Para entender con propiedad el fenómeno del chabolismo, habría que hacer una retrospección histórica. A mediados del s. XIX, la burguesía industrial y financiera estaba preparada y dispuesta a cambiar la faz de la ciudad, haciéndola a medida de su estatus. Preparar la exposición de 1888 y la urbanización del Eixample, propició las primeras oleadas de migración, sobre todo de catalanes de provincias, de valencianos y de aragoneses. No tenían para pagarse un techo y con sus manos fueron levantando las primeras barracas y poco a poco, se formaron poblados que carecían de los servicios básicos, como el agua corriente y la luz.
En la zona de la Barceloneta, se asentó el primer poblado barraquista documentado: el Somorrostro. El barrio se extendió por buena parte del litoral barcelonés. En los primeros 20 años del Siglo XX, cuando la Barcelona industrial atrae a cantidades masivas de trabajadores, el crecimiento de los barrios de barracas, se triplicó entre 1914 y 1922.
La escasa atención al problema de la vivienda, la falta de recursos públicos y la congelación de rentas, que provocó un menor interés de los propietarios para alquilar las viviendas, empeoró la falta de vivienda popular. Las zonas que acogieron más inmigración fueron el Guinardó, Can Dragó, Camp del arpa, San Martín, Sans, Gracia, la Taxonera, Sant Gervasi y Collblanc. En el extrarradio, San Adrià y el Prat. Barcelona tenía más de un centenar de núcleos chabolistas.
En los años de posguerra los núcleos de barracas aumentaron. La miseria y la represión expulsaron del mundo rural a miles de personas que buscaron la supervivencia en Barcelona. El rápido aumento de población supuso el auge de las tradicionales formas de infravivienda, crecieron los núcleos de barracas ya existentes y aparecieron otros nuevos, como los del Carmel, La Perona o la Verneda, entre otros. Incluso en lo alto de la Diagonal había un asentamiento de chabolas.
Un paisaje urbano que las autoridades del régimen intentaban ocultar. En 1957, se calculó que en Barcelona había 10.352 barracas. A principios de la década de los sesenta ya eran cerca de 20.000.
La solución parcial al problema de la carencia de vivienda, para asumir la llegada de tanta población migrada, vino de la iniciativa privada, acogiéndose a la protección oficial del Estado, que dio acceso a grandes fondos y a la financiación necesaria. Con la edificación de barrios enteros y construcciones de bajo coste, las barracas fueron desapareciendo.
En 1966 se arrasó con las últimas barracas de la Barceloneta y el Somorrostro. Aún quedaban unas 2000 entre el Carmel, la Perona, el Camp de la Bota, el barrio de la Prosperitat, Poble Nou y el que fue el mayor barrio chabolista: Can Valero en Montjuic, con sus 10.000 habitantes.
Con el primer Ayuntamiento democrático, los asentamientos se integran en bloques dispersos por varios barrios. Eran barrios sin asfaltar, sin servicios, a menudo sin alcantarillado y construidos con materiales de mala calidad que con los años habría que reformar por problemas de humedades o aluminosis.
Durante la campaña “Barcelona posat guapa ” cara a las Olimpiades, el alcalde Pascual Maragallel destruía simbólicamente la última barraca el 7 de noviembre de 1990.
Chabolismo hoy, un fenómeno agraviado por la pandemia
A pesar de dar por desaparecido el fenómeno, nunca llegó a desaparecer del todo, aunque los actores han cambiado. A partir del 2005, sobre todo a raíz de la crisis económica y actualmente agraviado por la pandemia, el fenómeno ha vuelto. Dónde habían oleadas de españoles, ahora destacan las personas migrantes extranjeras, sumadas a los actores locales.
En Barcelona, del año 2008 al año 2021, se ha pasado de 562 personas viviendo en la calle a 1064. Se estima que las cifras son superiores. Según fuentes recientes de la Generalitat, 5.400 personas viven en situación de chabolismo e infravivienda en Cataluña. Un dato preocupante, sobre todo, si tenemos en cuenta que durante el último año 11 personas han muerto en asentamientos o locales ocupados en Barcelona, Badalona y Montcada i Reixach.
