Después de que la inflación alcanzara el 9,8% en marzo, la tasa más elevada desde 1985, el IPC (Índice de precios de consumo) ha vuelto a subir en mayo hasta el 8,7% después de la mejora del pasado mes en el que se situó en el 8,3%. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el aumento de precios se debe al encarecimiento de los carburantes y alimentos.
De hecho, la pasada semana, la gasolina marcaba un nuevo máximo histórico en España al situarse en 1,94 euros el litro, mientras que el diésel costaba 1,86 euros el litro. El aumento de precios ha absorbido ya más de la mitad de la subvención del Gobierno, por lo que si sube nueve céntimos más, los consumidores pagarán más que antes de la bonificación de los 20 céntimos por litro.
La otra medida anunciada por el Ejecutivo ha sido el precio máximo en el gas natural, que todavía está pendiente de la aprobación de la Comisión Europea. El Ministerio de Economía afirma que “las medidas de respuesta a la guerra están limitando el aumento de los precios”. Una de las grandes preocupaciones es el contagio de los precios energéticos a los alimentos básicos que encarecen la cesta de la compra y afecta sobre todo a los hogares con menos recursos. De hecho, la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los elementos más volátiles como la energía o los alimentos, se sitúa en el 4,9%, el máximo desde 1995.
Según organismos internacionales, la normalización de precios llegará el próximo año. Bruselas espera que el IPC español se sitúe en el 1,8% en 2023, mientras que la media de la eurozona se calcula en el 2,7% y la de la Unión Europea en el 3,2%.
Desde el Gobierno, afirman que la caída de los precios será un hecho, aunque “hay una elevada incertidumbre internacional”. En materia salarial, desde el Banco Central Europeo se recomienda una subida de los sueldos para compensar el encarecimiento de los productos y poder hacer frente al aumento de los tipos de interés, ya que si no, muchos hogares no podrán hacer frente a la hipoteca.
