Si la deuda de la Sareb es pública sus viviendas también

El conocido popularmente como “Banco malo”, se define a sí mismo como: una entidad creada en 2012 con la misión de ayudar a mejorar la economía española en un plazo limitado. La Sareb es una empresa con un compromiso público. Somos parte del esquema planteado en 2012 por el Estado español y las autoridades europeas para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis. No somos un banco, somos la compañía que absorbió los activos deteriorados de aquellas entidades financieras.

Dicho de otro modo, tras rescatar a la banca con dinero público, el gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy, creó una sociedad para comprar y gestionar la vivienda de las entidades financieras con el objetivo de sanear sus cuentas. Viviendas procedentes de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y llegó a su cenit en 2012.

Con Luis de Guindos como ministro de Economía, el 29 de noviembre de 2012, la Sareb quedaba constituída por un periodo máximo de 15 años, hasta 2027, con un capital de 4.800 millones de euros. De estos, el 45% fueron aportados por el Estado a través del FROB. El 55% restante lo aportaron entidades privadas, con el Banco Santander, Caixabank y Banco de Sabadell como principales socios, junto a Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja Banco, Cajamar o Mapfre.

La Sareb compró una serie de bienes inmobiliarios que incluían solares, viviendas y, sobre todo, créditos a promotores inmobiliarios que habían quebrado y no podían pagar sus deudas. Los créditos estaban respaldados por garantías que eran pisos o solares. En 2015, la Sareb manifestaba haber adquirido 100.000 inmuebles, 400.000 inmuebles en garantía y unos 70.000 préstamos, llegando a pagar 50.781 millones de euros, una suma muy por encima del capital inicial con el que se había constituido.

¿De dónde salió el dinero? De un préstamo de 51.000 millones de euros de la Unión Europea, que pidieron las entidades financieras rescatadas que formaban parte de la Sareb. La jugada era redonda: vender los bienes adquiridos y con el beneficio devolver el préstamo a 15 años. ¿Lo mejor? Todo el dinero que la Sareb no devolviera, como avalista de este juego de trileros, lo haría el Estado Español, de nuevo con dinero público.

En resumen, la Sareb es una gran inmobiliaria pública cuyas viviendas iban a ser privatizadas. Los intereses que hay detrás han estado ocultando su verdadera naturaleza, maquillándola como entidad privada para poder eludir los controles exigidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La deuda de la Sareb ya es deuda pública

Todo el plan elaborado por De Guindos se ha desmontado con las pérdidas y la deuda acumulada por La Sareb a lo largo de estos nueve años, llegando a la suma de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020. En marzo de 2021, Europa obligó a España a reconocer la deuda de la Sareb como una deuda íntegramente pública.

El 19 de enero de este año, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley que modifica el régimen jurídico de la Sareb por el que el Estado tomará control sobre la mayoría de las acciones pero la Sareb seguirá funcionando como una entidad privada, para “garantizar que la potencial toma de control del FROB no suponga un cambio en su capacidad de actuación como instrumento de resolución”. Esto será así hasta 2027, cuando se cumplan los 15 años de término para los que se creó la Sareb.

¿Dónde está el dinero?

La inversión de las entidades financieras en la Sareb les ha permitido controlar la mayor inmobiliaria de Europa, que había sido financiada con dinero público. Altamira (Santander), Servihabitat (Caixabank) y Solvia (Banco de Sabadell) fueron las inmobiliarias encargadas de vender el patrimonio de Sareb, cobrando por ello comisiones de cientos de millones de euros que les permitieron compensar las pérdidas de los bancos en el capital de Sareb. Finalmente, la Sareb encargó la venta de su patrimonio a otra inmobiliaria más, Haya, perteneciente al fondo buitre Cerberus que recibió el contrato cuando José María Aznar Botella fue designado consejero.

Al mismo tiempo, los bancos que forman parte de la Sareb, han obtenido 780 millones de euros en créditos fiscales por las pérdidas que les ha causado su participación en esta entidad. En sus próximas declaraciones del impuesto de sociedades, los bancos podrán restar estos 780 millones de euros de lo que tendrían que pagar. Así, el gobierno pone todas las facilidades para que sigan pagando cero euros por este impuesto.