Después del incendio de una nave del barrio de Gorg en Badalona, con cinco víctimas mortales, un informe elaborado por el Departamento de Interior en diciembre de 2020, hablaba de un mínimo de 37 naves industriales con asentamientos barraquistas en Cataluña. Solo en los barrios de Gorg y Sant Roc, más de 400 personas viven en estas condiciones.
En la capital catalana se mantienen asentamientos en Vallcarca, la montaña de Montjuic y el distrito de San Martín. Se ha producido un desplazamiento de las chabolas hacia solares en desuso y naves industriales por todo el perímetro metropolitano. Los huertos con residentes son cada vez más habituales en los municipios del Baix Llobregat. En el norte de la ciudad, siguiendo el cauce del río Besòs, entre Santa Coloma y Montcada, se puede observar cómo son cada vez más presentes las barracas.
Uno de los mayores teóricos de la gentrificación urbana, Neil Smith, apunta algunas claves para entender cómo miles de personas migradas, paradas, precarias y sin techo, habitan estas zonas y barrios. Un proceso que forma parte de la lógica capitalista de generar zonas de desarrollo desigual. Mientras unas zonas se elitizan y se hacen inversiones de alto valor, otras se convierten zonas de desinversión y crecimiento de la marginalidad con una parte de la población excluida y discriminada.
Con mensajes mediáticos y políticos como “limpiar’’ estas zonas, se justifica que futuros inversores las compren a bajo precio, las remodelen y desplacen esta población para extraer el máximo beneficio de la venta.
Desahucios y falta de vivienda social
Cataluña es la comunidad líder en desahucios. Solo desde el principio de la pandemia, se han producido 10571. La carencia de vivienda social, la escasez de recursos y al ritmo que se desahucia imposibilita una solución para las personas que están en situación de infravivienda. Mecanismos como la Mesa de emergencia son insuficientes, ya en su protocolo de acceso. El reglamento actual descarta el acceso a la vivienda de emergencia a cualquier persona sin nacionalidad española o sin permiso de residencia. Así como vivir en un solar, nave, local o barraca.
Vivir en exclusión residencial y estar sin censar, provoca que este sector de la sociedad sea considerada población de paso y no como vecinos. Estar sin empadronar, saber que no recibirán atención, el miedo de acabar a un CIE o el miedo de entrar en un proceso de retirada de custodia, provoca que mucha gente no se acerque a los Servicios Sociales.
De las personas que duermen en la calle, un 74% son extranjeras; de las que duermen en equipaciones, un 63% son extranjeras. La ley de extranjería es un factor clave para entender la exclusión en la vivienda. La dificultad para regularizar su situación mantiene la situación de exclusión laboral y de vivienda. Sin estas dos necesidades cubiertas, la probabilidad de recaer en la exclusión es muy alta.
Aun así, no importa la procedencia o nacionalidad de las personas que viven en las barracas, todas tienen una cosa en común: la imposibilidad de acceder a una situación residencial estable. Mejor que dormir en la calle, los asentamientos y convivir en grupo, hace que sientan más protección.
Plan del Gobierno catalán para abordar el sinhogarismo
A mediados del mes de enero, la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, anunció que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar a principios de febrero un plan de actuación para abordar la problemática del sinhogarismo. El documento recoge las líneas estratégicas para incidir y batir la pobreza y el sinhogarismo para garantizar el Derecho a la Vivienda, el Derecho a la atención Socioeducativa y laboral y el Derecho a la Salud y al sistema sanitario, así como la erradicación de la aporofòbia.
En Cataluña hay 5.777 de las personas sin techo (que viven en la intemperie, espacios públicos); 5.427 personas sin vivienda (que viven en albergues, refugios o residencias temporales); 25.108 sin una vivienda segura (porque no pueden pagar el alquiler o tienen amenaza de desahucios) y 22.622 que viven en viviendas inadecuadas (porque son estructuras temporales no convencionales o no adaptadas a la legislación).
Para combatir esta situación social, se destinarán un total de 151 millones de euros del presupuesto 2022.
El director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, celebra la noticia pero subrayando que la estrategia catalana de abordaje del sinhogarismo está sobre la mesa desde el 2017 y que “es la segunda o tercera vez que dicen que se aprobará”.
Catalunya Plural, 2024 
