La ley de vivienda ha iniciado su trámite parlamentario en el Congreso después de que la Mesa de la Cámara haya admitido a trámite el proyecto de ley aprobado por el Gobierno. Ahora se abre un período de ocho días para que los partidos puedan presentar enmiendas al texto original. El proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado en el pleno del Congreso y podría tramitarse con modificaciones.
El Gobierno espera tener aprobada la Ley de Vivienda en el tercer trimestre de 2022, por lo que ha pedido su tramitación de urgencia en el Congreso.
La que acabará siendo la primera ley de vivienda en 44 años de democracia, viene acompañada por distintas polémicas. Llega con excesivo retraso tras años sufriendo los efectos de la burbuja inmobiliaria y la emergencia habitacional generada tras su estallido con nefastas políticas de protección a los grandes especuladores, que han hinchado libremente los precios del mercado aumentando la problemática para miles de familias que siguen debatiéndose por llenar una cesta de la compra, cada día más cara, o pagar su casa.
A pesar de ser un tema ‘’prioritario’’ para el actual Gobierno desde el primer día, las carencias del proyecto de ley son bastante evidentes, como no han dejado de denunciar los actores sociales como la PAH y todas las organizaciones que forman parte de la Iniciativa Ley vivienda. Una alianza ciudadana que hizo su presentación pública hace exactamente un año y el 30 de septiembre, registraba la primera ley de vivienda elaborada por la PAH, los sindicatos de inquilinos y apoyada por los sindicatos y un centenar de organizaciones sociales. Fue presentada y registrada en el Congreso con las firmas de Unidas Podemos, Más País, Eh-Bildu, ERC, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias.
La ley que recoge buena parte de las reivindicaciones históricas del movimiento de vivienda, el 15 de diciembre, fue rechazada con los votos de PSOE, PP, VOX y Ciudadanos. Una vez más, la derecha de este país daba la espalda a las demandas ciudadanas y se abría la fase de apostar por una ley de vivienda menos ambiciosa y valiente, a pesar de ser catalogada como ‘’histórica’’ por los socios de Gobierno.
Una ley de vivienda que principalmente apuesta por el alquiler
Enorme es la problemática con la vivienda. Los desahucios continúan a pesar la moratoria, las ejecuciones hipotecarias se triplican en plena pandemia, el sinhogarismo está cada día más presente, por citar tres de las peores consecuencias derivadas de la crisis económica, la especulación y la falta de vivienda pública.
A pesar de todo, el proyecto de ley del Gobierno deja eso atrás para apostar por la regulación del alquiler, quedándose a medio gas y planteando una serie de medidas que de no mejorar, pasará esta legislatura sin verlas efectivas.
La prórroga de 18 meses para aplicar la ley a los fondos de inversión les permitiría firmar en zonas tensionadas, durante este tiempo, contratos por encima del índice de referencia, incluso subiendo los precios. Teniendo en cuenta que entre 2013 y 2019, los precios se han duplicado, esto va totalmente en contra de la necesidad urgente para promover su bajada.
El Gobierno renuncia a su obligación de establecer unos mínimos comunes al conjunto del Estado, trasladando al criterio de las CCAA tanto la declaración de zonas tensionadas, como la posibilidad de recargos en el IBI (carga insignificante y discriminatoria) donde además, tendrán que decidir los ayuntamientos. Ya las CCAA autónomas gobernadas por el PP: Galicia, Castilla León, Madrid, Andalucía y Murcia se han declarado insumisas a esta ley, privando a sus habitantes de las escasas ventajas de esta ley, aumentando la discriminación en razón del territorio de residencia
Se apela a las competencias en vivienda, que son competencias territoriales y no del Gobierno central. Dato curioso cuando es el mismo PP y sus aliados habituales quienes destinan parte de sus esfuerzos en recurrir los avances sociales en materia de vivienda en los territorios como Catalunya, donde no tienen poder. Aún así, pueden atacar leyes como la 24/2015 de emergencia habitacional contra los desahucios y la pobreza energética, el Decreto 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, o la Ley catalana 11/2020, una ley pionera en todo el estado y que regula los precios de los alquileres, con la finalidad de contener la subida de los mismos.
Otras limitaciones para poder regular los alquileres, son establecer el límite de “gran tenedor” en propietarios de 10 o más viviendas. Una definición que impedirá a la mayoría de inquilinos ver rebajadas sus rentas, al tiempo que libre a los propietarios que sean personas físicas, de las obligaciones de rebajar, aunque sean grandes tenedores.
Una regulación del precio de los alquileres de carácter voluntario y la falta de medidas para hacer efectiva la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, son las principales críticas del movimiento de vivienda a una ley que no incluye garantías suficientes para que pueda aplicarse y termine ayudando a quien más lo necesita.
Podemos sumarle que la ley no reconoce como derecho subjetivo el Derecho a la Vivienda, vulnerando el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales de Naciones Unidas. En tema de desahucios, no los prohíbe ni da ningún tipo de resolución más allá de alargar la problemática en el tiempo dejando la responsabilidad a la administraciones territoriales y municipales, incapaces de dar respuesta ante la falta de vivienda para ello.