La Sareb no ha publicado a quién ha vendido sus bienes. Los intermediarios financieros han vendido una parte a particulares, pero en su mayoría estos han sido vendidos a los grandes fondos buitre, como Blackstone, Cerberus, Fortress, Texas Pacific Group o los noruegos Axactor.

En total la Sareb ha ingresado 27.000 millones de euros pero solo ha reducido su deuda en 15.000 millones. La diferencia entre las dos cifras son los costes de funcionamiento de la sociedad. Según publicó El Confidencial, Sareb destinaba una partida presupuestaria de 13.000 euros para el catering semanal de la dirección y también había una partida de 8.000 para el catering mensual del consejo de administración.

Vídeo de la PAH de 2015 iniciando la campaña la Sareb es nuestra y explicando por qué

Clamor social, si la deuda es pública, los pisos también

Sareb manifestó recientemente que disponía de 60.000 viviendas. Si a esta cifra le sumamos los créditos de los promotores inmobiliarios, que estaban garantizados con viviendas, y cuya ejecución en muchos casos todavía está en fase judicial, la Sareb sigue incorporando viviendas a su patrimonio.

Desde los inicios de la Sareb, la PAH popularizó el lema La Sareb es nuestra, reclamando sus viviendas para ampliar el parque público y dar respuesta a la emergencia habitacional.

En marzo de 2021 se presentaba el espacio Plan Sareb, formado por colectivos y activistas del movimiento de vivienda, dándose a conocer en una acción en la sede del FROB, en Madrid, para pedir una mesa de negociación donde se aborden las problemáticas en torno a la vivienda. La movilización arrancó al FROB el compromiso de una reunión para negociar colectivamente los casos de Sareb y que las casas del llamado ‘banco malo’ pasen a formar parte del parque público de vivienda.

En el último año los colectivos por la vivienda se han ido organizando y han surgido extensiones territoriales para lograr los objetivos que se plantearon al FROB y a la Sareb, que siguen en el tintero.

Ayer en Barcelona, Valencia, Alicante, Valladolid y Madrid se han realizado movilizaciones para entregar a las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno un documento e interpelar al Estado en la intervención de la Sareb.

La Sareb es nuestra y sus casas también.

El comportamiento de la SAREB ha ocasionado un gran malestar a muchas familias, directamente o a través de comportamientos inhumanos de las empresas que han gestionado las viviendas.

La situación se ha hecho insostenible: no se contesta a la gente, se le incoan demandas judiciales y desahucios. Los contratos firmados no respetan el marco legal y se ha convertido en normal la práctica del mobbing inmobiliario con llamadas y envío de cartas amenazantes con la no renovación de contratos, el ambiente general es de miedo y desasosiego.

Ante esta situación, miles de familias y centenares de bloques enteros piden una intervención urgente de la Presidencia del Gobierno para conseguir establecer un canal de reunión, diálogo e intercambio de propuestas. Propuestas tan urgentes como la suspensión de todos los desahucios y paralización de los procedimientos judiciales en curso hasta que se analicen y se busquen alternativas adecuadas; o llevar a cabo una auditoría pública de la entidad y de sus actividades desarrolladas como respuesta a la falta de transparencia de las cuentas de SAREB Y FROB. El resultado de dicha auditoría debe ser vinculante y conllevar que las viviendas de SAREB pasen a conformar un parque de vivienda público.

En el plan elaborado por los movimientos por la vivienda, también se recoge que gestión de las viviendas de la Sareb sea pública, alquileres sociales, de al menos 7 años, acordes a los ingresos y en la misma vivienda para todos los vecinos sin exclusión y el compromiso de renovar los alquileres ya firmados con la entidad, mediante la firma de nuevos contratos con una duración mínima de 7 + 3 años como establece la actual LAU, de forma que se proporcione estabilidad a las personas residentes. Así como la eliminación de las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler ofrecidos por la SAREB y alternativas de resolución de las familias en situaciones de impago.

Una batería de propuestas que serían la solución que garantiza el derecho a la vivienda de todas las personas cuyo techo es de la Sareb o sus servicers. Sería justicia social que se dejara de rescatar a la banca y se empezara a rescatar a la gente.