Hace pocas horas que el President Aragonès ha encargado las responsabilidades de Govern que hasta ayer correspondían a Junts a siete nuevos consellers. Algunos de los perfiles, provenientes de otros espacios políticos, llenarán muchas líneas y minutos de tertulia en los próximos días, pero pocos de ellos se dedicarán a hablar del contenido de las áreas que se les han encomendado y de los retos que tienen por delante .
A Carlos Campuzano, el más progresista de los conservadores y viceversa, hombre de diálogo y bregado en las interioridades de las administraciones, se le ha encargado la dirección de la Conselleria de Derechos Sociales. Hasta hace unas horas, Campuzano lideraba DINCAT, la Federación que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña, agrupando a cerca de 300 entidades y decenas de miles de familias.
Podemos entender, pues, que el nuevo Conseller es un experto en la materia y conoce al dedillo las necesidades del sector de la discapacidad y los reiterados incumplimientos y promesas olvidadas de los últimos años. De hecho, hace apenas tres semanas, el propio Campuzano presentaba un informe en el que denunciaba la “invisibilización” de los discapacitados intelectuales en Cataluña, las inaceptables listas de espera para residencias y que menos de un 10% de los adultos jóvenes con discapacidad logran emanciparse.
79.000 familias con 79.000 historias, a menudo silenciosas y mayoritariamente vividas en soledad, con pocos recursos y con la frustración de no encontrar amparo ni apoyo, a menos que sea el apoyo solidario entre familias que se autoorganizan. La constante batalla contra la burocracia y contra el olvido presupuestario de quienes deben luchar para tener garantizado lo que el resto dispone con naturalidad.
El 1% de los catalanes y catalanas sufre una discapacidad intelectual reconocida (otro día hablaremos de los miles de no reconocimientos que quedan sin abordaje y fuera del sistema), y mientras la Generalitat destina un 8% de su presupuesto a Derechos Sociales, las carencias en plazas de atención residencial siguen incrementándose, con listas de espera que alcanzan ya los dos años. Los CDIAPs, encargados de la atención precoz, ya dieron un grito de alerta, desesperados por el colapso y la saturación del servicio y la imposibilidad de prestar una atención de calidad en las condiciones actuales. Los programas de integración laboral hacen aguas con unos índices de desempleo del 80% y los Centros Ocupacionales y Centros Especiales de Trabajo siguen sin ver mejoras en su financiación que les hagan viables.
Y así podrían escribirse páginas y más páginas sobre los derechos conculcados, sobre los compromisos aguados, sobre las frustraciones añadidas, sobre las vidas robadas a los usuarios ya sus familias, cuidadoras aún más invisibles.
El nuevo Conseller conoce el sufrimiento y las necesidades críticas de la discapacidad catalana. Ahora que se habla de los gobiernos del 52%, del 80%, del 21%… sería el momento de que, por una vez en la vida, alguien se acuerde de ese 1% de la población, vulnerable, empobrecido y menospreciado. Ojalá Campuzano gobierne también para ellos, más allá de la retórica, con presupuestos y recursos. Aquí seguiremos, mientras, esperando soluciones para tener vidas dignas. La discapacidad no puede esperar más.
