Una pandemia mundial, una guerra en Europa y una inflación desbocada. Son los tres elementos que conforman el cóctel Molotov que ha dejado un agujero en el bolsillo de la ciudadanía, que ve cómo el billete de 50 cada vez le da por menos en el supermercado. Los habitantes de Barcelona, en concreto, han perdido un 7,3% de poder adquisitivo respecto a 2019. Este es un dato que no existe para el conjunto de Cataluña, pero que según los expertos es similar al de Barcelona, décima arriba, décima abajo. La previsión, auguran estos mismos estudiosos, es la de un horizonte lleno de nubes para las economías familiares.
La economía se ha gripado y los datos lo demuestran. Aunque los barceloneses tienen más dinero, un 3% más que en el primer trimestre de 2019, sirven para menos y, de paso, hay una consiguiente pérdida de poder para comprar y ahorrar. Este contraste no ha parado de ensancharse desde 2021, hasta alcanzar niveles récord este segundo trimestre, con 10 puntos de diferencia entre la renta disponible, el dinero, y el poder adquisitivo, que contextualiza los ingresos percibidos, normalmente el salario, con la inflación y muestra la capacidad monetaria real de los hogares.
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“Es un fenómeno que se da en Barcelona, en Cataluña, en España y en Europa . Es la derivada de la situación de inflación general”, resume Àlex Costa, miembro del departamento de análisis de la Oficina Municipal de Datos (OMD) del Ayuntamiento de Barcelona. Este índice de precios de consumo (IPC) disparado al 7,3%, según la cifra avanzada de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), contrasta con un crecimiento casi inexistente de la economía española, en situarse en el 0,2% en el tercer trimestre de 2022, un descenso de 1,3 puntos respecto al trimestre anterior.
El escenario actual es proclive a una estagflación, un fenómeno que la economía española no vive –y sufre– desde la década de los 70 del pasado siglo , durante la crisis del petróleo. Se da cuando el producto interior bruto (PIB) de una economía acumula dos trimestres en negativo y al mismo tiempo se encadenan cifras elevadas de inflación. “Estamos cada vez más cerca de ver esta estaflación”, alerta Costa, quien en el pasado fue director general del INE y subdirector del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
“No tenemos previsiones [de qué puede pasar]”, admite Costa, ante el escenario de incertidumbre actual. “Hay algún organismo, como el Airef [en referencia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal], que ya pronostica un crecimiento nulo de la economía . Con la inflación hay controversia sobre si va a durar más o menos. Yo imagino que la inflación en torno al 10% no será sostenida, pero aunque baje seguirá siendo muy alta y eso afecta especialmente a ciertos grupos sociales”, explica, mientras hace referencia a toda aquella gente con ingresos bajos y que vive de alquiler. Actualmente y hasta el 31 de diciembre, las revisiones al alza de la mensualidad, normalmente ligadas al IPC, están limitadas al 2% por el gobierno español, que no quiso poner freno a las subidas para los nuevos contratos.
“La nueva pobreza es gente que antes daba y ahora recibe [comida]”
Las colas del hambre son una realidad muy presente –y creciente– en Cataluña. Lo constata el Banco de Alimentos que, tras el boom de la pandemia de la Covid-19, vive el peor momento de sus 35 años de historia. “Es dramático”, resume el director de la fundación, Bosco Fonts.
“El Banco de Alimentos ha tenido que reducir este año la entrega de alimentos per cápita que hacemos. Hasta finales de septiembre llevamos un 14% menos de kilos entregados por persona “, explica. “No es que hayan caído las donaciones, que también, sino que la compra de alimentos nos está costando mucho más que el año pasando, las arcas las tenemos vacías. Los huevos nos ha subido un 80%, el aceite más del doble… con el dinero que tenemos compramos menos kilos. Y como tenemos más gente que atender, sufrimos una tormenta perfecta ”, añade. En septiembre han ayudado a 144.000 personas, un 3% más que el pasado diciembre y un 20% más que antes de la pandemia, cuando fueron 120.000 usuarios.
El desconcierto es máximo, admiten. “En vez de bajar [la curva de usuarios atendidos], que es lo que esperábamos, cada vez sube más, ahora se cronifica”, afirma Fonts. ” La nueva pobreza es gente que antes daba y ahora recibe [comida] “, asegura. También hay quien ha tenido que afrontar el paso de pedir socorro para poder tener un plato caliente en casa para no tener que perder el techo en el que vive. En una disyuntiva entre alquiler o comida, hay quien ha elegido por la primera, explican desde el Banco de Alimentos.
