El año 2020 todo el mundo decía que todo iría bien, que no dejaríamos a nadie atrás y que saldríamos de toda aquella situación siendo mejores personas. Perdonadme la agrura, pero ni me creía aquella hipocresía infantil entonces ni simpatizo con la amnesia actual de los que promovieron aquel tipo de discurso. El optimismo de rueda de prensa a menudo sólo sirve para eso. Para figurar.
A las puertas de una crisis económica de primer orden, encontramos un escenario de frivolidades múltiples. Las fuerzas conservadoras y liberales promueven un discurso populista, centrado en ofrecer respuestas a la crisis a través de diferentes rebajas fiscales; la misma receta fallida de siempre. Cómo si la crisis de precios o la rotura de la cadena de distribución tuvieran lugar a causa de la alta presión fiscal. Los gobiernos progresistas, por su parte, a menudo se conforman con utilizar una parte de las herramientas a su alcance. A estos últimos les hace falta fuerza y ambición para construir una agenda social robusta y útil para las futuras generaciones.
Mientras tanto, los derechos menguan y los ciudadanos sufren. Para ilustrarlo, les explicaré una historia que bien podría ser real. Imaginen una enfermera de aquellas que se incorporó, en funciones de auxilio sanitario (sic), a la actividad profesional el mes de abril de 2020. Profesionales que se sumaron al servicio público en el peor momento, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares. Una enfermera que, para decirlo claro, perdió la cuenta del número de personas que vio morir en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales durante la segunda oleada de la pandemia de la COVID-19. Un infierno del que huyó, está claro. Como es normal.
De las unidades de cuidados intensivos esta supuesta enfermera aterrizó en la atención primaria. Un centro de proximidad y de alta complejidad, donde el contrato que le ofrecían se renovaría mes a mes. Las vacaciones las tiene que disfrutar en función de sus compañeras más antiguas -que tienen prioridad, está claro-; y además nunca sabe cuál será su último día de trabajo. La precariedad de esta hipotética enfermera se explica fácilmente a través de dos datos muy reales. La primera: entre 2021 y lo que va de 2022 acumula un total de 15 contratos diferentes, una práctica que fuera de la administración pública sería ilegal. La segunda: no puede ponerse de baja a principios de mes; si lo hace, la darían de alta unos días más tarde a la seguridad social. Un fraude que hace pensar en prácticas del siglo XIX.
Esta hipotética precariedad es silenciada por sus propios protagonistas (gestoras de proximidad y trabajadoras) y queda atrapada en los pasillos de los centros de trabajo, por el comprensible miedo a represalias y la voluntad de regularizar la situación en un horizonte temporal razonable.
El precariado que trabaja en el sector público sostiene servicios universales como la salud y la educación mientras los líderes conservadores y liberales hacen demagogia alrededor de la cuestión impositiva. Moreno Bonilla, Ayuso, pero también la derecha catalana, promueven un discurso dirigido a degradar la calidad de la prestación de los servicios públicos y el debilitamiento progresivo de las administraciones públicas. En Cataluña, el impuesto de patrimonio lo pagaron el año 2020 poco más de 80.000 catalanes, un 1,3% de la población. La recaudación correspondiente al año 2020, en Cataluña, representa unos 546,6 millones de euros; que equivaldría a la suma del presupuesto anual de tres Departamentos de la Generalitat: Cultura, Igualdad y Acción Exterior.
El hecho de que casi el 99% de la población esté exento de pagar el impuesto de patrimonio indica quién impulsa este debate: los portavoces políticos del 1% de la sociedad. Tal y como afirmó el periodista Roger Tugas en su cuenta de twitter -por cierto, muy recomendables sus artículos sobre la materia-, debes empezar a preocuparte de pagar este impuesto cuando tienes una fortuna de más de un millón de euros, teniendo en cuenta las diversas exenciones existentes.
En conclusión, si eres de clase trabajadora y sueñas con rebajas fiscales, vigila qué propaganda consumes. Lo más probable es que estas pretendidas medidas de eficacia y eficiencia estén dirigidas, tan solo, a apuntalar los privilegios de los más ricos. Y, de paso, a hacer más sangrante la precariedad de profesoras, sanitarios u otros servidores públicos.
