Entre los años 70 y 80 en el colegio público Diego de Velázquez, en el barrio de la Verneda, no llegaba ni al 25% el número de alumnos catalanohablantes en las aulas. De hecho, en mi grupo las alumnas que en casa hablábamos catalán se podían contar con los dedos de una mano, y digo en casa porque literalmente era así. En las actividades extraescolares, piscina, baloncesto y en el recreo se reproducía lo mismo que en la escuela.
La inmersión lingüística nos cogió tarde en mi grupo. Creo recordar que hacíamos octavo de EGB cuando se inició en los primeros centros y terminamos esta etapa sin haber oído hablar catalán a la señorita Desi, el señor Ginés ni a Juan, el maestro de Educación física, entre otros.
Treinta años más tarde, en uno de esos encuentros con compañeros de clase- aquellos con los que, siempre en castellano, tantas fiestas de cumpleaños y horas de patio habíamos compartido- el catalán y el castellano fluían en las conversaciones mezclados con toda normalidad. Hablábamos de las familias, de los pueblos donde muchos hemos ido a vivir, del barrio, de nuestras carreras, trabajos, paro. De lo que seguro no hablamos, fue de ningún porcentaje, de ninguna imposición, de ninguna sensación de renunciar a los orígenes de nuestras familias, porque durante los años ochenta nadie puso en cuestión la necesidad de que los hijos e hijas de tantas familias como las de mis compañeros de clase y barrio pudieran recibir la educación en lengua catalana. De hecho, muchos padres y madres veían en la inmersión lingüística en las escuelas una herramienta, que ellos no podían ofrecerles, para avanzar en su educación y un futuro con más y mejores oportunidades. Y eso, salvo muy pocas excepciones, también ocurre hoy. Puesto en contexto, del más de un millón y medio de alumnos sólo ha habido 80 demandas de escolarización en castellano y desde 2005, coincidiendo con los inicios de la asociación Ciutadans de Catalunya, plataforma de lo que sería ahora, todavía, es Ciudadanos.
Ni nuestra generación ni las generaciones que ahora se sientan en las aulas de las escuelas catalanas sabíamos ni quieren saber de porcentajes y la sentencia del TSJC queda muy lejos de la realidad del uso real hoy del catalán y el castellano en las escuelas, los patios, las extraescolares, y las fiestas de cumpleaños. Es una sentencia que, aparte de ciega con lo que realmente ocurre en los centros educativos, se fundamenta en la LOE, un marco legislativo superado. Por tanto, su aplicación supondría un ataque a la democracia representada en el Parlamento de donde salió la LEC y en el Congreso, donde la nueva ley de Educación, la LOMLOE sustituyó a la ley Wert, aquella que quería españolizar a los niños catalanes. Hacer ejecutar, por tanto, la sentencia a instancia del Ministerio de Educación pondría en contradicción la propia Ministra. Si la hace cumplir tomando la LOE como referencia, estaría reconociendo la validez de la derogada ley Wert y menospreciando la LOMLOE aprobada en 2020 durante el Gobierno socialista.
La educación en lengua catalana es un derecho para toda aquella persona que haga de Catalunya su hogar. El modelo educativo catalán se ha construido a partir de grandes consensos, que más allá de la ideología, han tenido como objetivo la defensa de la lengua propia de nuestro pequeño pedazo de mundo. Un modelo, que como han explicado estos días el presidente de la Generalitat y el conseller de Educació, es exitoso, pero sobre todo es garantía de igualdad de oportunidades. Nada menos, pero muy importante a la vez, porque la memoria de una sociedad son las personas, sus acciones y sus palabras. Y la memoria de Catalunya no es una excepción.
Por cierto, si busca la escuela Diego de Velázquez no la encontrará. Después de distintos cambios de uso educativo fruto de las variaciones sociales y demográficas del barrio, hoy el centro es el Institut Salvador Seguí.