La respuesta de los sindicatos: nuevos convenios colectivos (con cláusula de revisión salarial)
Todas las fuentes consultadas por este reportaje miden muy bien las palabras que utilizan para tratar de trazar una solución a la difícil situación económica que se vive. Los sindicatos, como CCOO, apuestan por la negociación con las patronales y la firma de nuevos convenios colectivos que blinden el poder adquisitivo de la clase trabajadora . Esta vez con una mirada más larga, con acuerdos a tres años vista, por ejemplo, conocedores de que la situación actual es muy volátil.
“Estamos reivindicando una mejor subida de los salarios, en el marco de la negociación colectiva, pero es imposible conseguir incrementos del 10% de conseguir en una mesa negociadora”, reconoce Cristina Torre, secretaria de Acció Sindical y Transicions Justes de CCOO . “Planteamos cómo no perder poder adquisitivo, pero sin asumir incrementos del 10%”, explica, mientras pone como ejemplo los nuevos convenios colectivos acordados en el sector siderometalúrgico para las provincias de Tarragona y Barcelona , donde se han acordado incrementos de sueldo en 2022 del 6,4% y del 4,2%, respectivamente.
Ambas cifras quedan por debajo del IPC, pero para evitar la pérdida de poder adquisitivo se han pactado incrementos sustanciales para los próximos dos años y, en caso de hacer corto, existe una cláusula de revisión salarial que ajustará los sueldos para blindar la renta de estos trabajadores, más de 160.000 en la provincia de Barcelona. ” Es muy importante que recuperemos las cláusulas de revisión en los convenios colectivos y que los incrementos salariales estén superiores al 4% “, dice Torre, que cifra en un 25% el total de convenios que disponen de esta herramienta que evita la devaluación progresiva de la economía de la gente trabajadora.
Más allá de las negociaciones entre sindicatos y patronales, las administraciones públicas tienen un papel fundamental a la hora de proteger a la ciudadanía de los embates de las crisis económicas. Ingreso mínimo vital (IMV), renta garantizada de ciudadanía (RGC), creación de vivienda de protección oficial (VPO), bonificación del transporte público… las medidas para desestresar a las economías familiares se cuentan por decenas, pero algunas de ellas tienen fecha de caducidad, como es el caso de la limitación de las subidas del alquiler del 2% en sus actualizaciones anuales. Si el gobierno español no hace nada, esta medida decaerá el 31 de diciembre y, de facto, pueden producirse aumentos anuales en la línea de la evolución positiva del IPC. Esto significa que, si alguien paga un alquiler de 1.000 euros y le aumentan un 10% el precio, de repente tendrá que pagar 100 euros más por vivir en el mismo hogar.
Otras herramientas son insuficientes, como el indicador de renta de suficiencia (IRSC), que lleva 12 años congelado en los 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales, lo que impide a mucha gente que vive en situación de pobreza acceder a ayudas pensadas, teóricamente, para proteger a estos colectivos. Es por ello que la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía ha exigido a los diputados del Parlamento de Cataluña que impulsen una actualización de este baremo y han sugerido que se siga el rumbo del gobierno español, que vía decreto aprobó en junio una subida transitoria del 15% del IMV como medida para contrarrestar los efectos de la inflación.
Los presupuestos también son un muro de contención frente a las malas previsiones económicas. Es por eso que los agentes sociales están muy pendientes de lo que pueda ocurrir tanto con las cuentas del Estado como las de la Generalitat. Los primeros han superado la fase de enmiendas a la totalidad y ahora se sumergen en la negociación con las diferentes formaciones para realizar modificaciones, con el objetivo de reunir el consenso mayoritario del Congreso de los Diputados. Los segundos, los catalanes, se encuentran en un punto muerto, tras la ruptura del gobierno de coalición formado entre ERC y Junts. Por eso están arriba 3.098 millones aprobados en el techo de gasto financiero para las cuentas del próximo año que, en caso de no disponer de presupuestos actualizados, se perderían, ya que la Generalitat debería hacer con las cuentas aprobadas en el año 2022 y, por tanto, con menos margen de maniobra para hacer frente a los retos que se aproximan.
“Sería imperdonable que nuestros políticos no llegaran a ponerse de acuerdo. Es tan elemental… es como ir al supermercado: están aumentando los precios, pasan mil cosas y planificas un poco. Esto son los presupuestos de la Generalitat, somos una familia, un país, y si no hay una previsión en un momento tan singular como el que estamos viviendo, estamos vendidos ”, afirma Montserrat Guillén, catedrática de Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona ( UB). “Estamos en el siglo XXI, debemos saber gestionar”, pide.
Artículo original de La Fàbrica Digital
