El año 2022 pretende ser un punto de inflexión que revierta las consecuencias de una crisis inmobiliaria que ha dejado cientos de edificios a medio construir, visibles quince años después. Además, la Sareb, el conocido como “banco malo” que asumió los activos tóxicos de las entidades financieras y que “no iba a costar ni un euro a los contribuyentes” ha cumplido diez años, sin cumplir con los objetivos fijados. El Gobierno ha tenido que asumir la deuda, obligado por Europa, y después de hacerse con el control, tiene cinco años para conseguir que las entidades privadas retornen el capital. En caso contrario, la devolución recae en el Estado. La factura suma un gasto de 60.000 millones gastados opacos, más 35.000 millones en deuda.
El éxtasis inmobiliario
En los años 2000, el precio de la vivienda subía un 17% anual con una inflación muy baja. Se iniciaban cada año unas 600.000 viviendas nuevas, con récord en el 2006 con 762.540, según el Ministerio de Fomento. Más que las comenzadas en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Las grúas eran lo que hoy son edificios medio terminados.
El crédito barato y fácil para todos hicieron el resto para inflar una burbuja que estallaba en 2008. Durante 2007, del total del crédito, un 60% se concentraba en construcción, compra y venta de vivienda y llegaba al billón de euros, lo que suponía el 100% del PIB: “Todo valía porque todo se financiaba, lo que hoy en día es impensable”, afirma Joaquin Agudo Bautista, promotor afectado por la crisis. La revalorización de la vivienda entre 1997 y 2007 fue del 191% según The Economist, la segunda de la OCDE mientras que la del Reino Unido era del 168% y la de Estados Unidos del 85%.
Sin embargo, mientras aumentaba la construcción se reducía la vivienda protegida. En 1985 se iniciaron 222.310 viviendas y un 64% estaba protegido, diez años más tarde pasaba a ser la mitad, un 33%. En 2006, en pleno auge de construcción, de 760.000 unidades, un 87% eran libres y un ínfimo 13% protegido. Además, el precio del metro cuadrado se disparó un 355%: de 330 euros en 1985 a 2.100 euros en 2008. Las facilidades para que la gente pudiera comprar supusieron que el endeudamiento de las familias pasara del 34% en 1985 además del 125%. La concesión de hipotecas hizo récord en 2007. Se concedieron más de un millón y el saldo hipotecario era equivalente al 100% del PIB. Además, se sustituyó el tipo de interés fijo por la variable y se aumentó el plazo de amortización, con un crédito barato. La construcción se convertía en el motor de la economía nacional entre un clima de euforia.
A partir de 2006 el mercado inmobiliario ya daba síntomas de debilitamiento, con una sobrevaloración de la vivienda desde 2002 advertido por el Banco de España. En junio de 2007 el precio de la vivienda llegó a ser 9,1 veces la renta bruta media de las viviendas. Con la crisis de las hipotecas americanas de baja calidad, conocidas como subprime, la fiesta terminaba. “Pasamos de 300 kilómetros por hora a 0, a un choque contra un muro”, afirma Joaquín Agudo. “Tuve que dejar de construir, porque el banco cerró el grifo y la gente no podía enfrentar la compraventa. El sistema financiero paró y nos frenó en seco a todos”, concluye.
Sareb: una década de pérdidas
En verano de 2012, el exministro de Economía Luis de Guindos afirmaba: “la operación no tendrá ningún coste para los ciudadanos”. Diez años después, la factura en las arcas públicas asciende a los 60.000 millones con un balance de propiedades opaco, ejercicio tras ejercicio con pérdidas y 35.000 millones en deuda que Eurostat obligó a contabilizar como deuda pública al Gobierno durante la pandemia. “La creación de un banco malo, aunque no es la única, fue una de las opciones escogida por muchos países con buenos resultados. La demora en su puesta en marcha y el precio por el que se compraron los activos tóxicos a las entidades explica las pérdidas que ha registrado Sareb”, explica Antonio Garrido, catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona .
El Gobierno de Pedro Sánchez, después de haber sido obligado a asumir la deuda, ha querido terminar con el bloqueo en el que se encontraba la Sareb. La representación pública se realizó mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que el pasado mes de abril conseguía el control efectivo de la Sareb tras formalizar la adquisición de un 4,24% del capital social y lograr una participación del 50,14% de la compañía. Además, se nombró como nuevo presidente a Javier Torres en sustitución de Javier García del Río.
El FROB realizó una oferta a los bancos y aseguradoras para poder adquirir la totalidad de sus acciones a razón de 1 céntimo por cada 39.710 títulos. “El control público, lejos de servir para recuperar una función social, ha sido una vuelta más de rosca para ceder la gestión a fondos buitre como Blackstone y KKR”, lamenta Juanjo Ramón, técnico de comunicación y activista de la PAH. “Una cartera inmobiliaria así debería servir para dar respuesta a la emergencia habitacional que padecemos desde hace una década. Ampliar el parque público de vivienda, dar respuesta a las familias desahuciadas sin alternativa y garantizar el derecho a la vivienda con alquileres sociales a las cientos de familias que están viviendo en pisos propiedad de la Sareb, entre amenazas de desahucios”, añade.
La Generalitat termina con el paisaje de la crisis
La Generalitat quería dar carpetazo a un paisaje de ladrillo con edificios a medio construir tras el estallido de la crisis de 2008. Con el decreto ley 17/2019 el gobierno catalán fija el 2022 como el último año para acabar de construirlos, ya que, en caso contrario tendrán que ser derribados.
El marco legislativo, vigente desde 31 de diciembre de 2019, modifica los plazos y condiciones de las prórrogas de licencias paradas durante la crisis económica. Contempla reactivar las licencias desempleadas desde el 1 de enero de 2008 en caso de que no se pudieran acabar las obras debido a la crisis económica; si la adaptación de las obras ejecutadas a la normativa técnica actual es económicamente inviable y si las obras son conformes al planteamiento urbanístico actual. Por tanto, en caso de que el 31 de diciembre de 2022 no se hayan terminado, el promotor queda obligado a derribar el edificio inacabado, en un máximo de un año y la administración puede ejecutar forzosamente. “De alguna manera u otra se debe dar una solución después de catorce años”, asegura Joaquín Agudo y añade que “como la Sareb no ha sido capaz de solucionarlo, ahora se opta por echarlo abajo” .
