La mayoría de los afectados por el desalojo de la nave del barrio del Progrés, que fueron reubicados en el albergue municipal volverán a quedar sin techo el próximo 13 de abril, al carecer de una situación administrativa regularizada. Más de un centenar de personas malvivían en esta propiedad industrial de La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), antes de que se produjera el lanzamiento definitivo del desahucio el pasado 13 de enero.
Muchas de las personas mencionadas provenían de una nave cercana: la del Gorg, donde murieron cinco personas a causa de un incendio accidental en diciembre de 2020. “Todas mis pertenencias, incluida, la documentación, se quemaron en la primera nave”, explica Barry Mamou (32) un inmigrante guineano que vivió en estas infraviviendas. Por ahora, no tiene papeles y se hospeda en el albergue con otros 54 damnificados. El resto de los desahuciados comparten piso provisionalmente con otros compañeros o están en otras naves de la zona.
Próximo desahucio: Nave de Antoni Bori
De momento, Sareb, ahora reconvertida en un fondo público que gestionará alquileres sociales, sólo les ha ofrecido “un par de viviendas”, añade Mamou. Sareb nació en 2012 para absorber los activos tóxicos de la crisis bancaria, aunque en 2019 se reestructuró como fondo inmobiliario para tratar de contener las pérdidas, en parte, con el incremento de los desempleos. En la zona de las naves industriales del Gorg también tiene presencia la Haya Real Estate, un fondo buitre que envió la semana pasada una carta de aviso de desahucio a los residentes de la nave de la calle de Antoni Bori, donde viven una cincuentena de personas en un espacio de menos de ochenta metros cuadrados. Aunque no es oficial, se prevé que la fecha del lanzamiento sea inminente, según indica uno de los integrantes de la nave. Al menos, la ejecución del desahucio tensaría una vez más la capacidad de los servicios asistenciales de la ciudad.
Retomando el caso de Mamou, éste es extrapolable al del 70% de los exresidentes de la nave del Progreso: no tienen la documentación reglada y por ley no podrán acceder a una alternativa habitacional. Así lo determinó el informe de vulnerabilidad realizado por los servicios sociales de Badalona. Sin embargo, los juzgados de primera instancia 1 y 6 de la ciudad acordaron que no se podía llegar a una suspensión del lanzamiento, debido a que “fuera una nave y no una vivienda en el ámbito de registro”. Así pues, teniendo en cuenta el informe y que sigue vigente la ‘moratoria cóvido’ de los desahucios, fue una interpretación “muy restrictiva” de la norma, asegura Sònia Olivella, abogada de los afectados. Ante la resolución judicial, Olivella presentó una primera demanda, que no prosperó, contra la misma sentencia para conseguir una prórroga del lanzamiento. Entonces, presionó con la solicitud de un recurso de “suspensión cautelarísima” en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el órgano supranacional lo tramitó tarde y “lamentó” no haberse pronunciado antes del desahucio.
Por el frío invernal y el auge de la variante de ómicron de la covid, los habitantes se negaron a marcharse de la nave y lo comunicaron con la redacción de un comunicado junto con las entidades de apoyo, que sugería abandonar espacio en un plazo de tres meses. Dos días antes del lanzamiento, los afectados se reunieron con David Torrents, concejal de Servicios Sociales y Protección a las Personas de Badalona, para planificar al día siguiente del desahucio e intermediar una prórroga ‘in extremis’ con Sareb , algo a lo que la entidad se opuso radicalmente. Lo que sí quedó sobre la mesa fue la creación de una comisión de trabajo formada por el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat, representantes de las personas residentes y de las entidades que les apoyan. “Es cierto que a raíz del incendio del Gorg todo el mundo dijo que esto se haría” admite Torrents.
El desahucio de la nave del Progreso no es un caso aislado
Se calcula que en Badalona puede haber siete naves más en condiciones similares a la de la calle del Progrés. Por otra parte, hay 48 personas que duermen en la calle y 299 están alojadas en centros, pisos de organizaciones, habitaciones realquiladas o viviendas inapropiadas, según indica el último recuento de la concejalía de Servicios Sociales, de mayo de 2021. Paradójicamente, la ciudad es el quinto municipio con más pisos vacíos: hay 538 viviendas de grandes tenedores que llevan más de dos años desocupadas, estos son los datos más recientes proporcionados por el Departamento de Territorio de la Generalidad de Cataluña, de octubre de 2020. Para intentar paliar con esa problemática residencial, el gobierno municipal de Badalona llevó al pleno ordinario del pasado 22 de febrero una propuesta de reconversión de locales comerciales cerrados en pisos de protección pública. La oposición del grupo municipal, Guanyem Badalona en Comú, se negó por cuestiones de habitabilidad y salubridad; y la del PP también lo hizo para no fomentar los “pisos patera”. Pero es un proyecto que ya se ha trabajado en Barcelona, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet.
Por todo ello, se evidencia que el caso de la nave del Progrés es la antesala de un fenómeno que se consolida en la capital catalana: el chabolismo y las ocupaciones de infraviviendas. Los datos que publicó el Ayuntamiento de Barcelona en noviembre de 2020 son estables desde hace tiempo: en la ciudad hay 86 asentamientos de chabolas que hospedan 384 personas; y 105 infraviviendas donde están 481 personas. Se trata de una tendencia al alza, que prevé un aumento de este tipo de empleos, sobre todo en los suburbios y zonas periféricas. En este sentido, los problemas estructurales en materia de vivienda se vieron amplificados por el desahucio de nave del Progrés, ya que supuso un auténtico drama por los servicios asistenciales de la localidad badalonesa.
Primero, porque había más de un centenar de personas en circunstancias de vulnerabilidad y exclusión social que se cobijaban allí. Y segundo, por la cuestionable actuación policial contra los manifestantes y los propios ocupantes. Dolors Sabater, ex alcaldesa del municipio, hizo público vía Twitter que sufrió daños por los “contundentes porrazos”, pero sobre todo, “dolor moral por el fracaso de la política y de la policía catalana tan claramente al servicio de los agresores, del racismo institucional y de la campaña populista de Albiol”. Incluso David Torrents, como concejal y exmosso de escuadra en excedencia, cree que la intervención del orden público “fue reprobable desde un punto de vista humanitario: cargaron directamente frente a la resistencia pacífica”.
Durante el desalojo se desplegó un gran dispositivo policial con 17 furgones del ARRO, capitaneados ‘in situ’ por el comisario Sergi Pla, conocido por su criticada actuación en el desalojo del 15M en plaza Catalunya y por el caso Ester Quintana, que va forzar su dimisión en el 2012. Muchos de los residentes denunciaron a los medios de comunicación la brutalidad policial sufrida. “Me golpearon y me rompieron las gafas, no veía nada cuando me esposaron”, asegura Oumar Diallo (28), un joven guineano que sólo tiene un 40% de visión. Una semana después del desahucio, Jaume Ventura, miembro de la plataforma ‘Badalona Acull’ encontró a Diallo sol, acampado en la plaza del Contifici, situada frente a la nave desalojada, donde quedaban 3 o 4 personas que habían rechazado la ayuda municipal. “Le acompañé a una óptica a hacerse unas gafas y le convencí a él y al resto para ir al albergue, porque al día siguiente harían allí un mitin de Vox”, relata el voluntario. Desde la entidad de apoyo, también siguen gestionando el suministro de alimentos y otros recursos a los 55 afectados que se alojan en el hostal y, que en menos de un mes, volverán a quedar en situación de desamparo en el calle.
Este es un artículo original de L’Independent de Badalona
Catalunya Plural, 2024 
