camino fácil para un ayuntamiento más pequeño que prefiere trabajar en red para tener una mayor cobertura cuando hacen o ratifican un pronunciamiento político. En ese sentido agradecen coordinarse con redes ya existentes como puedan ser el propio Fons Català, Ciutats Defensores u otras como la CCASPS o la Red de Alcaldes i Alcaldesas por la Paz de Catalunya. “Cuando las mociones vienen impulsadas por espacios como el Fons es más fàcil para ellos asumirlas y sacarlas adelante en sus Plenos porque además son fruto de un amplio consenso”, argumenta Minoves.
Sin embargo, existe la tendencia generalizada en identificar las mociones y las declaraciones institucionales como la única herramienta para el impulso de acciones de incidencia política en el marco de la cooperación. Pero existen otras muchas vías que, a excepción del Ayuntamiento de Barcelona, apenas se emplean como pueden ser los comunicados públicos, el acompañamiento político a comunidades víctimas de violaciones a los derechos humanos, el envío de cartas a autoridades competentes de los Estados donde tienen lugar las vulneraciones o a organizaciones de tutela internacional, las misiones en terreno para verificar una determinada situación de vulneración, la concesión de ciudadanías honorarias, siguiendo el ejemplo de algunos Ayuntamientos italianos, la interacción con embajadas del propio país en países terceros o la realización de informes y su socialización. Todas son acciones que hacen saber que la comunidad internacional está pendiente de una determinada situación de vulneración de los derechos humanos.
Y es que las mociones y declaraciones institucionales muchas veces corren el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones sinó se hacen llegar a las autoridades competentes. Así pueden tenir su efecto. Es el caso de la reciente moción aprobada por el ayuntamiento de Lleida que reconocía a la población colombiana exiliada y migrada residente en su ciudad en el marco de una iniciativa impulsada por entidades locales en articulación con el Nodo de Catalunya de apoyo a la Comisión de la Verdad en Colombia.
También el Ayuntamiento de Sant Boi suele prodigarse en realizar mociones y pronunciamientos públicos con una sólida base social detrás. “Nos hemos posicionado muchas veces. La última fue con la situación que vive Nicaragua por nuestra cercanía a este país a través del hermanamiento con San Miguelito que nos interpela porque afecta a las poblaciones y a las contrapartes que trabajan con las entidades de nuestra ciudad”, afirma Alba Martínez, regidora de cooperación, solidaridad y Paz del Ayuntamiento de Sant Boi. Aun así, Martínez reconoce que es un tema difícil porque no faltan las reticencias de algún grupo políticoi.
Y aunque todavía en pañales, algunos ayuntamientos han empezado a incursionar en el tema de la compra pública responsable introduciendo clàusules sociales y medioambientales dirigidas a establecer condiciones de garantía y respeto de los Derechos Humanos a las empresas concursantes o contratistas en sus procedimientos de contratación. Es un camino complicado en el que el Ayuntamiento de Sant Boi ha podido ir un poco más allá aprobando en 2019 una instrucción sobre contratación pública responsable. Es otra forma de corresponsabilizarse con la defensa de los derechos humanos.
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