Hace casi tres meses que el Congreso de los Diputados aprobaba, por un voto de diferencia, la reforma laboral de Yolanda Díaz, después de que Alberto Casero, diputado del PP votara, por error, a favor de la normativa. Aunque socios habituales del Gobierno como ERC, Bildu y PNV votaron en contra, el texto se convalidó gracias a Ciudadanos y el PDeCAT.
La nueva ley, que cuenta con el apoyo de sindicatos y patronal, termina con una temporalidad que dobla la media europea. Se establece la contratación indefinida como norma y no como excepción. Así lo demuestran los datos de marzo con un 37% de contratos fijos en Cataluña y la menor cifra de parados en el Estado desde marzo de 2008, con poco más de tres millones de personas.
Cora Cassadó tiene treinta y dos años y trabaja como operaria en la empresa Bimbo, donde lleva desde noviembre de 2019 con una concatenación de contratos semanales y mensuales. “Vives con mucha incertidumbre”, afirma. Con la reforma, su contrato y el de quince compañeras ha pasado a ser indefinido, “hemos ganado estabilidad, sabes que tendrás trabajo de manera constante y puedes hacerte planteamientos a largo plazo”.
Esther Rodríguez, otra de las beneficiadas, asegura haber visto mejoras en su empresa con la aplicación de la legislación laboral. Tiene sesenta años y desde hace veinte es camarera de pisos, limpiando habitaciones y zonas comunes de un hotel. Con la reforma de 2012 se externalizó su servicio, y ha sido subcontratada por tres empresas distintas en los últimos diez años, con peores condiciones. “Pasamos de cobrar el 100% al 75% en las bajas,aunque fuera por accidente laboral”. Además, lamenta que las compañeras que fueron subcontratadas con el servicio ya externalizado cobraban hasta quinientos euros menos. Con la nueva normativa, han vuelto a internalizarlas, y se les aplicarán las condiciones laborales fijadas por el convenio de hostelería, con una mejora salarial para todas las trabajadoras.
Otra de las novedades, es la obligación de fijar los salarios en base a los convenios sectoriales, y no según la empresa. Por tanto, hay un aumento generalizado de los sueldos y una recuperación de la negociación colectiva. También, existe un retorno de la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos mientras se negocian mejoras, que había decaído con la reforma del PP. Según Núria Gilgado, secretaria de Política Sindical de UGT, “se consiguen derechos perdidos y hay una mejora salarial en muchos sectores”. Asegura que “ahora se pone el trabajo indefinido en el centro y se obliga a hacer una justificación exhaustiva de los motivos por los que se hace un contrato temporal”.
La reforma también contempla medidas de flexibilidad interna, que permitirá a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensión de contratos con el mecanismo RED, una adaptación de los ERTE aplicados durante la pandemia. “Es una herramienta que ha sido muy importante durante la crisis de la Covid-19, y que ha evitado miles de despidos”, afirma Núria Gilgado. Por tanto, “se cambian los ERE por los ERTE”.
Desde CCOO, Cristina Torre, secretaria de Acción Sindical, defiende que “la reforma laboral tiene cara de mujer, joven y migrante”, por lo que apunta a los sectores más precarios y con peores datos laborales.
Pero, pese a las mejoras, se han dejado de lado las indemnizaciones o las justificaciones por despido, por lo que los socios habituales del Gobiernohan criticado la ley. Núria Gilgado afirma que “es más relevante, tal y como se ha hecho, incidir en las medidas para evitar los despidos”. Por lo tanto, “votar en contra no era justificable porque se habría mantenido el precario mercado laboral del PP”. Sin embargo, advierte que “esto no es el final”.
Aunque no ha sido la prometida derogación, Esther Rodríguez, defiende que “es una medida impulsada sin presión en las calles y que acaba con la temporalidad”. Cristina Torre, afirma que al fin y al cabo “supone una reducción de las desigualdades y de la precariedad que debe tener una buena plasmación en la realidad de la clase trabajadora”.
