El Consejo de Ministros aprobaba ayer el anteproyecto de la ley de aborto que incluirá la baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo. Otras medidas como la reducción o eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, no se contemplarán, ya que “el Ministerio de Hacienda no ha querido que vaya en la ley” aunque ha garantizado que “se volverá a negociar en los Presupuestos Generales del Estado”, ha admitido Irene Montero, ministra de Igualdad que también ha lamentado que “un 22% de las mujeres no puede pagarse los productos de higiene” y la medida les ayudaría.
Sin embargo, el anteproyecto todavía queda pendiente de las alegaciones del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado, antes de llegar al Congreso previsiblemente en otoño y que entre en vigor en los primeros meses de 2023.
España será el primer país Europeo en reconocer la baja por menstruación, según afirmó Montero, y se contempla la salud menstrual como un derecho sexual y reproductivo. Las bajas tendrán que ser otorgadas bajo supervisión médica y no tendrán límite de días. Además, estarán financiadas por el Estado desde el primer día y será aplicable a mujeres que tengan enfermedades que provocan dolor como ovarios poliquísticos, endometriosis, miomas o dismenorrea, es decir, las que sufren dolor intenso sin origen patológico. Aunque ya se podían solicitar bajas con las patologías mencionadas, lo novedoso es que al estar pagadas al 100% por la Seguridad Social, las mujeres que se acojan no se verán perjudicadas económicamente. Tània Verge, consejera de Feminismos e Igualdad de Catalunya ha aplaudido la medida. “Desde la Generalitat, llevamos meses trabajando en la estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos, pero celebramos que todos estos derechos estén en la agenda política”, ha afirmado.
Desde los sindicatos se lamenta de que no se haya contado con ellos para llevar a cabo la medida. Mentxu Gutierrez, secretaria de Mujeres y Políticas de Igualdad de CCOO de Catalunya, hace una valoración positiva por su visión de género, aunque se muestra cauta en torno a la aplicación. Desde UGT de Catalunya, no hacen un posicionamiento oficial por la falta de información, aunque tal y como afirman también desde CCOO, creen que debería haberse incorporado a la medida la reducción del IVA en productos de higiene femenina, ya que “es una discriminación indirecta hacia las mujeres”, afirma Eva Gajardo, secretaria de Igualdad y Formación de UGT de Catalunya.
“Las mujeres deben asumir un dolor incapacitante porque sí, pero los hombres no viven ningún dolor similar”, afirma Mentxu Gutierrez, quien lamenta que existe una “falta de comprensión”. Además, defiende que detrás de cualquier dolor que incapacite “debe haber una baja sí o sí”, aunque hay que realizar una evaluación para comprobar que “no hay ninguna patología sin detectar”. Desde UGT, se reclama “una perspectiva feminista de la sanidad” que contemple “las necesidades específicas de las mujeres” para “no incidir en ninguna discriminación indirecta”.
Otras novedades de la nueva ley del aborto
La norma también incluye un permiso preparto para las embarazadas a partir de la semana 39 de gestación y no desde la 36 como proponía Igualdad en un inicio. Además, se garantiza el aborto en los centros públicos, ya que hasta el momento el 85% se producía en clínicas concertadas, y se contempla en centros privados acreditados de forma “excepcional”. Para garantizar la interrupción del embarazo como servicio público, se regula la objeción de conciencia de los profesionales para que no sea un impedimento. Se eliminan los tres días de reflexión establecida en la ley anterior, que obligaba a reafirmarse en la decisión 72 horas después de haberla solicitado, y se permitirá interrumpir el embarazo a los 16 y 17 años sin consentimiento paterno o materno. Además, se repartirán productos menstruales y preservativos en centros educativos y se impartirá una educación sexual en las aulas. También se realizarán campañas para acabar con el déficit informativo sobre los derechos sexuales y reproductivos y se prevé la creación de una línea telefónica especializada en la materia. Por último, se garantizará la financiación de los anticonceptivos hormonales y la gratuidad de la anticoncepción de urgencia en centros de salud.
