En una sociedad que se presenta como democrática se espía, en las últimas semanas hemos vivido una representación en tres actos que nos lo ha mostrado. Primer acto, el espionaje de móviles y aparatos informáticos de representantes políticos catalanes y gente cercana por sus actividades independentistas. Segundo, el espionaje de móviles de miembros del gobierno español. Tercero, el espionaje de organizaciones vinculadas a movimientos sociales en Barcelona: el Casal Popular Lina Òdena, Resistim al Gòtic i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. No es una novedad, desde hace décadas conocemos episodios de espionaje que se presentan como necesarios para la defensa de la democracia. Pero este cúmulo de casos en el momento presente debería servirnos, como mínimo para plantear algunos debates que nuestra sociedad no ha abierto. ¿El espionaje tiene razón de estar en una sociedad que se considere democrática? ¿El espionaje es necesario para hacer posible la democracia? En caso de que consideremos que el espionaje es necesario para llegar a vivir en una democracia: ¿quién puede espiar, a quién y cómo?
La publicación por parte de La Directa de una investigación que desvela la existencia de un miembro de la Policía Nacional infiltrado en diferentes organizaciones vinculadas a los movimientos sociales nos ofrece este tercer acto con diferencias significativas con los dos primeros. En el primer acto se hizo público el espionaje de personas que ejercían la representación pública y gente cercana (activistas, amistades, familiares, representados legales…) por sus actividades independentistas. Se vivió con gran indignación por parte de su propio ámbito político, pero también desde algunos otros que solidariamente condenaron el espionaje. Se pidieron explicaciones y responsabilidades. Partidos políticos afectados hicieron notar su presión, negando el apoyo parlamentario, por ejemplo, al gobierno español buscando su respuesta. Hubo algunas reacciones y se nos ha informado que el presidente del gobierno catalán Pere Aragonès, y otras personas, fueron espiadas con autorización judicial. No se ha debatido sobre esta supuesta necesidad de este espionaje ni se han aclarado otros casos que han denunciado seguimiento irregular de los que no sabemos si hubo autorización o no.
En el segundo acto entró en escena la denuncia por parte del Gobierno de España del espionaje del presidente Pedro Sánchez. Pocos días después de la denuncia que llegaba desde Cataluña, se hacía pública la intervención de su teléfono y la de otras personas vinculadas al gobierno. Estas denuncias del espionaje sufrido política y mediáticamente tuvieron gran repercusión. La importancia que determinados ámbitos no dieron a la denuncia de espionaje del primer acto sí que la mereció la del segundo. De estos casos poco sabemos hasta ahora. Parece que el relevo o cese de la directora del CNI se hubiera utilizado como punto y aparte para pasar a otras cosas.
Cuando ya parecía que la atención político-institucional y mediática había pasado de los casos de espionajes llega otro. Este tercer acto, cuando quizás mucha gente ya se ha ido del teatro o no dedica atención a la obra, devuelve los focos a quien acostumbra a sufrir este tipo de espionajes: los movimientos sociales. En el primer acto y en el segundo el espionaje afecta a partidos políticos, incluso con presidentes de gobierno. Cada una de estas presidencias otorga gran gravedad a haber sido espiadas, pero no tanta a que lo haya sido la otra y costará encontrar ningún comentario sobre el espionaje de los movimientos sociales. El espionaje de los movimientos sociales no es noticia, no preocupa a la mayoría de los partidos políticos ni a la mayoría de los medios de información. ¿Por qué?
El espionaje a los movimientos sociales que hemos conocido no necesita ni autorización judicial según se nos ha explicado. Basta con considerar que existe alguna información relevante que se puede conseguir. ¿Quién decide qué es lo suficientemente relevante como para infiltrar a una persona integrante de la policía que se hará pasar por quien no es y accederá a reuniones, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o Telegram, confidencias, amistades…? ¿Quién decide qué es lo suficientemente importante como para vulnerar de este modo los derechos de las personas que sufrirán la infiltración?
Hay casos en los que con autorización judicial puede haber infiltraciones policiales en diferentes tipos de organizaciones, pero se realiza en situaciones muy excepcionales y de delincuencia muy específica (crimen organizado…). ¿Por qué debe permitirse, pues, que un miembro policial se infiltre en un sindicato de estudiantes, una organización vecinal o un casal popular? Aparte del argumento de la tradición, siempre se ha hecho así, ¿qué nos hace pensar que una sociedad que se quiera democrática debería permitir estas vulneraciones de derechos? Si pensáramos en el volumen y la gravedad de delitos cometidos por personas pertenecientes a diferentes tipos de organizaciones, ¿cuáles consideraríamos que deben infiltrarse (en caso de que lo consideremos apropiado)? Si pensamos en los delitos con condena firme que han podido cometer personas pertenecientes al Partido Popular o al Partido Socialista Obrero Español en las últimas décadas y los que hayan podido cometer personas del SEPC, Resistim al Gotic o el Casal Popular Lina Òdena, ¿qué organizaciones deberían infiltrarse (en caso de que lo consideremos apropiado)? ¿Por qué no se infiltra el PP o el PSOE? ¿Por qué se infiltran los movimientos sociales?
Una respuesta tendría que ver con la distinta consideración que tienen unas organizaciones y otras. Esta obra en tres actos, quizá tenga más, nos lo ha mostrado. Hemos visto cómo las reacciones que merecían las diferentes denuncias de espionaje iban cambiando en función de las personas afectadas. Ya fue un escándalo el espionaje con Pegasus del presidente de la Generalitat… ¿Qué pasaría si se conociera la infiltración policial de ERC? O la del PP o la del PSOE… Los movimientos sociales suelen merecer muy poco reconocimiento. Es más fácil ver cómo se les criminaliza que cómo se les reconoce su labor. Ni en los libros de texto, ni en las aulas, se suele reconocer y explicar la función clave que han tenido para hacer frente a dictaduras, opresiones, desigualdades… Sin los movimientos sociales hoy no habría derecho a voto, ni unas mínimas condiciones laborales que aún deben mejorar, ni un feminismo que logra enfrentarse al patriarcado y avanzar contra la opresión, ni una conciencia crecimiento de la emergencia climática que vivimos, ni la reivindicación del derecho a la vivienda…
Hay muchas formas de hacer política desde los movimientos sociales, puede haber prácticas a regular y rechazar, como en todos los ámbitos, pero es inaceptable que puedan ser invisibilizados, menospreciados, criminalizados, o espiados tal y como estamos viendo. Haríamos bien en aprender de las luchas por la democracia que se desarrollan desde los movimientos sociales. Lo tenemos pendiente. Haríamos bien en preguntarnos si alguien puede espiar en nombre de la democracia, a quién y cómo. Este debate también está pendiente.
