Hay cosas que no pueden seguir simplemente el modelo que se aplicó en Catalunya, que era neoliberal y con el que no estamos de acuerdo.
Manuel Castells (Ahora, 16/12/21)
¿Qué sistema tenemos?
El informe El sistema universitario catalán: datos y singularidades, del Observatorio del Sistema Universitario, muestra al mismo tiempo los buenos resultados del sistema y las carencias que presenta, que hacen temer por su futuro y que, en muchos aspectos, le sitúan en las últimas posiciones entre los de las comunidades autónomas.
La universidad catalana destaca muy por encima del resto en cuanto a su producción y productividad en investigación y también en actividades de transferencia a la sociedad. Investigación y transferencia, sin embargo, se realizan en las universidades públicas casi exclusivamente.
En contraste con estos buenos resultados, el nivel de escolarización de la población residente en Cataluña en universidades presenciales es bajo (sólo supera a los de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) y el estudiantado que accede muestra un fuerte sesgo a favor de los sectores con mayor renta y más formación.
La financiación pública de las siete universidades públicas es de las más bajas de España y representa sólo un 0,38% del PIB catalán, por debajo de la media española (0,56%) y lejos del 1,06% de Francia o el 0,92% de Alemania, mientras que los precios públicos de matrícula son todavía ahora, después de varias y notables reducciones, de los más caros de España y de Europa.
El número de grados de las universidades presenciales catalanas es muy alto y crece muy rápidamente, a pesar de la baja escolarización, la migración de la financiación y la escasez de la plantilla de profesorado (la más baja de España en relación con el número de estudiantes ), su envejecimiento y sus tasas de temporalidad (la 2ª más alta de España) y de dedicación a tiempo parcial (1ª más alta).
¿Cómo hemos llegado aquí?
Durante la Gran Recesión, los gobiernos de Artur Mas (2010-2016) emprendieron, antes que nadie y más que muchos, la vía de los recortes en los servicios públicos. De 2011 a 2016 coincidieron con los gobiernos de Rajoy y, en particular, con el mandato del ministro Wert (2011-2015).
Minimizar el peso del sector público, favorecer al privado, mercantilizar
Algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos de Artur Mas, y revertidas sólo parcialmente por los posteriores, encajan en los postulados y objetivos de la ideología neoliberal. Recortar las subvenciones y aumentar los precios de matrícula, sin llegar a compensar los recortes, tiene efectos múltiples: reduce el peso del sector público, dificulta el acceso a las universidades públicas, hace más competitivas a las privadas y mercantiliza la formación superior, tanto por las implicaciones del aumento de precios como porque, con presupuestos estrangulados, las universidades públicas son más vulnerables a las presiones de los mercados.
El Gobierno justificó el aumento de precios como una medida para asegurar la supervivencia de las universidades públicas, víctimas de un recorte drástico y repentino. Pero también argumentó que era una medida a favor de los pobres, ya que éstos no van a la universidad y, por si alguien no podía asumirla, habría descuentos y, en última instancia, créditos a devolver durante la vida laboral, como en los Estados Unidos, donde el endeudamiento estudiantil es un problema de primera magnitud. Porque el neoliberalismo concibe el conocimiento como capital humano, factor de producción, como una inversión personal y no como un bien colectivo.
El bajo nivel de escolarización en universidades presenciales y el sesgo social en el acceso son consecuencia de las carencias del sistema educativo, la falta de becas-salario y de servicios y los elevados precios de matrícula. El sustrato de todo esto es una sociedad con profundas desigualdades y bolsas de pobreza y de marginalidad, como resultado de las políticas aplicadas aquí y en todas partes.
Desregular y que el mercado lo resuelva todo
Gobierno y universidades suelen reclamar una mayor autonomía en la programación de estudios oficiales: agilizar los trámites y sustituir las evaluaciones y los requisitos ex ante por evaluaciones ex post. Ven las leyes como corsés que ahogan la creatividad y no como amparo de derechos.
Así, en 2008 el gobierno Zapatero liberalizó la oferta de títulos oficiales. Ya decidirá el mercado, ex post, cuáles de los estudios creados se mantienen y cuáles desaparecen, damnificando a las personas que los cursan o los han cursado.
Pocos años después, en la inauguración del curso 2013-14, el conseller se exclamaba porqué el sistema universitario catalán tenía 460 puertas de entrada (estudios de grado), pero todas las había autorizado el Govern. Desde entonces el número de grados de las universidades presenciales ha aumentado más de un 20%.
La proliferación y diversificación de grados, sin impacto sobre la demanda total, es fruto de una competencia entre universidades impulsada por la administración. Implica más costes y ha llevado a la existencia de estudios universitarios efímeros o que no dan la formación básica y generalista que deberían dar.
Sí, pero no sólo
En el neoliberalismo pueden convivir el discurso en favor de la desregulación de la economía y el control gubernamental de instituciones y sectores sociales. Pero la incidencia del Govern en el sistema universitario catalán no sólo tiene una raíz neoliberal. Las universidades públicas, en las que la mayoría del profesorado es funcionario, siempre han sido vistas por un determinado nacionalismo como enclaves españoles en la sociedad catalana.
De ahí que potenciar la vía laboral, en perjuicio de la estabilidad en el puesto de trabajo y, por tanto, de la libertad de cátedra, no sea sólo un objetivo neoliberal, sino también una vía para desvincular todo lo posible el sistema universitario catalán del resto del sistema universitario español. El objetivo de “velar por la composición de los tribunales de oposición” –tal y como hacen en Cataluña la Fundación ICREA para la contratación de personal investigador y el Plan Serra i Húnter para la contratación de profesorado universitario– figuraba en un documento estratégico de 1990, de inspiración nacionalista, autoría no asumida por nadie y propuestas muy numerosas y precisas que en gran parte se han llevado a cabo. Otro era el de “promover y facilitar la creación de universidades privadas que nazcan de la sociedad civil catalana”, de resultas del que Cataluña cuenta con cinco universidades privadas, de las cuales tres son confesionales y las otras dos (UOC y UVic- UCC) reciben subvenciones públicas y están gobernadas en última instancia por poderes políticos.
Así pues, ¿tenía razón el ministro?
La universidad que tenemos es el resultado de nuestra historia y, sí, de los efectos de las políticas neoliberales, aplicadas sin demasiadas interrupciones desde hace décadas, pero también de una desconfianza de los gobiernos de la Generalitat hacia el sistema público.
Para asegurar el futuro del sistema debe darse un golpe de timón a la política universitaria para orientarla al bien común, es decir: hacia un acceso a los estudios que sea socialmente equitativo, una docencia y una investigación de calidad al servicio de la ciudadanía, con unas plantillas de personal docente e investigador bien dotadas y con buenas condiciones de trabajo, medios adecuados y una financiación pública suficiente que garantice su evolución futura al servicio del conjunto de la ciudadanía.
Y para que esto sea posible es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación y las universidades no se resignen a ella.
