En las universidades catalanas y españolas predomina el estudiantado que proviene de familias con rentas altas o nivel alto de estudios. Este sesgo de acceso no es consecuencia de un nivel académico más bajo o de una falta de mérito. De hecho, varios estudios muestran como, entre las estudiantes con un rendimiento académico alto, el origen socioeconómico continúa determinando quién llega a la universidad y en qué programa de educación superior estudia.
En Cataluña, la desigualdad de oportunidades en el nivel de estudios es alta. Usando los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida hemos calculado que por el año 2019, solo el 17% de las personas de entre 25 y 59 años que a los 14 años tenían una situación socioeconómica muy vulnerable tenían estudios superiores. En cambio, de entre las personas provenientes de orígenes socioeconómicos acomodados, casi el 80% tiene estudios superiores. Esta desigualdad también tiene una dimensión de género. A pesar de que el acceso femenino en la universidad ha aumentado mucho en las últimas décadas, superando, incluso, la inscripción masculina, lo ha hecho desproporcionadamente entre las mujeres de origen acomodado. De entre aquellas que a los 14 años vivían en una situación económica vulnerable, solo el 15% tiene estudios superiores, la cifra es tres puntos porcentuales más grande en el caso de los hombres.
Las consecuencias de estas barreras de acceso son muy conocidas. Por un lado, si las personas de origen más vulnerable no pueden acceder a la universidad, mientras que las personas de clase más alta sí que lo hacen, la desigualdad continúa creciendo y la movilidad intergeneracional se reduce. Los economistas han estudiado de mil y una maneras el impacto causal de la educación en los salarios e ingresos de las personas trabajadoras. Es por eso que estas barreras de acceso a la universidad impiden a las clases populares obtener mayores salarios y subir al ascensor social. Por otro lado, la idea de que nuestro sistema educativo valora los méritos y no el origen familiar se pone en entredicho, puesto que los datos y la literatura dejan claro que aquellas con más recursos tienen muchas más posibilidades de acceder a la universidad, independientemente de sus méritos.
La incapacidad de acceso a la universidad por parte de la mayoría de las personas de origen vulnerable puede tener varias causas. Parece evidente que una parte del problema es material. Ya sea por el coste que tiene la universidad o por la incapacidad de generar ingresos mientras se estudia. Desde 2014 (los primeros datos disponibles) y hasta 2020, Cataluña ha tenido los precios públicos universitarios más altos del estado español, es por eso que la rebaja de tasas anunciada para el próximo curso, puede ayudar a equiparar los precios y facilitar el acceso. En esta línea, otra política pública que también podría aplicarse de manera sencilla sería la de automatizar la inscripción del alumnado vulnerable a las becas de equidad. Sabemos que en general, y por motivos diversos, las personas de entornos vulnerables no acaban utilizando ciertos beneficios para los que son elegibles si los tienen que pedir formalmente. En cuanto al problema del coste de oportunidad (el dinero que no se ingresa porque se está estudiando y no trabajando) hacen falta otras políticas, como por ejemplo becas-salario, que mitiguen la imposibilidad de generar ingresos mientras se estudia.
Pero el origen de estas barreras de acceso no es solo económico, también existen fricciones de información y carencias en las redes de apoyo informales. Hay evidencia empírica que demuestra que tener ejemplos de personas con estudios universitarios a tu alrededor aumenta la probabilidad de conseguir estudios superiores, ya sea tu hermano o hermana o personas de tu vecindario. Una buena idea podría ser acercar a los institutos más vulnerables estudiantado universitario y profesionales con estudios superiores para explicar su experiencia.
Para trabajar las barreras de información hay proyectos, como el Prometeus, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, que trabajan para conseguir que el máximo número de jóvenes de los barrios más vulnerables de la ciudad accedan a los estudios superiores y los cursen. Políticas como esta tienen que ser evaluadas para implementarse de manera generalizada. Además, la inscripción a la selectividad podría hacerse de manera más automatizada y podría ir acompañada de campañas públicas de comunicación para explicar a los institutos y las familias el proceso de acceso a la universidad, pero también los beneficios de tener unos estudios universitarios, que sabemos que van mucho más allá de los salarios y afectan otros aspectos cruciales de la vida, como por ejemplo la salud.
Finalmente, creemos que sería esencial y probablemente muy efectivo formar el profesorado para poder guiar el alumnado en la transición hacia la educación superior, dar datos sobre la altísima desigualdad de oportunidades de nuestro país y hacerles sensibles a esta problemática. Estudios centrados en otras cuestiones concluyen que generar consciencia entre el profesorado sobre una problemática concreta puede ayudar a mitigarla.
Todas estas propuestas necesitarán también de más inversión en la educación pública, en todas las etapas educativas, para garantizar que todo el alumnado, sea del origen que sea, tenga la red que tenga, llegue preparado a las puertas de la educación superior. Porque para garantizar la igualdad de acceso a los estudios universitarios, con la gratuidad, no será suficiente.
