El tercer encuentro de la Mesa, el primero después de hacerse públicas las informaciones sobre los casos de espionaje que habrían afectado a miembros del gobierno catalán, español, y otras personas participantes del proceso independentista, ha dado como fruto dos documentos en los que se habría estado trabajando discretamente en las semanas anteriores. Llevan por título “Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías” y “Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana”. Ambos muestran un fondo compartido, hay acuerdo para detener la judicialización que durante los últimos años ha afectado a diferentes ámbitos de la vida política y social en Cataluña: personas implicadas en el proceso independentista, el uso del catalán en la escuela…
Se insiste en la superación de la judicialización, la vía judicial debe quedar aparcada en beneficio de la política. Pero quizás sería más apropiado hablar de superar la lawfare, la guerra judicial, más que la judicialización. El choque del proceso independentista con el estado español ha tenido diferentes fases. El 1 de octubre se vivió el choque con la fuerza física de los cuerpos policiales, después vendría el choque con la fuerza judicial. Lejos de gestionar un conflicto, se abrió una guerra que tuvo una fase de fuerza física y posteriormente otra judicial que aún dura. Tanto la fuerza policial como la judicial eran una respuesta a lo que se consideraba un desafío a la soberanía nacional y la unidad del estado. Ante la voluntad política de quien quería proclamar la independencia, la voluntad de quien no lo permitiría. Unas voluntades enfrentadas, en guerra. Una guerra desigual que ha dado lugar a lo que, desde distintos sectores, no necesariamente sólo independentistas, se ha vivido como una represión que parecía tener voluntad de revancha.
El documento del acuerdo para superar la judicialización hace equilibrios (en toda negociación entre posiciones enfrentadas existen) para buscar un posible punto de encuentro en construcción. Hace equilibrios y reconoce dificultades: El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya reconocen las dificultades para acordar la vía óptima para hacer efectiva la desjudicialización. Al mismo tiempo, muestran la necesidad y la voluntad de avanzar en este ámbito a través del impulso y compromiso político de las partes que refuercen la apuesta por el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto político y la profundización de la democracia”.
Ambos gobiernos acuerdan tres principios para avanzar en esta superación de la judicialización o superación de la guerra judicial. El primero es el “refuerzo de los derechos fundamentales, asegurando que las instituciones públicas preservan el interés general y adoptan las máximas garantías, especialmente cuando su actuación pueda tener un efecto sobre los derechos y las libertades o el patrimonio de las personas”. Un punto que parece diseñado especialmente para evitar la persecución por distintas vías de las personas implicadas en el proceso independentista.
El segundo principio afirma que se asume un “compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos. La mejora de las instituciones y de sus procedimientos lleva aparejado el compromiso de las partes de conducir la actividad política e institucional de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos, incluyendo también la eventual mejora de los mismos en base a los procedimientos de reforma establecidos con el objetivo de facilitar la superación de la judicialización y la resolución del conflicto político”. Este segundo punto parece especialmente diseñado para evitar movimientos fuera de la legalidad del gobierno catalán, a la vez que asume la necesidad de repensar y reformar las reglas existentes para poder incorporar malestares y anhelos existentes.
El tercer principio establece la “apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario”. Una declaración de buenas intenciones que establece la voluntad de ambas partes de intentar ganar este conflicto abierto desde el convencimiento y la persuasión.
Estos dos documentos y la misma reunión de la Mesa muestran la voluntad de las partes reunidas para enterrar el hacha de guerra. Que las partes reunidas en la Mesa quieran enterrar el hacha de guerra no significa que querrán hacerlo todas las partes que forman parte de este conflicto. Hay quien quiere el hacha bien alzada a uno y otro lado. Intentar enterrar el hacha de guerra no significa que el conflicto se haya enterrado. Los conflictos no deben enterrarse, es conveniente que estén siempre presentes y que se piense y se trabaje en las posibles vías para resolverlos. Enterrar el hacha de guerra sólo significa que decidimos no resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, por la vía de la guerra (física o judicial)