Informe del Consejo General del Poder Judicial
En informe previo al 1 de febrero, el CGPJ afirma que la ley de vivienda pudiera incurrir en inconstitucionalidad por invasión de competencias del Estado en las propias de CCAA en materia de vivienda.
El art.149 CE no incluye expresamente entre las competencias de uso exclusivo del Estado, la vivienda. Sin embargo, justo para evitar estas posibles situaciones de conflictos competencial, el art.149.3 CE establece que “las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las CCAA. Las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía, corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto, sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las CCAA.
Enmiendas de los colectivos sociales
Los movimientos sociales por la vivienda, establecieron unas líneas rojas ya desde el momento de la redacción de la ley que registraron en septiembre de 2021. Una ley alternativa y una serie de medidas irrenunciables, que son la base de las enmiendas que van forzar para que sean defendidas, al menos por el bloque parlamentario que registró la propuesta.
En esta línea, se han abierto una serie de encuentros y negociaciones con los socios de Gobierno para poner sobre la mesa estas cuestiones irrenunciables con la intención que sean aceptadas por el propio PSOE para mejorar el texto actual cara a su votación.
Tanto la PAH como el Sindicato de inquilinas, ya se han sentado con Ione Belarra, Raquel Sánchez y hoy mismo, la PAH se ha reunido con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.
En la reunión de esta mañana, la PAH ha puesto sobre la mesa las cuestiones que considera irrenunciables y necesarias para que la ley cumpla su objetivo al tiempo que da respuesta a la emergencia más inminente.
Stop desahucios
En tema de desahucios, la preocupación más inmediata es el fin del escudo social y la moratoria de desahucios, el 28 de este mes. No hay una decisión firme sobre eso por parte del Gobierno. Ante la solicitud de prórroga hasta que exista una ley que acabe con ellos y dé soluciones, y además que amplíe dicha moratoria a todas las familias con informe de vulnerabilidad, el ministerio afirma estar estudiando la prórroga.
En lo pertinente a la ley de vivienda, la PAH pide la paralización de todos los desahucios de familias vulnerables, incluyendo en el procedimiento todas las recomendaciones de los dictámenes DESC, así como hacer vinculantes para los juzgados las medidas cautelares emanadas de este Comité. La gran demanda histórica de la PAH para garantizar los realojos ante la falta de vivienda pública, es incluir en la ley la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios y realojo por la administración en casos de pequeño propietario.
Lucas ha afirmado compartir la necesidad de paralizar los desahucios y conseguir vivienda para las familias y que se está trabajando en propuestas más concretas que las redactadas actualmente.
Parque público
Sobre la ampliación de parque público con medidas que plantean, entre otras: la cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión; pasar las viviendas de la SAREB y su gestión al parque público, la prohibición a la venta de vivienda pública y eliminar las exenciones fiscales a las SOCIMIS y fondos buitre, destinando estos ingresos a la política pública y social de vivienda.
Desde el ministerio, trasladan que están estudiando ampliar el parque promoviendo convenios, mediaciones o programas de fomento con entidades financieras y no hay establecido aún ningún procedimiento sobre la vivienda propiedad de La SAREB.
Dación en pago y segunda oportunidad
La ley no contempla ninguna medida sobre esta problemática. Se han comprometido a estudiar las medidas contra el sobreendeudamiento y Derecho subjetivo a la vivienda, de manera que todas las personas podrán exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda tanto ante los órganos administrativos como en los judiciales.
La PAH, sigue apostando por la dación en pago para que con la entrega del bien hipotecado se pague la deuda, la Responsabilidad Limitada para que cuando la garantía recaiga en la vivienda habitual, la responsabilidad quede limitada exclusivamente al bien hipotecado.
Para evitar el sobreendeudamiento y facilitar la segunda oportunidad, las demandas de la PAH pasan por la imposibilidad de desahuciar vivienda habitual cuando el deudor vulnerable esté en procedimiento de 2º oportunidad; cancelación de la deuda vinculada a la vivienda habitual; justicia gratuita; las deudas de hipoteca sobre vivienda habitual dejarán de devengar intereses; normas específicas de quita obligatoria para vivienda habitual en fase de Acuerdo Extrajudicial de Pagos; o el precio mínimo de adjudicación en subasta al 100% del valor vivienda habitual, así como la protección a los avalistas.
Alquiler y suministros
Dos problemáticas que han quedado aplazadas para otra reunión. Lo que plantea la PAH son medidas para prohibir los precios abusivos y conseguir que el alquiler sea asequible y estable, dotando a los Ayuntamientos que lo necesiten de la capacidad de crear índices de referencia locales que tengan en cuenta la capacidad adquisitiva de la población. Aumento de la duración de los contratos, sobre todo en víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables. Habilitar ayudas a las familias vulnerables en casos de que su casero sea un pequeño propietario. Más seguridad en los contratos para garantizar la estabilidad tanto de inquilinos como pequeños propietarios.
Para la pobreza energética, prohibir los cortes de agua luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad a través del principio de precaución, es decir, obligando a las empresas antes de cortar preguntar a SS si la familia que no puede pagar es vulnerable y si es así debe garantizarse el suministro. Establecer una tarifa social progresiva en función de los ingresos de la familia.
Sin duda, el resultado final de esta ley todavía está por escribir
Catalunya Plural, 2024 
